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Gobierno desconoce propiedad de la tierra a habitantes de barrios

Advierten que los comités de tierra tendrán la potestad de decidir quiénes son los dueños de las viviendas. Serán de utilidad pública los terrenos ociosos en asentamientos urbanos. El proyecto de ley priva a los habitantes de los barrios de ser propietarios de las tierras sobre las cuales construyeron sus viviendas

Katiuska Hernández

El Ejecutivo se prepara para introducir otra ley en la Asamblea Nacional que le permita expropiar edificios desocupados y obras paralizadas para adjudicar de emergencia viviendas a personas damnificadas o que viven en zonas de alto riesgo. Sin embargo, en el Parlamento ya existe el proyecto de reforma de la Ley de la Tenencia y Regularización de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares, aprobado en segunda discusión.

Según el Observatorio Económico Legislativo de Cedice, ese instrumento legal niega la propiedad de la tierra, pues el Gobierno sólo avala la entrega de títulos de permanencia. “Se impone la negativa del Estado a reconocer a los habitantes de los barrios la condición de propietarios de las tierras sobre las que construyeron sus viviendas, al establecer sólo la posibilidad de dar títulos de permanencia (similares a las adjudicaciones en materia agraria), que podrían ser revocables de manera unilateral por la administración, y no títulos de propiedad”, señala el informe de Cedice elaborado por Luis Alfonso Herrera.

El documento indica que uno de los efectos negativos de esta ley es que al negar la propiedad, se limita la posibilidad de desarrollar en esos asentamientos proyectos económicos para mejorar las condiciones de vida de la población, porque nadie podrá invertir, vender o comprar en esas zonas si no se reconoce la propiedad privada.

De acuerdo con el documento de Cedice, con la reforma se pretenden agregar los lineamientos socialistas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, y planteamientos de la reforma constitucional rechazados el 2 de diciembre de 2007. La exposición de motivos de la reforma que está en la Asamblea refiere que la ley se basa en el quinto eje estratégico que define la “nueva geopolítica nacional” y se propone darle fuerza al Estado comunal.

Poderes comunales En esta ley se le da poder a los comités de tierra para decidir quiénes son los dueños de viviendas y terrenos en asentamientos urbanos populares, dice el informe.

“De una forma inconstitucional se le da poderes (potestades públicas) a los comités de tierras urbanas para que decidan, en lugar de los registros y los tribunales, quiénes son propietarios de qué en los barrios, y consoliden, también en este sector, la propiedad social por sobre la propiedad privada”, expresa Herrera.

El investigador del centro aclara que aunque en el artículo 59 de este proyecto de ley se habla de la regularización de la propiedad privada, al ser otorgada por el comité de tierras y no por un tribunal o un registro público, este reconocimiento es susceptible de nulidad y por lo demás inconstitucional.

“No se otorga un título de propiedad, sino un certificado de posesión, y de forma colectiva o familiar, siendo improbable que lo hagan en forma individual”, agrega.

En este proyecto el Estado podrá declarar de utilidad pública e interés social todos los asentamientos urbanos populares y en caso de expropiación, se corre el riesgo de que no se garantice el pago justo, ni la indemnización. También alerta que los comités de tierras podrán ocupar terrenos urbanos cuando consideren que están siendo mal usados, lo cual vulnera los derechos de propiedad.

Los comités podrán levantar registros de la propiedad y la posesión, censos, ejecutar decisiones, adoptar medidas, dictar planes, efectuar rescates y ocupaciones de tierras urbanas en asentamientos populares (barrios) que serán de obligatoria observancia para los demás vecinos que no formen parte de esos comités, como si se tratara de un organismo de la administración pública nacional, según el proyecto de ley.

EL NACIONAL – Miércoles 20 de Octubre de 2010