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“No hay justificación para solicitar una Ley Habilitante”

NNOTA DE PRENSA

Caracas, 16 de Septiembre de 2013. El Observatorio Económico Legislativo de CEDICE-Libertad, realizó la Mesa de Análisis “Impacto de las Leyes Habilitantes en el Estado Derecho, Instituciones y Corrupción ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden?, en donde los expertos José Vicente Haro, Giuseppe Graterol  y Juan Guaidó coincidieron en que dado el contexto legislativo vigente en torno a la corrupción, no existe ningún motivo que justifique la  solicitud de una nueva Ley habilitante. Señalaron que la potestad de legislar en Venezuela constitucionalmente corresponde al Parlamento, y es allí donde debe darse el debate para nuevas leyes. Solamente por vía excepcional y bajo los parámetros de la misma Constitución podrá aprobarse una Ley Habilitante, que traslade esa potestad al Ejecutivo.

En su exposición, José Vicente Haro, Abogado y Profesor, Especialista en Derecho Constitucional, resaltó que la aprobación de la Ley Habilitante debe ajustarse a lo señalado en el artículo 203 constitucional, es decir debe contar con el voto favorable de las tres quintas partes de los diputados INTEGRANTES de la Asamblea Nacional (AN), enfatizó en la palabra integrantes, puesto que la normativa así lo estipula (mayoría calificada de los integrantes), y eso lleva a que necesariamente se requiere el voto favorable de 99 diputados. Cualquier otro artificio resultará inconstitucional.

La solicitud de habilitación debe darse en un contexto extraordinario que lo justifique y  para eso es necesario que el Poder Ejecutivo solicite esa habilitación administrativa, exponga ante la AN las razones y motivos contundentes por las cuales la solicita. Por su parte la AN  tiene la potestad de valorar las razones constitucionales e institucionales para verificar que en efecto ameritan dicha Ley Habilitante. El proyecto presentado por el Ejecutivo puede ser aceptado, rechazado, modificado por la mayoría calificada según articulo 203.

Un tema importante destacado por el especialista José Vicente Haro, tiene que ver con que desde el punto de vista estrictamente constitucional, no se puede otorgar una Habilitación al Ejecutivo para modificar leyes penales, aumentar sanciones privativas de libertad o similares, pues éstas resultan de reserva constitucional para la Asamblea Nacional y según lo que ha asomado el Ejecutivo es lo que harían para combatir la corrupción. Grave resulta también lo dicho por el Presidente de la Republica sobre la posibilidad de que a través de Ley Habilitante se puedan crear jueces sin rostro; hecho absolutamente inconstitucional, pues lesiona las garantías constitucionales de la administración de justicia, como son el derecho al debido proceso incluyendo el Derecho Natural a un juez ordinario predeterminado por la Ley, es decir que el juez sea imparcial, y ello se logra conociendo la identidad del juez en materia anticorrupción.

Considera el abogado Haro, que detrás del tema Habilitante el cual tiene como justificación la corrupción hay dos temas más importantes: seguir en la construcción de Estado Comunal, rechazado por la reforma constitucional y hacer reformas en materia económica, pues no es casualidad simultáneamente que el Ministro de Finanzas señale necesidad de hacer cambios en la legislación cambiaria.

El abogado Giusseppe Graterol, señaló que la aparente “legalidad del régimen” se ha construido con base a Leyes Habilitantes, en total cuatro:

1999 con una duración de 6 meses se dictaron 50 leyes

2000 con una duración de 12 meses se dictaron 51 leyes

2007 con una duración de 18 meses se dictaron 63 leyes

2010 con una duración de 18 meses se dictaron 54 leyes

Todas esas leyes construyen el aparataje institucional que cercena cada más las libertades y facturan las instituciones constitucionalmente establecidas, lo cual debilita el sistema político y económico. Recordó que la última habilitante se produjo a propósito del cambio de fuerza en el Parlamento.

El Dr. Graterol, señaló que la Ley Habilitante expresa un principio monárquico, que procura otorgarle más poder  para darle fuerza al Ejecutivo Nacional, este es un poder antidemocrático, pues la democracia exige deliberación, discusión y contraloría, y esto sólo en el parlamento (Asamblea Nacional), donde estamos todos representados.  Las leyes que se crean a través de Habilitantes, se generan a través de principios oscuros, poco transparentes, que pocos conocen.

Finalmente el Diputado, Juan Guaido, señaló que además de la evidente intención de avanzar en el estado comunal, hay una intención totalitaria y de persecución política. Desde su punto de vista se dice que se quiere evitar la corrupción pero se no nombra contralor. Entonces hoy, para luchar contra la corrupción, no se nombra contralor pero se suprimen poderes legislativos y se le concentran a una persona, semejante contradicción pareciera absurda.

Se refirió a las consideraciones políticas alrededor de la aprobación de la Ley Habilitante, enfatizando que con la misma no se beneficia la producción, ni se combate la escasez. Considera que la excusa es la corrupción, pero es esa misma corrupción creada por el régimen actual, entonces pareciera que no tiene sentido.  Su principal conclusión es que por lo menos en los próximos 3 meses no va a haber Ley Habilitante por la vía del diputado 99.

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