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Los arrendamientos comerciales bajo el socialismo. Luis Alfonso Herrera

El Decreto-Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (DLRAIUC) recién publicado en Gaceta Oficial (40.418, de 23.05.14) contiene, en su Exposición de Motivos, una serie de afirmaciones cuestionables y peligrosas, al carecer de respaldo, y en general, ser inconstitucionales, contrarias a la libertad individual y al estado de derecho.

Afirma, por ejemplo, que “es evidente un comportamiento especulativo del sector inmobiliario en los últimos años”. Esto significa una condenatoria del sector privado inmobiliario por parte del Gobierno nacional sin derecho a la defensa, al no ofrecerse pruebas que muestren la veracidad de esa acusación, por lo que se viola la presunción de inocencia de los propietarios de inmuebles para alquiler comercial y se los criminaliza.

También afirma que “es deber ineludible del Estado procurar equilibrio entre las partes del juego económico y la igualdad de participación en el acceso a la riqueza nacional”. Ello supone que el Gobierno nacional cree tener poderes ilimitados para dirigir las relaciones económicas de todos los particulares y distribuir mediante el uso de la fuerza (coacción) los frutos del esfuerzo privado como si fueran bienes de propiedad estatal.

Asimismo, afirma que “las fórmulas participativas incluidas en el DL garantizan la construcción del socialismo en sectores en los que se pensó sería imposible la práctica socialista”. Esto implica que para el Gobierno nacional los “Comités Paritarios de Administración de Condominio” no son instancias de negociación y autocomposición, sino de ejecución de la ideología socialista que impondrá la Superintendencia de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE).

notitarterotativa

Por último, afirma el único Considerando del DLRAIUC que “se dicta con el supremo compromiso de construir el socialismo bolivariano y refundar la Nación venezolana”. Es decir, no importa incentivar la oferta de alquileres comerciales, propiciar la competencia en dicha oferta, la construcción de nuevos establecimientos comerciales para alquiler, ni la creación de un marco jurídico sujeto a tribunales imparciales que generen confianza y brinden seguridad a las partes de los arrendamientos. No se trata de mejorar el sector. Lo que importa es lograr el fin ideológico.

Si se lo compara con la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, es cierto que el DLRAIUC pudo ser mucho peor de lo que es. Pero ello no puede llevar a concluir que esta normativa respeta los derechos de las partes del arrendamiento y que promoverá la oferta de alquileres comerciales. Pues lo cierto es que desconoce la libertad de contratación, la tutela judicial efectiva y la propiedad privada, y creará desincentivos para alquilar con fines comerciales.

En primer lugar, porque el contenido de los contratos lo determinan en sus aspectos esenciales el DLRAIUC y los Reglamentos y normativas que lo desarrollen, además siguen excluidos los pagos en moneda extranjera y el arbitraje comercial; en segundo lugar, porque en casos de conflicto entre las partes éstas deben acudir a la SUNDDE antes de acudir a un tribunal (obliga a agotar la vía administrativa), y en tercer lugar porque tanto el método de determinación del canon a pagar como la duración y terminación del contrato de arrendamiento (uso y disfrute del bien privado) los define el DLRAIUC y lo controla, aprueba y modifica discrecionalmente la SUNDDE.

LUIS ALFONSO HERRERA | NOTITARDE

TRINCHERA LIBERAL