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Leyes inmobiliarias no garantizan derecho a la vivienda. El Nacional

El marco jurídico desarrollado por el Gobierno reduce la construcción privada y la oferta de alquiler

El paquete de 14 leyes publicadas el 15 de junio, día en que venció el poder habilitante otorgado por la Asamblea Nacional al presidente Hugo Chávez, incluye 2 textos que se suman al marco jurídico que limita la actividad del sector inmobiliario y la posibilidad de los venezolanos de tener una vivienda.

El mandatario decretó a última hora la Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en Casos de Expropiaciones de Emergencia con Fines de Poblamiento o Habitabilidad y la Reforma Parcial de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Ambas disposiciones ­al igual que el resto de las aprobadas por el Gobierno en esta materia­ fueron presentadas con el argumento de garantizar el derecho a vivienda establecido en el artículo 82 de la Constitución; pero ninguna contribuye a hacerlo, según especialistas.

La lista incluye otras normas publicadas vía habilitante como la Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos, la Ley del Régimen de Propiedad de la Misión Vivienda, la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria y la Ley Especial de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana.

También contiene marcos jurídicos aprobados por la Asamblea Nacional como la Ley de Tierras Urbanas (2009), la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (2011) y la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria (2012).

“Estas leyes no han mejorado la producción de viviendas ni las condiciones de alojamiento de la población. Lo que han logrado es que desaparezcan la construcción privada y la oferta de alquiler”, dijo Alfredo Cilento, arquitecto e investigador de la Universidad Central de Venezuela.

Las cifras oficiales muestran que el número de viviendas edificadas por el sector privado se redujo de 70.000 en 2009 a 50.000 en 2011. Los datos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela indican que los inmuebles en alquiler representan 1% del total disponible en el mercado.

Sin garantías. Irma Lovera, abogada y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, cree que la raíz del problema está en las limitaciones impuestas por el Gobierno al derecho de propiedad consagrado en el artículo 115 de la Constitución.

“Todas las legislaciones que existieron antes de 1998 fundamentaban la construcción y negociación de viviendas en el respeto a la propiedad privada. Al atacarla y prácticamente abolirla quedó amenazado el cimiento de todo el proceso”, señaló.

La falta de garantías para la propiedad hace que los particulares, desde las empresas que construyen unidades residenciales hasta las personas que compran inmuebles para alquilarlos, se abstengan de invertir para no correr el riesgo de perder su patrimonio.

También afecta a los beneficiarios de la Misión Vivienda. “Sólo les dan el derecho de usar el inmueble. La gente que recibe las casas construidas por el Estado está muy pendiente de los documentos que les presentan, y algunos los han rechazado porque no les garantizan la propiedad”, dijo Lovera.

Añadió que el hecho de que las viviendas adjudicadas, además de impedir que las personas puedan venderlas cuando mejore su situación y quieran mudarse, tiene un riesgo adicional: las adjudicaciones son revocables, según la Ley Especial de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana.

Más problemas. Trino Márquez, sociólogo y director académico de Cedice, señaló que las leyes aprobadas por el Gobierno lejos de garantizar el derecho a la vivienda lo han torpedeado al penalizar excesivamente a constructores y propietarios, que pueden contribuir a lograr el objetivo.

La principal falla de las legislaciones, según Márquez, es que no toman en cuenta la complejidad del mercado inmobiliario. “No sólo hay que pensar en los compradores y los inquilinos actuales, sino también en los potenciales: las parejas que buscan hogar, los jóvenes que se independizan”.

Márquez agregó que la reducción del déficit de vivienda requiere, además de construcciones masivas, empleo bien remunerado e inflación controlada, con el fin de que el trabajo genere ingresos suficientes para que las personas compren sus viviendas.

Cilento está de acuerdo. “El principal error del Gobierno es creer que el problema lo resolverá construyendo como loco.

Lo que debe hacer es generar las condiciones apropiadas para que la gente pueda acceder a una vivienda”.

El investigador de la UCV advirtió que la reducción de la oferta para comprar y alquilar limita la posibilidad de los venezolanos de tener una vivienda, lo cual traerá como consecuencia un aumento del hacinamiento en las unidades existentes y de las construcciones informales en los barrios.

07:36 am 24-Jun de 2012|Alejandro Hinds