Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
"...La única forma de cambiar el curso de la sociedad
será cambiando las ideas" - Friedrich Hayek
"Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas" - Milton Friedman
Los subsidios “condicionados” o directos: ¿son una alternativa real para combatir la pobreza?

Las transferencias monetarias condicionadas, llamadas en inglés conditional cash transfers (CCT’s) han sido, históricamente en Latinoamérica, un mecanismo de asignación directa de recursos por parte de los Gobiernos nacionales, cuyo objetivo es brindar financiamiento a aquellas familias en situación de vulnerabilidad económica bajo algunas condiciones específicas –por ejemplo, la asistencia de los niños a las escuelas estatales y su revisión en las redes públicas de salud- para, de esta forma, contribuir a la disminución paulatina de la pobreza. Estas transferencias, o subsidios condicionados, corresponden a una categoría de programas sociales que presentan ciertas características particulares, al tratarse de una acción económica directa sobre un grupo o grupos poblacionales concretos, usualmente en lapsos de tiempo establecidos según los requisitos y fundamentos de la misma, diferentes a los bien conocidos subsidios indirectos –las misiones actuales en Venezuela serían las más conocidas- que no implican una focalización.

Si revisamos las últimas décadas de los países latinoamericanos que han hecho uso de este tipo de medidas, por lo general observaremos que se aplican dentro un marco de medidas económicas compensatorias que llevan a cabo los Gobiernos centrales para contrarrestar los efectos generados por la puesta en práctica de inadecuadas políticas macroeconómicas, o en lo que concierne a la restricción de elementos como la libertad económica y el respeto por los derechos de propiedad, lo cual varía según cada nación (como ejemplo de ello, ver aquí)

América Latina ha sido un continuo impulsor de los subsidios condicionados como programas de asistencia social. Países como Brasil, México, Colombia y Argentina son ejemplos emblemáticos de la aplicación de estos planes en el continente. Diversos estudios y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que la utilización de los subsidios condicionados ha sido estadísticamente exitosa en metas como la estabilización económica, la inclusión social, el incremento de la escolaridad, la inserción laboral e incluso en el retroceso de la pobreza en algunos casos. Sin embargo, otras investigaciones y evidencias empíricas registradas en nuestros países han señalado lo contrario: las políticas públicas que se fundamentan en programas y planes que priorizan la asistencia social desmedida en el tiempo, especialmente en aquellos casos donde no se complementan con un conjunto de reformas medulares básicas en la estructura macroeconómica y apuntan al empoderamiento del individuo, han frustrado sus oportunidades reales de crecimiento económico sostenible, apertura a la inversión y prosperidad para los ciudadanos.

Antes de proseguir con el análisis de los CCT’s y valorar su impacto como acción de soporte económica dirigida a combatir la pobreza, vale la pena detenerse en un aspecto clave dentro del marco de estudio y diseño de las políticas públicas que determinan el uso de estas medidas: ¿Cuál sería el aporte que disciplinas como la antropología pueden hacer? La formulación de políticas es una actividad sociocultural, altamente enraizada a los procesos sociales cotidianos así como a las prácticas culturales que conforman la visión del mundo en nuestros países. De esta forma, se encuentran moduladas por el conjunto de ideas e incentivos que orientan nuestra vida en sociedad, desde la creación de instituciones y leyes, pasando por la utilización de la lengua que nos permite comunicarnos y categorizar todo aquello que nos rodea hasta el sentido de nuestra propia existencia como seres individuales.

En otras palabras, y trasladando este análisis a los subsidios condicionados, la popularidad e implementación frecuente en política social de estrategias como los CCT´s obedece, en gran medida, a la forma en que se encuentra configurado nuestro pensamiento colectivo, es decir, la instauración de los derechos sociales como principio axiomático –la necesidad de proveer a las personas de alimentación, vivienda, educación, etc. desde una figura de Poder, sea familiar, grupal o gubernamental sin contrapesos- junto a la exacerbada idea de que la pobreza representa, en muchos casos, una suerte de ideal moral a aspirar y no un estado de la humanidad que debe ser gradualmente reducido y superado. Esto no significa que los requerimientos inherentes a la vida humana deban ser ignorados o apartados del interés público, pero sin duda podrían conducir hacia aquella prosperidad realmente sostenible si se centraran en el ser humano como fin en sí mismo a partir de la exploración de sus potencialidades.

