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Las 26 leyes de la Habilitante discriminan a los pobres

EL NACIONAL – Domingo 07 de Septiembre de 2008

Nación

FORO Para acceder a 100% del crédito de viviendas hay que ganar Bs.F. 2.500

La adquisición de alimentos dependerá de un ticket o autorización de los consejos comunales, alertó Sosa

HERNÁN LUGO-GALICIA
hlugo@el-nacional.com

Así como el oficialismo hace “parlamentarismo de calle” para defender las 26 leyes promulgadas en la Habilitante, en predios profesionales refutan todos los argumentos, pues consideran que ellas perjudicarán a todos los venezolanos, sean o no chavistas.

“Los decretos leyes discriminan a los sectores de menos recursos y, en una democracia, eso es inaceptable. La discriminación es contraria al sistema de libertades. De allí que es necesario formar un frente que le explique a la gente cómo les afecta y cómo, mediante normas, se les pretende cambiar el modo de vida del país”, afirmó la ex magistrada Cecilia Sosa en el Colegio de Abogados de Caracas, en El Paraíso, donde un grupo de personas preguntó cómo se aplicará “el paquetazo” y cuáles serían las acciones para contrarrestarlas.

Impacto negativo. Cecilia Sosa desmontó, junto al ex procurador Nelson Socorro, cada uno de los señalamientos del Gobierno sobre el sistema de viviendas, sector agrícola y Fuerza Armada Nacional.

En primer lugar, señaló que el oficialismo considera “una maravilla” que una persona tenga acceso a 100% de un crédito habitacional: “No dicen que los patrones de salario integral se redujeron, de 30% a 20%, así que para acceder a un préstamo hay que ganar 2.500 bolívares fuertes. Eso no beneficia a nadie y, además, desestimula la inversión privada y es inconstitucional”.

Alertó que la gente dejaría de ser propietaria de sus casas porque pasaría a ser adjudicataria, ya que las tierras son calificadas de utilidad pública. En segundo lugar, adujo que las leyes de Seguridad y Soberanía Alimentaria y de la del Acceso a los Bienes y Servicios cambian el modo de vida: “Ahora, hay que obtener un ticket en los consejos comunales para los alimentos. Eso genera un trato discriminatorio”.

“La Ley de Economía Popular tampoco activa el sistema productivo –agregó–; al contrario, viola la Constitución porque modifica el sistema económico cuando ordena que las transacciones no se hagan en monedas, sino en forma de trueque. El Estado no se compromete con los indígenas a demarcarles sus terrenos o ayudarlos a que sean productivos, dado que los somete a una discriminación absoluta, especialmente a quienes no tienen nada y que sólo pueden consumir lo que producen”.

Sin propiedad. Al referirse a la Ley de Crédito Agrícola, Sosa advirtió que los productores pueden acceder a los recursos si antes aceptan que la organización social es colectiva: “Se elimina la propiedad privada y el único propietario es el Estado”.

Los asistentes preguntaron qué podía hacerse y si es posible detener la ejecución de las normas. La ex magistrada respondió que ignora quién o qué institución puede derogar “el paquetazo”, debido al control gubernamental; sin embargo, expresó su confianza que la sociedad se organice y obligue al Gobierno a rectificar. “No me interesa ir a instancias jurisdiccionales, pero sí llamar al colectivo y a que no se burlen de la gente”.

La reforma de la Ley de la Fuerza Armada Nacional, ahora FANB, fue cuestionada por Sosa por el excesivo control del Presidente en el ámbito militar y la prominencia de las milicias sobre los componentes Ejército, Armada, Guardia Nacional y Aviación. Elaboró un decálogo sobre las desviaciones de las normas que harán circular y difundirán por todo el país.

Rafael Veloz, presidente de la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela, en nombre de la Alianza Democrática Profesional (integrados por colegios profesionales) señaló: “Se pretende la militarización la sociedad por medio de la milicia bolivariana como nuevo componente de las Fuerzas Armadas institucionales, conformando un ejercito armado y privado bajo el mando exclusivo y personal del Presidente quien, además, designará a los militantes como vigilantes en todas las instancias y ámbitos institucionales y privados del país. Es decir, tendremos observadores y espías de nuestras vidas, de nuestras intimidades, de nuestras relaciones familiares, comerciales, sociales”.

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