Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
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será cambiando las ideas" - Friedrich Hayek
"Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas" - Milton Friedman
Gasto Público. Víctor Maldonado

El gasto público debe ser la expresión del consenso social sobre cuáles deberían ser las áreas a ser abordadas desde lo público, cómo se entiende el interés general, qué es lo que saben hacer bien los gobiernos y aquellos ámbitos en los que definitivamente no tiene ningún sentido el abordaje burocrático.

Hagamos un intento. Un buen gobierno debería tener “cobertura limitada” a aquellos aspectos que tienen que ver con “el monopolio de la violencia legítima”: seguridad y justicia. Que la gente pueda “sobrevivir” a la tentación perenne del daño recíproco. Que hayas reglas racionales sobre lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer. Y que el Estado tenga capacidad para imponer las normas con criterios universales, y castigar a los que las violen o las tergiversen.

En segundo lugar los gobiernos tienen que garantizar iguales oportunidades en el punto de partida de las capacidades de realización del ser humano. Educación de calidad, salubridad y salud, obras públicas sanitarias y promoción de una red de servicios públicos creciente y eficaz. Aquí no es necesario el monopolio pero si la concurrencia con el sector privado para la maximización de las oportunidades de los ciudadanos.

En tercer lugar los gobiernos tienen que trabajar para la actualización de los consensos sociales, garantizando el debate pluralista, la vigencia de las instituciones, el reconocimiento de las expresiones de la sociedad civil y la fortaleza de la idea de la república democrática. Los buenos gobiernos invierten en cohesión social.

Finalmente, los buenos gobiernos no acaparan actividades y sectores productivos para volverlos dependientes de un presupuesto deficitario, sino que se repliegan detrás de buenas reglas del juego para mantener al alza la confianza de los inversionistas mediante el respeto a los derechos de propiedad, el estímulo a la libertad de comercio, la práctica del libre emprendimiento, la innovación y el desarrollo de tecnologías rentables.

Pero el caso venezolano no calza en este esquema. La distorsión de la renta petrolera y la atribución estatal de su distribución sin control social hace que el gobierno no se ciña a ningún presupuesto, no conciba límites, ni tenga prioridades claras, consistentes y estables. El gobierno no maneja un presupuesto sino varios, que son modificados de acuerdo con los intereses coyunturales de la política, siempre en el marco del plan de la patria y el tránsito que ordena hacia el socialismo. Para el régimen lo esencial es la trama política y lo accesorio es el gasto público, que luce desproporcionado, deficitario e ineficaz.

La capacidad de disposición estatal de la renta petrolera se ha convertido en un mito. El 58,86% del presupuesto nacional –uno de los indicadores del gasto- proviene de ingresos no petroleros, los impuestos cobrados a los privados. Ello debería ser el principal argumento para negociar con la sociedad el curso del país, pero no es así. El gobierno se muestra arrogante, autoritario y unilateral, manteniendo una nómina de empleados públicos que es el equivalente al 18,5% de la P.E.A. total y el 31,28% de la P.E.A. formal, que en su conjunto integran una inmensa maquinaria de populismo sectario, refractaria a los controles, maltratada por la mala gerencia, pero muy dependiente de la cuotaparte de la renta que captan vía salario.
El gobierno gasta poco en lo que es de su incumbencia y dilapida recursos en áreas que no sabe manejar. Cientos de empresas públicas están quebradas. Otras tantas están operando por debajo de los estándares mínimos de productividad. Miles de proyectos se han quedado a medio camino, como expresión de una inmensa maraña de corrupción, y en áreas tales como producción y distribución de alimentos, la gestión luce desoladora. Pero en todos esos intentos se invierten muchos recursos que bajo otro enfoque lucirían liberados para mejorar la competitividad nacional, o asegurar la sostenibilidad del país en el largo plazo.

Solamente el 35,46% del presupuesto se invierte en educación (12,54%), seguridad social (12,24%), salud (7,49%), vivienda (0,76%), policía y seguridad ciudadana (0,53%) y justicia (1,90%). Esto indica que el gasto público está completamente desenfocado, y que los problemas actuales tienen como origen una falacia conceptual llamado “socialismo del siglo XXI” que además de inviable es imposible de financiar. Absurdo es que el gasto militar sea 9,21 veces más grande que el que se dedica a Seguridad Interna y Orden Público. O que el “Situado Constitucional” que descentraliza los recursos entre gobernaciones y municipios, solamente sea el 19% del total.

Un presupuesto “sin límites” es el verdadero causante de la inflación. El régimen hizo las reformas legales necesarias para poderse financiar en bolívares sin tener que pedir permiso o pasar por ningún control. Es así como cada alocución presidencial significa una muy buena oportunidad para engrosar los gastos sin preguntarse cómo se van a financiar. El proyecto de presupuesto 2014 tenía unas necesidades de financiamiento equivalentes al 20,40% del total, pero ya sabemos que en el camino esa cifra debe haberse incrementado en medio de la ocurrencia y el desorden que hemos descrito. Por ejemplo, PDVSA le debe al BCV unos 475 mil millones de bolívares (nada más y nada menos que el equivalente al 86% del presupuesto nacional 2014). Esa inmensa liquidez, que crece todos los días es la verdadera razón de una inflación que no para, pero que ahora se oculta. Un buen gobierno solamente gastaría aquellos recursos que puede racionalmente financiar, y por eso es que ellos dedican tanto tiempo a establecer y consensuar las prioridades.

Gastar mucho no significa resolver mucho. En el caso venezolano ocurre una relación inversamente proporcional. A más gasto público menos eficiencia y mayor ocurrencia de problemas. Se comporta como “río crecido” que arrasa con todo. Con el socialismo del siglo XXI, el gasto público se impone y se presenta como un cerco al sistema de mercado y un acoso al ánimo emprendedor. El régimen que quiere monopolizarlo todo, los servicios, la producción de bienes y la distribución de los productos, termina por ser ineficaz y hacer ineficaz a la empresa privada, convertida en un bonsay que sobrevive muy difícilmente a las continuas podas de su autonomía.

Por eso mismo hay que intentar lo contrario. Un gobierno modesto, concentrado en lo suyo, y dispuesto a ver con buenos ojos que todo lo demás lo haga el sector privado. En el siglo XXI resulta muy difícil continuar defendiendo que haya espacios o sectores “estratégicos y por lo tanto reservados al monopolio del Estado”. Esas afirmaciones lucen anacrónicas y fatalmente interesadas, creadoras de inmensas fortunas particulares y fomentadoras de épocas de pobreza. Lo que deberíamos hacer es darle un chance a la libertad y confiar en que las viejas y sabias instituciones de Occidente, la propiedad privada, el mercado y la libertad, se confabulen a favor de la generación de riqueza y oportunidades para todos.

VÍCTOR MALDONADO C.
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