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La indemnización no llegó a los joyeros

29-Ene 06:59 am

Luis Alfonso Herrera, investigador del Observatorio Económico Legislativo de Cedice… explicó que en la Ley de Expropiación de 2002 se establece que antes de la toma de posesión de un inmueble se debe indemnizar a los afectados, como en el caso de los joyeros.

Por: Georgely Morín

Casi dos años después de haber salido del edifico La Francia, los joyeros que trabajaron por décadas en ese inmueble no han recibido la indemnización que les corresponde por ley. “No nos han dado un céntimo”, aseguró Gladys Rodríguez, que forma parte del grupo de aproximadamente cien comerciantes afectados por la desocupación.

Ella y su esposo tenían 45 años trabajando en La Francia, cuando el presidente Hugo Chávez hizo un anuncio que les cambiaría el rumbo. “¡Exprópiese!”, ordenó el mandatario mientras señalaba el edificio, durante un recorrido por el casco central, en su programa dominical Aló, Presidente del 7 de febrero de 2010.

“No es posible que estos edificios, con tanta historia, con tanto legado de nuestros próceres, estén ocupados por comerciantes. Esto es de todos los venezolanos, es un centro histórico que debemos rescatar”, dijo Chávez desde la plaza Bolívar.

Al día siguiente, los concejales de Libertador se reunieron en sesión extraordinaria para redactar un decreto que declarara la utilidad pública de los inmuebles localizados en las adyacencias de la plaza Bolívar.

En medio de los anuncios repentinos, Rodríguez no tuvo otra opción que comenzar a embalar cajas y sacar su mercancía. A partir de ese momento ha tenido trabajos esporádicos en joyerías y en compañías de alimentos que ­admite­ no le proporcionan suficientes ingresos.

“Para recomenzar mi negocio me piden 250.000 bolívares por un local de 8 metros, pero no los tengo”, dijo Rodríguez de pie frente al edificio donde trabajó por años.

A su lado, Rafael Garrido relata cómo perdió su negocio sin que la Alcaldía de Libertador le proporcionara ninguna ayuda para volver a comenzar.

Con el anuncio presidencial de hace casi dos años tuvo que abandonar su local de casi cuatro décadas en La Francia, próspero hasta el punto de que recibía a numerosos compradores apenas abría la santamaría.

Este joyero, de 63 años de edad, logró abrir a los tres meses otro local en Sabana Grande; pero sin el éxito que tenía en el otro edificio: “Lo cerré hace poco por los robos constantes y las pocas ventas”.

“Perdimos todo, hasta nuestra dignidad”, se queja Garrido, quien asegura que sus limitaciones económicas han sido tales que tuvo que posponer una operación de corazón abierto hasta hace pocos meses, cuando logró reunir el dinero necesario para la intervención.

Zaida Alami, otra joyera afectada, afirma que sólo cerca de 20% de los afectados ha podido abrir otro negocio.

“Este fue un ataque al pequeño y mediano comerciante. Hablan de que somos burgueses, pero cuando mis papás llegaron a Venezuela dormían en una habitación”, dijo. Garrido agrega que había gente que tenía dinero, pero ganado con su esfuerzo.

Alami recuerda que los comerciantes arreglaron los pisos, instalaron los ascensores, y pagaban condominio y vigilancia, además de un canon de arrendamiento a la Universidad de Oriente: “Esa inversión nadie nos la ha devuelto”.

Resarcimiento pendiente. A los arrendatarios de inmuebles que son expropiados, como ocurre con quienes fueron desalojados de La Francia, les corresponde una indemnización, afirman abogados. Luis Alfonso Herrera, investigador del Observatorio Económico Legislativo de Cedice y director de la ONG Estado de Derecho, explicó que en la Ley de Expropiación de 2002 se establece que antes de la toma de posesión de un inmueble se debe indemnizar a los afectados, como en el caso de los joyeros.

La ley establece la posibilidad de un acuerdo amigable entre las partes para fijar el monto que se debe pagar por el perjuicio económico causado.

Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, dijo que la indemnización debería cubrir los gastos de reinstalación en otros locales y las pérdidas de los comerciantes por estar inactivos.

Si ese acuerdo no tiene éxito, el ente expropiante ­que en este caso es la Alcaldía de Libertador­ debería acudir a los tribunales para realizar otro avalúo que establezca el pago para el arrendatario afectado. “La única forma de que estos comerciantes no tuvieran derechos de indemnización es que hubiesen estado en el edificio de forma ilegal”, refirió Herrera.

Como ese procedimiento no se ha cumplido, el abogado señala que se les han violado los derechos de propiedad, a la libertad económica, y al debido procedimiento y a la defensa.

Orta aseguró que la Alcaldía de Libertador desalojó a los inquilinos y también a la UDO sin el procedimiento administrativo que corresponde en estos casos.

Aunque la Ley de Expropiación protege a los arrendatarios de los edificios expropiados, los tres joyeros sacados de La Francia no han emprendido acciones legales.

“Un juicio cuesta dinero, y si es contra el Estado, mucho más”, dijo Gladys Rodríguez.

Rafael Garrido, por su parte, no pierde la esperanza de que el Gobierno les devuelva el inmueble: “El edificio sigue vacío y los comerciantes no le hacíamos daño a nadie”.

El Nacional