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México: Peña Nieto se repliega ante los ataques de la izquierda. Mary O’Grady

Hace unos días, mientras el taxi que tomé me dejaba en el Hotel Hilton de Avenida Juárez, me empecé a preocupar. Un muro de tablones de madera contrachapada ocupaba toda la acera frente al edificio. Parecía una obra en construcción.

Arrastré mi maleta por una estrecha apertura en la barricada, preparándome para el ruido ensordecedor de los martillos. Pero no había ruido. El Hilton sólo estaba en modo de defensa.

Era el 2 de octubre, el aniversario de la matanza de Tlatelolco de 1968, cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra grupos de estudiantes que protestaban contra el gobierno 10 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos que se realizaron ese año en Ciudad de México. Un número no confirmado de manifestantes perdió la vida. Cuarenta y cinco años después, los profesores en huelga y sus simpatizantes —anarquistas, marxistas, miembros de otros sindicatos— prometían una “marcha” de aniversario.

Había motivos para preocuparse. El 1 de diciembre del año pasado, algunos de los mismos grupos se hicieron presentes en la capital durante la asunción de mando del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Lanzaron bombas incendiarias, rompieron ventanas y saquearon edificios, arrastrando muebles a la calle para luego prenderles fuego. El Hilton fue una de las víctimas de ese día en el que ni la ciudad ni el gobierno central brindaron mucha ayuda.

En esta ocasión, el hotel estaba preparado, al igual que numerosos otros negocios en la avenida, que habían tapiado las ventanas y bajado las puertas de seguridad a mitad del día. Mientras caminaba de regreso de un almuerzo en el centro, vi a cientos de policías antimotines con cascos en las aceras y bloqueando algunas avenidas. Sus rostros jóvenes e inexpresivos miraban hacia adelante. Tal vez estaban pensando en un colega que había sido golpeado por una turba durante una manifestación dos días antes y estaba en coma.

Al caer la noche, las piedras y los cócteles molotov volaban por los aires. Asaltantes encapuchados y armados con palos y bates de béisbol atacaban a los policías, que alzaban sus escudos para defenderse. Las ambulancias recorrían la ciudad a toda velocidad recogiendo a los heridos.

Es una escena familiar desde que Peña Nieto anunció hace unos meses su reforma educativa. Los sindicatos de maestros se oponen a las nuevas evaluaciones de desempeño y al fin de la plaza de base automática. Además, los numerosos sindicalistas de tiempo completo dejarán de percibir salarios como profesores.

Para presentar sus objeciones, los maestros marchan. Algunos son extremistas y se les unen elementos que no tienen nada que ver con la docencia y hacen el trabajo sucio. Incluso si no llegan a destrozar propiedades y enviar al hospital a personas inocentes, los manifestantes interrumpen el comercio e impiden la libertad de movimiento. Como informé en mayo, los manifestantes incluso han tomado rehenes en el sur del país.

El vandalismo de los sindicatos no es ninguna novedad. El gobierno, sin embargo, no ha hecho mucho para prevenirlo. Los procesos penales por actos de violencia son poco comunes. La paralización de la capital o de carreteras importantes a menudo conduce a negociaciones con el gobierno y concesiones, lo que refuerza estas conductas.

Es algo que vale la pena mencionar en una semana en que el plan de aumentos deimpuestos y un mayor déficit fiscal sigue su curso en el Congreso. El paquete abarca nuevos impuestos sobre el capital y los dividendos y tasas progresivamente más altas a las rentas superiores a los US$38.000 al año, con menos deducciones. Se prevé que en 2014 el financiamiento del sector público como porcentaje del Producto Interno Bruto alcance 4,1%, un nivel que no se ha visto en más de una década.

Peña Nieto se enorgullece del acuerdo político tripartito, conocido como el “Pacto por México”, donde consiguió el apoyo de la centroderecha y la izquierda dura en los primeros días de su gestión. Su objetivo es minimizar el estancamiento. Pero para un mandatario que ha prometido aumentar la productividad, esto se parece más a un pacto suicida.

Para justificar su marcha atrás en los compromisos anteriores de anclar sus políticas en lalibertad económica, el gobierno de Peña Nieto ha recurrido a lugares comunes acerca de la equidad. Parte de los ingresos adicionales prometidos financiarían nuevas prestaciones del estado de bienestar.

No obstante, cuesta pensar en un ejemplo histórico en el que el populismo haya conducido al desarrollo y es improbable que México sea el primero. La recaudación tributaria del país bordea 18% del PIB, casi lo mismo que EE.UU., que es una economía mucho más desarrollada y, por ende, puede soportar una mayor carga impositiva.

Si el objetivo es que un mayor número de personas cumpla las actuales leyes de impuestos, ¿entonces por qué no empezar por una mayor transparencia del gasto y la regulación del gobierno, de modo que los mexicanos no se sientan engañados por un Estado corrupto?

Nuevos gravámenes como los que pretende imponer Peña Nieto sobre las bebidas gaseosas y la comida chatarra sólo servirán para expandir la economía informal, pese a todas sus ineficiencias.

Peña Nieto ya ha hecho buena parte del trabajo pesado en el ámbito de las reformas, al presentar una enmienda que permite la inversión extranjera en el sector energético. Tal vez crea que es hora de satisfacer su flanco izquierdo para mantener unido su “pacto”. Sin embargo, su paquete económico desincentivará la toma de riesgos y un alza de los déficits fiscales elevará las tasas de interés en un momento en que México tiene problemas para crecer.

Los dinosaurios de la izquierda dura que merodean por las calles de Ciudad de México quieren su alimento. Pero ceder a la extorsión no es la manera de gobernar un país.

MARY ANASTASIA O’GRADY
Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 21 de octubre de 2013.