En este orden de ideas, existen un conjunto de herramientas metodológicas y aproximaciones teóricas por medio de las cuales la disciplina antropológica puede contribuir al análisis y estudio de las políticas públicas, partiendo de instrumentos como las metodologías cualitativas y las investigaciones etnográficas que guíen la evaluación de aquellas sobre una perspectiva crítica, con el objeto de caracterizar, reflexionar y comprender cómo estas políticas funcionan, partiendo del dinamismo y esencia cambiante del hombre. En este sentido, y utilizando como ejemplo el estudio de los CCT`s en economías petroleras como el caso venezolano, algunos antropólogos señalan la necesidad de considerar aspectos como la simbología que contienen, la representación de fórmulas de legitimidad para el legislador, el papel que desempeñan los discursos y tecnologías políticas, las formas de gubermentalidad que surgen entre los gobernantes y la sociedad e incluso el sentido emocional que subyace al uso de dichas políticas económicas sobre una plataforma cultural, todos ellos procedimientos ejercidos desde el Poder que usualmente ocultan sus mecanismos de funcionamiento o criterios de aplicación en el tiempo, más allá de los reportes meramente estadísticos.

Históricamente, Venezuela es una nación caracterizada por una abierta vocación cultural hacia la dependencia del Estado, edificada en base a nuestras creencias, mitos e ideologías comúnmente paternalistas enraizadas en una sociedad de rasgos matrisociales. En este contexto, no resulta sorpresivo que ocurran dos fenómenos: desde la población, una conexión emocional positiva hacia el ofrecimiento y aplicación de estrategias económicas y sociales centradas en el sustento –o mantenimiento- directo de sus vidas bajo un criterio clientelar; y desde el Gobierno, una necesidad de control vertical e invasiva sobre las personas, de construir redes que faciliten la intervención sobre cada una de las actividades cotidianas –económicas principalmente- de los ciudadanos, en detrimento de la libertad y autonomía del individuo, comportamientos que aún persisten, fortalecen y legitiman el ejercicio populista en el presente. Debemos recordar que este tipo de prácticas gubernamentales pueden encontrar contención, o al contrario, potenciarse, según las características socioculturales, el imaginario colectivo y la visión del mundo de los grupos humanos y sociedades donde se empleen, siempre variantes dependiendo de su estructura de incentivos.

Retomando el planteamiento inicial, los CCT’s son un tipo de subsidio directo de dinero en efectivo que se caracteriza por enfocar su acción en las familias de menores recursos y circunstancias de extrema pobreza, fomentando la participación de sus usuarios en los diversos servicios ofrecidos por el Gobierno, y que, habitualmente, incluyen como piedra angular la asistencia de los hijos de estas familias a las escuelas estatales. En países como México (Programa Oportunidades) y Brasil (Bolsa de Familia), donde la utilización de dichos programas proviene de una larga tradición surgida en años de crecimiento económico, su manejo y operatividad es atribuible al Ministerio de Desarrollo Social, encargado de la coordinación, diseño, requisitos de incorporación, monitoreo y evaluación objetiva de los mismos, a fin de delimitar –bajo el criterio de temporalidad- el momento en el cual los beneficiarios pueden considerarse como ‘graduados’ del programa, según los objetivos establecidos inicialmente. En la década de los 90, e incluso en la actualidad, las políticas sociales basada en CCT´s gozan de respaldo en gran parte de América Latina, donde diversos indicadores sustentan su eficacia como fórmula para aliviar la pobreza -se le atribuye el cortar la transmisión de pobreza intergeneracional a través del cuidado de la salud de las familias beneficiadas, el acceso a la educación, el auspicio de co-responsabilidades, entre otros, a partir de su incremento en presupuesto y cobertura- (para mayor soporte estadístico de los programas, ver aquí)

