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Ley de costos y precios: Vaya exposición de motivos

La Ley de Costos y Precios Justos sería nula por el hecho de su absoluta inconstitucionalidad y al violar los principios más básicos de la regulación económica en procura de la protección del interés público y el bienestar social.

Rafael González

Una simple lectura de la exposición de motivos deja clara la falta de rigurosidad y la base ideológica, cargada de prejuicios y desconocimiento de la materia económica por parte del Ejecutivo Nacional. El propio título que incorpora el adjetivo de precios “justos” carece de asidero normativo y rigor teórico y práctico. En adelante, lo justo será determinado administrativamente por un regulador “omnipotente” y “omnipresente”, sustituyendo sus decisiones de oferentes y demandantes.

Revisaremos la exposición de motivos, toda vez que si esta constituye la base y fundamento de la Ley de Costos y Precios, su inconsistencia, restaría asidero y justificación de la Ley.

La exposición de motivos inicia diciendo:

“Los abusos flagrantes del poder monopólico en muchos sectores de la economía han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia que implica el alza constante de precios sin ninguna razón más que la explotación directa e indirecta del pueblo”.

Esta aseveración imprecisa y vaga, no cuenta con análisis, ni investigación previa, no pudiendo constituir fundamento para aprobar una normativa que aplica sobre todos los agentes económicos, limitando la libertad económica, la libre iniciativa y los derechos de propiedad. ¿Dónde se encuentran identificados, a través de procedimiento administrativo y decisión firme, los agentes económicos que supuestamente estarían desplegando ilícitos económicos? Una política pública y regulatoria no puede partir de la presunción de culpabilidad de todos los agentes económicos, lo que implica un falso positivo o un error del tipo I (uno) –asumir culpables agentes económicos que son inocentes-. Los venezolanos en adelante, una vez que el Ejecutivo da como un hecho el despliegue de prácticas económicas ilícitas, querrán una indemnización o resarcimiento de los daños. ¿A quienes demandaría si el Ejecutivo no señala a agente económico alguno?

Adicionalmente, los abusos “flagrantes” del poder monopólico y/o de una posición de dominio cuentan en Venezuela con prohibición expresa en la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. Es así como aprobar normativas adicionales para supuestamente tutelar la materia resguardada por otra norma vigente, constituye un caso evidente de inflación regulatoria. De existir indicios suficientes sobre casos de ilícitos económicos, deberá iniciarse el procedimiento administrativo, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa, sobre el sujeto sospechoso del despliegue de la supuesta práctica –el cual tiene que estar plenamente identificado-. Lo que no se puede hacer es elucubrar vaga e imprecisamente para aplicar una regulación violatoria de principios constitucionales.

La exposición de motivos continúa aseverando:

“Sabido es que las asimetrías de los agentes en la dinámica económica han derivado en precios altos y en daños incalculables a la economía de los consumidores”.

¿Sabido por quién y basado en que evidencia, estudio, contraste o procedimiento administrativo con decisión firme? ¿Cómo quien diseña una norma es capaz de asomar unos efectos que desconoce y admite que ni siquiera sabe como identificar y/o cuantificar? La falta de seriedad de la exposición de motivos debe encender las alarmas sobre como el Ejecutivo Nacional está creando normas sin el menor rigor y protocolo en resguardo de un legítimo interés público y a favor de actuaciones eficientes, no distorsionantes, ni triviales.

A continuación el Ejecutivo asoma:

“El poder monopólico o monopsónico y la cartelización, se han constituido en la política aplicada, por los empresarios, para dominar el mercado, siendo ellos quienes fijan los precios y condiciones comerciales, que no se corresponde a referentes internacionales, ni obedecen a una estructura de costos justificable”.

No puede ser admisible una generalización vaga, así como la “sentencia” previa de que todos los agentes económicos son monopólicos y que adicionalmente están abusando de tal posición de dominio. Venezuela ya contaba con una normativa que estipula el debido proceso y el resguardo del derecho a la defensa para lidiar con conductas de abuso de posiciones de dominio y cartelizaciones. Si bien la existencia de fallas de mercado podría justificar el diseño y la instrumentación de una regulación económica, no existe investigación ni validación de la existencia de la falla por excelencia como lo es el monopolio natural. La exposición de motivos no muestra la validación de estructuras de costos subaditivas, con la presencia simultánea de economías de escala y de alcance, en sector alguno. Este párrafo de la exposición de motivos evidencia desconocimiento económico notable, porque no resulta cierto que las empresas, incluso aquellas monopolio natural, puedan unilateralmente fijar e incrementar sus precios de forma irrestricta y a lo largo del tiempo. A partir de cierto nivel de precios la pérdida supra-marginal en los ingresos supera a las ganancias infra-marginales.

