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La democracia inhabilitada

El Universal 11/08/08

Por: Trino Márquez

Se quebrantan principios democráticos y le dan un nuevo giro al proyecto autoritario

Las inhabilitaciones aplicadas por el contralor general de la República, Clodosvaldo Russián, y confirmadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo del Justicia (TSJ), contra los dirigentes políticos que aspiran a cargos de representación popular en los comicios del próximo 23 de noviembre, es una violación de la Constitución y un ataque a los derechos humanos. Esa transgresión se lleva acabo tanto contra la libertad de las personas inhabilitadas, como contra el libre albedrío de los electores de los estados y municipios en los cuales los líderes sancionados desean presentar sus nombres para que los ciudadanos puedan seleccionarlos.

En el caso de los líderes castigados, se les está negando un derecho político consagrado en la Carta Magna, sin que ningún tribunal de la República haya emitido una sentencia condenatoria firme y, en muchos casos, sin que los propios acusados sepan cuál es el delito específico que se les imputa, ni hayan podido defenderse frente a tales señalamientos. Este tipo de prácticas dirigidas a liquidar adversarios políticos a través de procedimientos seudo legales y arbitrarios, sólo se observan en regímenes autoritarios y en dictaduras totalitarias que irrespetan la autonomía del Poder Judicial y que se valen de disposiciones caprichosas para atentar contra el Estado de Derecho. Esos procedimientos son comunes en Irán, donde impera una teocracia fanática y excluyente; en Cuba y en Corea del Norte, sometidas por tiranías comunistas herméticas; y en Bielorusia y Rusia, naciones en las cuales se han implantado “democracias autoritarias”, según la expresión que se ha puesto de moda en la ciencia política.

Por desmanes

En Venezuela, luego de 1958, las inhabilitaciones sólo se aplicaron contra los miembros del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), dos partidos que se colocaron al margen de la Constitución de 1961, pues atentaron contra el sistema democrático por la vía violenta y se alinearon con la línea de la lucha armada preconizada por Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara. Esas agrupaciones se alzaron en armas, organizaron las sublevaciones conocidas como “El Carupanazo” y “El Porteñazo”, secuestraron barcos y montaron guerrillas. Es decir, cometieron desmanes que el ordenamiento jurídico no podía tolerar. Sin embargo, pasado el período crítico, el sistema político les tendió un puente que permitió su inclusión de nuevo. La filosofía que inspiró la “pacificación” de los rebeldes favoreció al actual mandatario: de golpista pasó a convertirse en presidente de la República.

Por el lado de los electores, las inhabilitaciones configuran un ataque al derecho que tienen todos los ciudadanos de elegir libremente a sus autoridades públicas. La elección directa de gobernadores y alcaldes, al igual que la elección nominal por circuitos electorales de los diputados de los consejos legislativos regionales, representan una conquista de la sociedad democrática alcanzada hace dos décadas. La elección directa, universal y secreta de las autoridades y legisladores regionales, se obtuvo luego de una intensa presión de la provincia sobre quienes controlaban el poder central. En ese forcejeo participaron los grupos más activos y prestigiosos del interior del país. Contra esa victoria conspira la decisión del contralor y el TSJ. Los ciudadanos de muchas entidades federales se están viendo impedidos de votar por los aspirantes a quienes consideran más aptos, y que no han cometido ningún hecho punible sancionado por un tribunal de la nación.

Giro totalitario

Las inhabilitaciones quebrantan principios democráticos esenciales, y le dan un nuevo giro al proyecto autoritario y hegemónico que, en medio de enormes resistencias por parte de amplios sectores nacionales, el Gobierno intenta imponer desde 1999. Además, es un acto cobarde de quienes detentan el poder, pues prevalidos de su control de las instituciones modifican arbitrariamente las reglas del juego electoral, para colocar todas las condiciones a su favor.

El abuso lo cometen invocando la lucha sin cuartel contra la corrupción y el adecentamiento de la administración pública. Rústica cortina de humo que no puede ocultar la complicidad de esas mismas instituciones con el saqueo que altos funcionarios del régimen perpetran contra el erario público.

La inhabilitación debilita la democracia. El rescate pleno de la institucionalidad es una de las tareas más urgentes que tenemos por delante quienes creemos en la libertad.

cedice@cedice.org.ve