Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
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¿Guerra económica? Legislar mediante decretos-ley. Andrea Rondón

En un Estado de Derecho existen mecanismos para limitar el ejercicio del poder y para respetar y garantizar los derechos y libertades de los individuos. Las Leyes se erigen como los instrumentos idóneos para lograr ambos objetivos.

Pero debemos tener muy presente la definición de Ley en un Estado de Derecho. Es así como la Ley, en sentido estricto, se limitará a proporcionar al individuo información fundamental para llevar a cabo su acción y la probable reacción que se espera del resto del grupo frente a dicha acción. La Ley está dirigida a garantizar las condiciones necesarias para que todos tengan igualdad de oportunidades para ejercer sus derechos; es la que permite el ejercicio de derechos y libertades.

¿Nuestro ordenamiento jurídico actual reviste estas características? Podemos afirmar que no.

En los últimos días se ha dictado un número considerable de decretos ley en materia económica que lejos de representar una garantía para el ejercicio de los derechos de los particulares, supone mayores cargas y obligaciones. Esto no es ninguna novedad. Basta con ver las estadísticas de los últimos años: con la Ley Habilitante de 1999 se dictaron 50 decretos ley; en 2000 se dictaron 51 decretos ley; en 2007 se dictaron 63 decretos ley y en 2010 se dictaron 54 decretos ley (Ver Proyecto de Ley Habilitante) ¿Instrumento para lucha de corrupción? ¿o mayor represión a las libertades económicas? Documento  Promoción del Dialogo Democrático a través del Análisis Legislativo Económico. CEDICE-CIPE Octubre 2013. Consultado en www.cedice.org.ve).

Revisando rápidamente la lista de decretos ley vemos como la mayoría de ellos afectan directamente materias económicas como es el caso de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial, Ley de Atención al Sector Agrario, Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares a éstas, Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, Ley del Sistema Nacional Integral Agroalimentario, Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, Ley de Reforma de la Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, Ley Antimonopolio, Ley de Inversiones Extranjeras, etc. Otros decretos ley afectan de forma indirecta las actividades económicas de diversos sectores como es el caso del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado.

Aunque no hemos tenido acceso a la mayoría de esos decretos ley porque aunque han sido anunciados en la Gaceta Oficial no han sido publicados (otro de los vicios de esta forma  legislar ), si consideramos las experiencias anteriores, podemos temer que se seguirá socavando el sistema económico constitucional; vulnerando la libertad económica y la propiedad privada; profundizando el Poder Comunal y ampliando las potestades de los organismos públicos en materia de aduanas, precios y control de cambio.

Todo lo anterior es contrario a la noción de Estado de Derecho que expusimos en los primeros párrafos de este artículo, lo cual no es poca cosa, porque ello se traducirá necesariamente en efectos adversos para el venezolano de a pie y porque los problemas de estas desacertadas medidas no discriminan y afectan de manera generalizada.

Frente a este panorama, no nos queda nada más que decir que efectivamente existe una guerra económica y en la que cada día pierde el Estado de Derecho y con ello nosotros, los ciudadanos.

ANDREA RONDÓN GARCÍA | NOTITARDE
*Doctora en Derecho de la UCV. Profesora de la UCAB. Miembro Comité Académico de CEDICE Libertad
TRINCHERA LIBERAL