El cuarto párrafo de la exposición de motivos asoma:

“La generalización de prácticas especulativas produce niveles de inflación exacerbadas…”

Querer hacer ver que la inflación constituye un fenómeno especulativo, primero, desconoce el concepto y naturaleza de la inflación y segundo, pretende ser una excusa de la responsabilidad que el Ejecutivo Nacional tiene ante sus fracasadas y/o inexistentes políticas de estabilización macroeconómica. Respecto a lo primero, debe aclararse que la inflación constituye un proceso continuado de incrementos en los precios, mientras que los empresarios no tienen incentivos para incrementar sus precios inter-temporalmente, careciendo esta hipótesis de fundamentos microeconómicos. En lo que respecta al segundo, resulta ineficaz que la política de estabilización con la que cuenta Venezuela es de decreto, por ejemplo, por medio de leyes como la sujeta a análisis.

El quinto párrafo llega a aseverar lo siguiente:

“La existencia de precios altos en el mercado de insumos y en los servicios, reduce la rentabilidad mínima necesaria y resta capacidad para financiar nuevas inversiones”.

De nuevo, la acusación imprecisa, sin referencia ni evidencia alguna es impunemente utilizada en la exposición de motivos. En este caso, el Ejecutivo se contradice con aseveraciones emitidas en ocasiones anteriores, en las cuales ha planteado que ha existido manipulación por parte de grandes compradores intermedios, ejerciendo poder monopsónico vía prácticas predatorias, mientras que en esta aseveración plantea lo contrario, precios intermedios o de insumo elevados.

La exposición de motivos continúa asomando lo siguiente:

“El pago de precios altos por parte de los consumidores reduce la capacidad de adquirir otros bienes o de ahorrar”.

El nivel de los precios y su accesibilidad resulta relativo a los ingresos y a la restricción presupuestaria de los ciudadanos. Por un lado tenemos que precios inferiores a los costos destruirían valor y malgastarían recursos. Por el otro lado, un nivel de precios, que aun cuando refleje exclusivamente el costo marginal resulte oneroso y por lo tanto termine haciendo al producto prescindible para el ciudadano, constituiría un problema de poder de compra y no necesariamente del nivel de precio. Dicho de otra manera, producto de la falta de seguridad jurídica, los niveles de desempleo e informalidad en Venezuela son elevados; por lo que independientemente que el precio sea muy bajo e incluso idéntico al costo marginal, un desempleado podría estar imposibilitado de adquirir el bien en cuestión. Lo anterior, representa evidencia que el nivel de precio no necesariamente constituye un problema, porque su nivel será catastrófico u oneroso en la medida que el poder de compra de la moneda y los niveles de empleo permiten o no, acceso a los bienes y servicios. El resguardo del poder de compra de la moneda y del nivel de empleo son objetivos de entera y absoluta responsabilidad del Gobierno; no por medio de políticas de decreto, sino creando un clima de resguardo de la actividad económica privada, de competencia y por medio de políticas de estabilización y de responsabilidad fiscal.

Finamente, el último párrafo de la exposición de motivos plantea:

“Las utilidades que legítimamente podrían obtener las empresas de menor tamaño, o del ahorro que sería posible para los consumidores, son transferidas en forma de precios altos a empresas que realizan prácticas especulativas.”

Este párrafo evidencia el prejuicio contra las empresas grandes, aun cuando estas suelen gozar de economías de escala y alcance que permiten amortizar o promediar de forma más rápida los costos totales, aplanando la estructura de los costos, en comparación a las empresas de menor tamaño. Parece querer asomarse la sospecha, sin procedimiento administrativo, ni investigación preliminar, de la existencia de prácticas predatorias, sin señalarse agente económico alguno. Sospechas, hipótesis, prejuicios, posiciones Ad Hoc y/o desconocimiento no pueden ser motivos ni fundamento para una normativa económica de este alcance.

Economista. Master in Industrial Organization and Markets. Master in Competition and Market Regulation. Especialización en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Transporte, Farmacia, Agua y Banca. Profesor universitario en Regulación Económica y Regulación de Competencia.

Publicado en Analitica el Jueves, 21 de julio de 2011