Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
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La dulce mentira del acaparamiento. Andrés F. Guevara B.

El denominado “acaparamiento” constituye una de las excusas preferidas del planificador para justificar su intervención. Argumenta el burócrata de turno que el empresario -siempre el malo de la película- conspira para atentar contra los intereses y necesidades de la población. 

La lógica del gobierno parece ser la siguiente: el empresario, consciente de la escasez de determinados productos, decide obstaculizar su venta con el objeto de disminuir aún más su oferta para luego transarlos en el mercado por un precio exorbitante que la ciudadanía desesperada se verá obligada a pagar. Resultado: el empresario usurero se enriquece vilmente a costa del sudor del pueblo.

El argumento gubernamental tiene una cantidad importante de seguidores. Incluso factores de oposición a la administración actual se han manifestado de forma favorable ante los controles económicos. Muestra de ello es el apoyo al proyecto de ley que regula la compra y venta de vehículos.

No compartimos dichos argumentos sobre el “acaparamiento”. Por el contrario, pensamos que las distorsiones en la dinámica de la economía venezolana obedecen a la existencia de los controles que imposibilitan el cálculo económico y la existencia del sistema de precios.

Limitemos nuestra explicación a los bienes de consumo y, especialmente, al caso de los alimentos y medicinas. Veamos: ¿Tiene sentido esconder y obstaculizar la venta de mercancía perecedera? No. Primero, ningún consumidor comprará un alimento piche o una medicina vencida. Segundo, retener alimentos o medicinas no es gratuito. El empresario “acaparador” debe incurrir en costos adicionales para retener la mercancía. Los alimentos y las medicinas no pueden desaparecer y aparecer como conejos en el sombrero de un mago. Tienen que almacenarse en algún lugar y ser repuestos cada cierto tiempo. De este modo, un empresario “acaparador” tendría más gastos que el empresario “no acaparador” puesto que este no tendría en su estructura de costos los gastos de “acaparamiento”.

Tercero, es ingenuo pensar que el empresario podrá maximizar sus beneficios reteniendo los alimentos y medicinas. En Venezuela, los precios están estrictamente controlados por leyes de forma tal que ningún particular puede afectarlos. No importa cuánto se esconda el producto, su precio está fijado por el gobierno. Y si existiese un mercado libre el empresario acaparador pronto sucumbiría frente a otros empresarios más competitivos cuya estructura de costos no incluye los gastos de “acaparamiento”.

Cuarto, el gobierno no solo controla los precios de los productos sino que incorpora trabas adicionales para la gesta del “acaparamiento”. En una economía mayoritariamente importadora, quienes comercian alimentos y medicinas se encuentran a la merced del control de cambios y del proceso que implica la adquisición de divisas. ¿Es factible retener productos cuando la liquidación de los dólares con que se pagan las mercancías tarda meses si es que alguna vez se da? A ello hay que agregar las barreras en aduanas, puertos y un sinfín de alcabalas burocráticas que hacen ver a Ulises como un novato en la superación de obstáculos épicos.

El “acaparamiento” es económicamente insostenible y contrario a la racionalidad económica. Parte de un falso supuesto en el que se favorecen los allegados al poder y pierden los consumidores, quienes, al final, deberían ser los soberanos en cualquier proceso de intercambio económico.

ANDRÉS F. GUEVARA B. ― NOTITARTE (TRINCHERA LIBERAL)
* Profesor Universidad Monte Ávila. Miembro de Cedice joven.