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Los retos actuales de las compañías mercantiles en Venezuela. Andrea Rondón García

Una forma rápida para comprobar el poco respeto que el Estado Venezolano le tiene a la propiedad privada, a la libertad de empresa y a la iniciativa privada es revisar el marco regulatorio para constituir una empresa mercantil.

Los más reciente datos de “Doing Business” 2015 ubican a Venezuela en el puesto 182 de 189 países evaluados sobre las facilidades que ofrecen para hacer negocios. Entre otros aspectos, esto se debe a que en Venezuela, el plazo aproximado para que una compañía esté operativa es de 144 días. Estas cifras están muy alejadas de las que muestran otros países de la región. Chile se ubicó en el puesto 41 y el plazo aproximado para que una compañía esté operativa es de 59 días (6 días por cada paso en promedio).

La posición de Venezuela en los últimos años en “Doing Business” ha sido similar y podríamos decir que uno de los factores de3terminantes de ello es la forma ineficaz y hasta arbitraria con que funcionan los Registros Mercantiles y su régimen legal.

En efecto, desde que se dictó por primera vez en el año 2001 el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado, la constitución de una compañía mercantil en el país se ha dificultado.

La última reforma de esta normativa dictada en diciembre de 2014 podría agravar aún más esta situación. Por ejemplo, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), del cual dependen los Registros y Notarías, anteriormente estaba adscrito al Ministerio de Interior Justicia y Paz. Pero ahora, con la última reforma, sin justificación alguna se estableció que el SAREN se incorporará a la estructura organizativa que indique el Presidente de la República, es decir, no hay precisión al respecto.

Otro cambio importante se refiere a la potestad de control de los Registros Mercantiles para evitar la constitución de compañías con capital insuficiente. Anteriormente, se le otorgaba a los Registros Mercantiles la potestad discrecional de negar la inscripción de una compañía si consideraba, con criterios de racionabilidad, que el capital era insuficiente para su objeto social.

La disposición tal y como se estableció al inicio en el 2001 era ya cuestionable porque (i) constituye una sustitución de la voluntad del accionista por la del Estado, representado por el Registrador Mercantil; (ii) quien está en mejor posición para saber con qué capital social debe iniciar el negocio es el accionista; (iii) es presumir la mala fe del particular y (iv) se pueden establecer otros controles y posteriores para controlar el problema de las compañías con capital insuficiente sin sacrificar la libertad de asociación y de empresa.

Esta potestad de control trajo consigo otros problemas prácticos que entorpecieron y dificultaron la constitución de una compañía mercantil.

Pero hoy en día la regulación es más arbitraria, porque los criterios de racionalidad son proporcionados por el SAREN (ya no es el propio Registro Mercantil) de conformidad con el ordenamiento jurídico y “políticas de Estado”, es decir, un término sumamente amplio, subjetivo, abstracto y en manos del Estado.

Otras novedades del decreto ley que imponen más cargas y gravámenes para el particular es el aumento de tasas por actuaciones ante los Registros y Notarías Públicas y la creación de una nueva tasa del 1% por inscripción y aumento de capital de sociedades mercantiles (pago a favor del SAREN).

Todos estos cambios, en nuestra opinión, se traducirán en mayores trabas para constituir una compañía en el país y es muy probable que las cifras indicadas al comienzo de este reporte aumenten. Estas cifras no deben leerse de forma aislada e invitamos a considerar también los siguientes datos:

  • Venezuela se ubica en el puesto 184 (de 192) del Índice Internacional de Calidad de las Instituciones.
  • Venezuela se ubica en el puesto 97 (de 97) del Índice Internacional de Derechos de Propiedad de la Alianza por los Derechos de Propiedad.
  • Venezuela se ubica en el puesto 174 (de 177) del Índice Internacional de Libertad Económica del The Heritage Foundation.

En todos estos índices, que anualmente son presentados en Venezuela por CEDICE, está como constante las últimas posiciones que ocupa Venezuela, mostrando una vez más que desde hace más de una década existe una políticas sistemática de desconocimiento de los derechos y libertades económicas.

ANDREA RONDÓN GARCÍA
Miembro del Comité Académico de CEDICE Libertad