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Ley de Costos y Precios: economía de mercado (RIP)

Paradojas que solo ocurren en Venezuela: mientras se aprueba una Ley de Costos y Precios, que tal como se promociona resulta inconstitucional porque declararía extinta a la economía de mercado en el país, durante el mismo consejo de ministros el presidente de la República aprueba la transferencia de 1,5 millardos de dólares de las reservas internacionales al Fonden y el traspaso de 109,9 millones de bolívares de las ganancias cambiarias -contables- desde el BCV a la Tesorería.

Rafael González

Resulta una desfachatez la aprobación de una Ley de Costos y Precios que viene a constituir la única y destinada “política de estabilización”, mientras se suprime respaldo a la moneda en curso dada la transferencia de reservas internacionales y se imprime dinero -ganancias contables- por medio de la transferencia de ganancias cambiarias del BCV a la Tesorería nacional. Venezuela, de esta manera, forma parte de un lamentable club de países que instrumentan política de estabilización por medio de decretos sin resultado alguno (más de 1.100% de inflación acumulada a lo largo de la gestión de Hugo Chávez).

La instrumentación irrestricta, sobre todo el universo de bienes y servicios, de una política de control y regulación de precios y rentabilidades resulta contraria al modelo económico establecido y consagrado en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

Más allá de lo establecido en la Constitución, la aplicación de un control de precios y rentabilidades sobre todo el universo de bienes, servicios y actividades económicas resulta materialmente inviable. Los reguladores por naturaleza son imperfectos y el costo de una instrumentación universal podría resultar extremadamente oneroso para la nación en términos del retorno -especialmente, como se explicará a continuación, si normativamente resulta desatinada tal ley-. Esto significa que la Ley de Costos y Precios podría no resultar una amenaza creíble -credible commitment- ante su difícil instrumentación -pobre capacidad deenforcement-.

Normativamente hablando, basados en el deber ser de las correctas prácticas de políticas públicas y regulatorias, la intervención del Estado sobre la economía debe contar con justificación, constatación y verificación de que primero existe efectivamente una falla de mercado y, segundo, previo procedimiento administrativo, derecho a la defensa y/o análisis costo-beneficio, validar que la intervención pública llevaría a la sociedad a una situación preferible y no a mayores costos y distorsiones. Quizá este sea el tema de mayor preocupación respecto de esta ley, su inconsistencia normativa, de espalda a las actuaciones de un Estado benevolente que debe proteger el interés público y el bienestar social resulta alarmante.

Esta ley que parte de la presunción de culpabilidad de los privados y entierra de una vez por todas al modelo de mercado, la libertad económica y los derechos de propiedad -incluyendo la soberanía del consumidor-, se basa en una visión regulatoria anacrónica, pedestre y en desuso conocida como el enfoque regulatorio basado en costos. Este enfoque parte de hipótesis erradas como la conocida hipótesis del diferencial colusorio (Differential Collusion Hypothesis), que plantea que sectores con ciertos niveles de rentabilidad se explican por el nivel de concentración y el poder colusivo de sus competidores. Esta visión data de los años 50, siendo profundamente contrastada, criticada y rechazada por exponentes de una visión que se denominaría la escuela revisionista de economía industrial o la hipótesis del diferencial de eficiencia. Esta última plantearía que con el simple hecho que exista una empresa líder en un mercado, producto de sus innovaciones y/o competitividad, su ventaja competitiva no solo le permitiría una rentabilidad mayor, sino igualmente un posicionamiento de mercado aventajado -imaginar un modelo tipo Cournot pero con un first mover o un líder competitivo-. Lo anterior explicaría un sector con un promedio ponderado de rentabilidad mayor, producto del mayor peso relativo y de la mayor competitividad del líder. Atentar contra esta dinámica implicaría condenar a la sociedad a resultados mediocres en los mercados, satanizando la competitividad.

Una regulación de precios y rentabilidad como se está planteando en Venezuela adolece de problemas de información del tipo selección adversa y posteriormente de riesgo moral, pudiendo generarse distorsiones muy documentadas conocidas como el efecto Averch-Johnson y el efecto Ratchet. El primero se refiere a las distorsiones en la asignación y contratación de recursos productivos producto de regulaciones de rentabilidades basadas en visiones anacrónicas como la de costo y en la hipótesis del diferencial colusorio. El segundo, se refiere a la creación de incentivos a no revelar información real dado el problema de información de selección adversa, buscando reducir el impacto regulatorio de un pinzamiento de márgenes.
Economista. Consultor en temas de competencia y regulación económica

Publicado en El Mundo