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Habilitantes: sin análisis costo-beneficio. Alicia Sepúlveda

Se requieren leyes (pocas) claras, cónsonas con la Constitución, no “paquetes” desaforados…
El pasado 17 de junio venció la cuarta Ley Habilitante, otorgada al Ejecutivo Nacional en diciembre de 2010. Con esta habilitación el Gobierno suma 54 meses, cuatro años y medio, ejerciendo funciones que competen al Poder Legislativo. En ese período redactó solo leyes a favor de un modelo ideológico y económico que ha fracasado en todo el mundo.

Más allá de la cuestionable forma como fue aprobada en su oportunidad la Ley Habilitante (la Asamblea Nacional estaba por cesar sus funciones), lo que debe analizarse y estudiarse es que ante el Tribunal Supremo de Justicia hubo varias demandas de nulidad de diversos instrumentos jurídicos aprobados en el marco de esa ley, sin que ninguna de ellas tuviera respuesta. El TSJ se convirtió en cómplice de la inconstitucionalidad de esas leyes. Esto debería ser motivo suficiente para considerar todos los decretos-leyes promulgados, nulos de toda nulidad, como dicen los abogados. Sin embargo allí están, cual espada de Damocles, pendiendo sobre quienes osen contravenir al régimen.

Con los 54 decretos-leyes de esta habilitante se llega a 228 instrumentos aprobados por esa vía, casi clandestina, que no siguen los procedimientos de consulta pública establecidos en la Constitución. Su objetivo fundamental apunta a lesionar la propiedad privada y la participación ciudadana en los asuntos públicos, y a confiscar los derechos individuales y la libertad.

No debe pasar desapercibida la Gaceta Oficial que recoge el paquete legislativo. Como de costumbre, la Gaceta fue publicada el último día de habilitación. Lo mismo ocurrió con los: 49 decretos-leyes del 13 de noviembre de 2001; los 26 decretos-leyes del 31 de julio de 2008; y ahora con los 14 decretos-leyes del 15 de junio de 2012. ¿Cómo se puede hacer un análisis costo-beneficio para garantizar que las leyes generen mejoras a la sociedad, si son conocidas en bloque al ser publicadas en Gaceta cuando ya han entrado en vigencia? El resultado: leyes costosas que dan mayor poder al Gobierno.

De la revisión de los últimos decretos-leyes aprobados, puede apreciarse que solo tres se relacionan directamente con la atención a los venezolanos afectados por las lluvias de finales de 2010. Estas son: la Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda, la Ley Orgánica de Creación del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción (ambas orgánicas) y la Ley Especial de Refugios Dignos para Proteger a la Población. Su impacto está aún por demostrarse. El conjunto de las leyes parten del supuesto de que es la intervención directa del Gobierno lo que garantiza el bienestar de los sectores más desfavorecidos.

Se crearon nuevas superintendencias como la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y la Superintendencia de Bienes Públicos, cuyas atribuciones y competencias resultan excesivamente discrecionales, pues actúan directamente en la operación de las empresas y convierten la propiedad privada en una especie de concesión que da el Estado a las empresas y a los ciudadanos.

Se constituyeron fondos especiales (agrícolas, edificaciones penitenciarias, prestaciones sociales, ahorro popular), los cuales -dada la redacción de los decretos-leyes- podrán ser igualmente manejados discrecionalmente por el Gobierno, pues no parecieran contar con mecanismos transparentes de rendición de cuentas, dejando la interpretación al criterio del funcionario público responsable.

Dos decretos-leyes publicados el último día de la habilitación son: la Ley Orgánica de Bienes Públicos y la Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles. En ellos se desconocen importantes mecanismos de mercado como la fijación libre del precio y la posibilidad de que los ciudadanos puedan dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia.

Este “paquetazo” de decretos-leyes constituye el más fehaciente ejemplo de la falta de eficiencia del régimen al momento de legislar. Se atiende la emergencia mediante la aprobación de leyes elaboradas sin un riguroso análisis y sancionadas en función de los intereses del Presidente y su agenda, no en pro de la sociedad.

Para solucionar los problemas del país, se requieren leyes (pocas) claras, sencillas, cónsonas con la Constitución, no “paquetes” desaforados e inconstitucionales que, lamentablemente, llenan los expedientes de injusticia e imponen por la práctica legislativa el interés particular del Gobierno, a costa del bienestar social y la eficiencia económica.

cedice@cedice.org.ve

@cedice

ALICIA SEPÚLVEDA | EL UNIVERSAL
lunes 16 de julio de 2012 12:00 AM