No obstante, la naturaleza propia de este tipo estrategias y su confección intrínseca trae en sí fenómenos muy comunes en nuestras latitudes, especialmente en gobiernos de corte socialista: la corrupción, la conformación de monopolios y una abierta cultura clientelar orientada a satisfacer los intereses políticos e ideológicos de los detentores del poder, especialmente en coyunturas electorales o donde se requiere un incremento del apoyo popular. Esto trae como consecuencia, en primera instancia, la agudización de pugnas internas entre los que ostentan el control discrecional de los programas –manejo de los recursos, criterios o ‘condicionantes’ bajo los cuales se incorpora o no una familia- favoreciendo la burocratización desde las entidades gubernamentales y la creación de grupos de interés. Y en segundo lugar, genera un sostenido desincentivo para emprender, crear y producir a partir del esfuerzo propio, lo que conlleva a una ruptura motivacional –la emoción juega un papel esencial aquí sobre la razón- que tiene por objeto mermar la confianza en las potencialidades del ser humano para ser responsable de sí mismo y superar las condiciones de pobreza, aunque la pobreza no sólo en términos de privación y carencia material, sino más grave aún, dependencia del arbitrio o la codicia de otros, ruptura de la autoestima y aislamiento social de quien la padece, relegando el valor fundamental que poseen elementos como la propiedad privada y la libertad de elección en materia educativa, servicios de salud, entre otros, cuando el Estado cumple con sus funciones de garantizar las condiciones adecuadas para la consecución de estos fines (ejemplo de ello, ver la situación de Venezuela en el Índice de Derechos de Propiedad)

Éstos son sólo dos elementos dentro de la multiplicidad de factores que pueden incidir en el deterioro de una política social basada sólo en programas de subsidios, como las Misiones actualmente –indirectos- pero incluso como los CCT´s, aunque en menor proporción, especialmente si 1) no existe una revisión periódica de los criterios objetivos que lo sustentan -ni indicadores que evidencien una correlación positiva entre su aplicación y el resultado obtenido- y una delimitación finita de ellos y 2) más importante aún, si estas medidas no se acompañan con un cambio en la arquitectura de la política económica, modulado por un marco institucional y jurídico donde se respeten las reglas del juego, y que sirva como base para impulsar la creación de riqueza, los derechos de propiedad y la cooperación voluntaria entre las personas. Desafortunadamente, en algunos de nuestros países se siguen fomentando las políticas redistributivas, centradas en el estímulo a la demanda y no en la oferta de más bienes y servicios, creando obediencia en una población cada vez más dependiente de aquel que le provee en sus necesidades, como lo han demostrado varios casos recientes de la historia contemporánea. Por ello, programas como los subsidios condicionados (CCT’s) -que siguen siendo una alternativa más factible frente a opciones como sus primos, los subsidios indirectos- a pesar de haber contribuido en mejorar algunos indicadores, quizá no sean suficientes para aspirar a la verdadera superación de la pobreza. Y esto debido a que, aun cuando han sido creados bajo las ‘más sanas’ intenciones de mitigar la carencias sociales, probablemente estén destinados a convertirse en aparatos de manipulación de las sociedades como ha sido el caso de la venezolana que, a su vez, se encuentra configurada por mitos y ficciones de reconocida trayectoria, en ausencia de ideas reales de libertad y prosperidad.

Quizá esta cita del libro El Animal Social, del periodista David Brooks, resulte ilustrativa para comprender qué se puede hacer: “Brooks recomienda transformar los valores culturales de los sectores más desarticulados de la sociedad con políticas precisas de apoyo a la familia y la comunidad. La cultura cuenta, como diría Roger Scruton, pero sobre todo la grupal, la comunitaria, la que se despliega en libertad y en colaboración con los demás”. Y podríamos agregarle: se debe transformar, gradualmente, el ‘código genético’ del individuo a partir de sus emociones culturales, sobre la base de ideas novedosas y bien comprobadas que apunten al fin de la fábula latinoamericana.

CARLOS HERRERA / INVESTIGADOR OBSERVATORIO PROPIEDAD, CEDICE LIBERTAD
paísdepropietarios.org  #PaísDePropietarios