Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
"...La única forma de cambiar el curso de la sociedad
será cambiando las ideas" - Friedrich Hayek
"Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas" - Milton Friedman
Gobierno y vivienda

05/07/09

Por: Domingo Fontiveros

Esta medida para la actividad que venía en ascenso representa un abrupto freno

El gobierno dictó hace poco nuevas regulaciones con alta incidencia en el mercado de viviendas. Se prohibió el cobro de cuotas, alícuotas, porcentajes y/o sumas adicionales de dinero, basados en la aplicación del índice de precios al consumidor, o cualquier otro método de corrección monetaria o ajuste por inflación, en los contratos para la adquisición de viviendas por construirse, en construcción o ya construidas, suscritos o por suscribirse por los sujetos comprendidos en el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Y se estableció que los constructores o promotores deberán indicar la fecha cierta de culminación de la obra, cuyo incumplimiento acarrea severas consecuencias.

Cabría esperar que las intervenciones del gobierno en esta materia tuvieran como objetivo plausible reducir el déficit habitacional en el país mediante estímulos y apoyos tanto a constructores como a compradores. Pero esta medida, para la actividad, que venía en ascenso, representa un abrupto freno.

Los beneficiarios inmediatos se reducen a los compradores de inmuebles que no fueron entregados en la fecha pactada, y pagaron o tienen pactado pagar una cuota objeto de corrección monetaria, con posterioridad al 7 de noviembre de 2008, los cuales en número son pocos en comparación con los que aspiran comprar en un futuro.

En contraste, para el conjunto del mercado de estos inmuebles, la medida es contraproducente. Una primera implicación es que reduce el tamaño del mercado, ya que el número de personas que pueden pagar una inicial fraccionada supera al de las que pueden pagar una inicial completa, y es evidente que de ahora en adelante los vendedores, al no poder fraccionar la inicial como se venía haciendo, incluyendo el efecto de la inflación sobre los costos, tendrán que exigir el pago íntegro de la inicial, con el agravante de que ésta va a incluir el estimado de la inflación “futura”, por lo cual será más costosa.

Una segunda implicación es la reducción del mercado de oferentes. El uso de la corrección monetaria ha constituido un mecanismo de financiamiento para la construcción, que al quedar ahora prohibido, va a repercutir negativamente en el ritmo de construcción futura. El compromiso de una fecha cierta de entrega luce lógico, pero es no obstante un exceso para una economía que funciona bajo controles estatales sobre divisas y la oferta de cemento y cabillas, para mencionar apenas dos casos, que colocan en manos de la burocracia estatal el ritmo de disponibilidad de insumos y materias primas. Si el “efecto Cadivi” que demora sin aviso la asignación de divisas sirve de ejemplo, a los constructores no les queda más remedio que ofrecer fechas de entrega bien distantes que cubran el riesgo de falta de materiales que escapen de su control. Por ambas razones, la actividad constructora privada va a sufrir en lo futuro.

Al no tomar en cuenta el análisis costo/beneficio desde el punto de vista de la colectividad, esta medida contribuye sin atenuantes a inflar el déficit acumulado de viviendas, que bordea los dos millones de unidades. Si los costos superan a los efectos positivos, la política pública resta y no suma al interés general. Y lo más terrible es que el grueso de las viviendas que se venían construyendo, forman parte de la actividad privada.

dfontiveros@cantv.net