Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
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Ley antiterrorista podría ser usada como arma política. NoticieroIndustrial.com

La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo es una normativa legal necesaria pero sin un Poder Judicial imparcial será usada como arma política, señaló el abogado constitucionalista e investigador del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad), Luis Alfonso Herrera.

“Mediante esta ley, aprobada en febrero de este año, las ONG, las asociaciones civiles y los partidos políticos pueden ser intimidados por sus actuaciones críticas hacia el gobierno”, manifestó.

Herrera, quien participó el jueves en la mesa de análisis “Inseguridad en América Latina. Venezuela un caso de Estudio”, organizada por el Cedice Libertad, indicó que  la Ley Antiterrorismo es muy ambigua en sus definiciones de  delincuencia organizada, acto terrorista, actividad sospechosa, persona expuesta políticamente y delito de asociación.

“No sabemos cómo van a ser interpretados estos criterios por los tribunales y jueces, y existe el peligro de que sea un manejo muy discrecional ya que en Venezuela no hay criterios reiterados”, aseveró.

Explicó que la ley contempla una carga de deberes para las “personas obligadas”, muchas de las cuales no tienen conocimiento de que esta norma les afecta debido a la ausencia de información.

“No sólo están obligados por la ley los bancos, los seguros, las grandes empresas, los prestadores de servicios sino hasta los administradores y contadores y los pequeños centros de comunicaciones. Estos sujetos deben denunciar cualquier actividad sospechosa o serán investigados y sancionados”, comentó.

Agregó que esta ley  cerca aún mas la actividad económica pues las multas van desde 500 a 1000 unidades tributarias, y no asegura el derecho a la defensa de los sujetos investigados.

“Podría convertir en terroristas a los sindicatos y trabajadores que vayan a huelga, pues la paralización de la producción o la interrupción del comercio por cualquier motivo es considerado un acto terrorista”, acotó.

Resaltó que la norma legal puede afectar el derecho de propiedad de los seguros, bancos y empresas, y da permiso para que jueces penales ordenen escuchas telefónicas y uso de agentes encubiertos, como parte de las investigaciones.

En la mesa de análisis de Cedice también se presentó la edición N° 28 de la Revista Perspectiva, editada por el Instituto de Políticas Públicas de Colombia,  dedicada al tema de la “Inseguridad en América Latina”.

Caracas 01 de junio (Pedro Pablo Carreño – noticieroindustrial.com).