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Los huérfanos abandonados de Guatemala. Mary O’Grady

Ciudad de Guatemala — Cuando me agaché para tomar en brazos a la niña de 1 año de pantalones rosados, calcetines morados y sudadera desgastada, esperaba que empezara a llorar. Es lo que habitualmente hacen los niños cuando un desconocido se les acerca más de la cuenta. Pero en lugar de llorar, sólo me miró y pestañeó.

Un momento después, su pequeña boca dibujó una sonrisa. Cuando la balanceé suavemente un par de vez sobre mi cadera, se echó a reír. Otros seis niños, más o menos de la misma edad, me miraban desde sus sillitas, esperando con ansiedad su turno para que los cogiera en brazos.

Susana (no es su nombre verdadero) tiene un rostro ovalado, ojos negros y anchos, piel de color oliva claro y cabello negro. Es una huérfana que fue abandonada al nacer. Pero eso no quiere decir que no haya quien la quiera. No sería muy difícil colocarla con una familia que la ame y le provea el apoyo y la educación que todo niño merece. No obstante, las autoridades guatemaltecas están negando ese derecho de nacimiento de forma sistemática.

Susana ha vivido desde que tenía dos días de vida en el Hogar Luz de María, un orfanato privado en el lado oeste de la capital guatemalteca. Es una vida mucho mejor a la que podría haber tenido en el abarrotado orfanato estatal, donde hay historias de violencia y negligencia. El Hogar Luz de María, sin embargo, sobrevive gracias a las donaciones privadas y su presupuesto es limitado. La atención individualizada y el afecto son lujos.

Unicef, el organismo de Naciones Unidas que se autodenomina el defensor de los niños del mundo, tiene mucho por lo que responder en el caso de la institucionalización de Susana y miles de otros huérfanos guatemaltecos. Unicef señala que no se opone a la adopción. Sin embargo, en 2007 y con la ayuda del Departamento de Estado de Estados Unidos presionó de forma exitosa a Guatemala, al igual que ya había hecho con la mayoría de los demás países en desarrollo, para que detuviera el flujo significativo de salidas de niños abandonados que eran adoptados por familias en EE.UU.

Para controlar la situación, el Congreso guatemalteco creó una sola burocracia estatal denominada el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y las agencias privadas de adopción fueron prohibidas. La nueva ley estableció una moratoria sobre las adopciones internacionales, que cada año solían encontrar un hogar para miles de niños.

Escribí sobre la crueldad de esta “reforma” el año pasado. Desde entonces, la situación sólo ha empeorado.

Dinora Palacios, quien administra el Hogar Luz de María, tenía 10 niños a su cargo cuando el orfanato abrió sus puertas en 2004. Hace dos años, la cifra había subido a 20. El año pasado, ya llegaba a 30 y ahora tiene 45. Los funcionarios estatales le siguen trayendo niños porque el orfanato del gobierno no da abasto.

Un problema es que Guatemala no cuenta con una sólida cultura de adopción. De modo que mientras el CNA se jacta de decir que los bebés ya no son “exportados”, no menciona la tragedia de los niños que se amontonan en las instituciones porque no se les puede encontrar un hogar en el país. Unicef informó en abril de 2013 que había unos 5.800 niños en el sistema que alberga a los huérfanos. Algunos expertos locales dicen que la cifra es más alta.

Los burócratas han pasado un año buscando a la madre de nacimiento de Susana. No la han encontrado, lo que significa que el bebé será a la larga clasificado como “adoptable”. Pero puesto que ya dejó de ser un bebé, las probabilidades de que encuentre un hogar en Guatemala ya han disminuido. Ahora, debe pasar por los tribunales de familia, que tienen muchos casos atrasados, y la burocracia, que se mueve a paso de tortuga. El costo emocional de enfrentar las incertidumbres burocráticas es un factor que puede disuadir a los potenciales padres.

La situación puede ser más sombría. Si las autoridades creen que han encontrado a la madre de un niño abandonado, debe comparecer ante el juez y someterse a una prueba de ADN. No es extraño que algunas “sospechosas” eludan la prueba del ADN durante meses, lo que significa un nuevo retraso en el proceso. Si la prueba confirma la maternidad, la madre debe inscribirse en una “terapia” diseñada para obligarla a reunirse con su hijo.

Las madres que han soportado la terapia estatal dicen haber sentido una presión intensa que incluye amenazas de encarcelamiento y grandes dosis de culpa. Si la madre cede, o algún miembro de la familia decide hacerse cargo del niño, Unicef puede ver una adopción menos en los libros de Guatemala y es otra victoria para el CNA.

Las consecuencias no deseadas de esta política retorcida son innumerables. Una guatemalteca que siente que no está preparada para abordar la maternidad ahora tiene más probabilidades de abandonar su bebé que de ofrecerlo en adopción para evitar afrontar la agotadora manipulación psicológica del gobierno. Muchos bebés quedan abandonados en los hospitales. Pero también es común leer noticias en la prensa sobre bebés encontrados en los autobuses y en los cubos de basura.

Es cierto que antes de la entrada en vigor de la ley había algunos abogados faltos de escrúpulos en el negocio de las adopciones en Guatemala. Pero la policía los podría haber detectado y cerrado sus operaciones sin hacer trizas las probabilidades de que miles de huérfanos encuentren una familia que los quiera.

El director del CNA le dijo este mes al diario guatemalteco La Hora que “toda esta normativa está enmarcada en los derechos de la niñez” de vivir en la cultura y hablar el idioma de su región de nacimiento. Cualquiera que tenga una comprensión tan primitiva de las necesidades de los niños no debería estar supervisando su bienestar.

MARY O’GRADY ― EL CATO
Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 27 de enero de 2014.

Este artículo ha sido reproducido con el permiso del Wall Street Journal © 2011
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