Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
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Neolenguaje, sistema biométrico y libertad. Luis Alfonso Herrera

El 24.08.14 Notitarde informó que “…los supermercados venezolanos tendrán operativo desde el 30.11 próximo el sistema biométrico o de captahuellas dactilares con el cual el Gobierno busca anular el contrabando de productos de consumo básico y masivo, anunció hoy el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez (…) El sistema biométrico o de captahuellas permitirá que cada venezolano ‘haga su compra semanal con un rango de compra bastante tolerante y amplio y así evitar que una persona compre hasta 20 veces’ más de lo que necesite, sostuvo el funcionario”.

Si bien luego Nicolás Maduro aclaró que la aplicación de este sistema será “voluntario” por parte de los automercados privados, importa insistir ante la opinión pública nacional que la aplicación de este control al consumo, oculto bajo el uso del neolenguaje político adoptado por el Gobierno nacional (conjunto de palabras, frases, imágenes, propaganda política y formas de falsificación de la historia que dan cuerpo a una interpretación ideologizada de la realidad para facilitar la aplicación del proyecto socialista), tiene por objeto inicial administrar la escasez de bienes y servicios generada, de un lado, por los controles impuestos por el Gobierno en contra de la Constitución a las actividades de producción, importación, distribución y comercialización de estos últimos, y de otro, por los monopolios estatales de divisas, de importación, de producción de ciertos bienes (cabillas, cemento, etc.), de modo que la escasez, la inflación y las colas proliferan en el país para comprar alimentos no son consecuencia de ninguna guerra económica, sino de la política socialista aplicada por el Ejecutivo con apoyo de los demás Poderes Públicos.

Pero más allá, el objetivo final del “sistema biométrico para el control de precios y escasez” es completar el desconocimiento de la propiedad de los comerciantes sobre sus empresas y de la libertad de elegir de los consumidores los bienes en cantidad y calidad que deseen.

En efecto, con la aplicación del sistema los comercios privados dedicados a la venta de alimentos (luego cualquier otro comercio que quiera el Gobierno controlar por esta vía) pasarán a ser extensión de la Administración pública aunque formalmente no sean expropiados, pues sobre ellos pesan controles de precios, costos y ganancias, así como de cambio y tantos más en materia laboral, ya no tienen autonomía alguna y sólo pueden actuar como les deje sus muchos superiores jerárquicos (SUNDEE, Inspectorías del Trabajo, Ministerios, SADA, etc.), incluso respecto de cuánto y a quién le pueden vender “sus” productos.

En paralelo, los consumidores terminaremos por convertirnos en suerte de “mendigos agradecidos” si pronto no cobramos consciencia de lo inaceptable que resulta el que unos burócratas que propician el abuso y la corrupción más escandalosa decidan por nosotros qué, cuánto y cómo consumir, como ya lo hacen respecto de las personas que sólo pueden adquirir alimentos y demás bienes en empresas estatales como los abastos Mercal y Bicentenario, a las que marcan en contra de su dignidad, supuestamente para evitar el contrabando y el acaparamiento, cuando estos delitos los cometen grupos distintos a los consumidores de a pie, que son tolerados y quizá en casos apoyados por instancias oficiales para que actúen con impunidad, en especial en las fronteras. Activar la participación ciudadana ante este nuevo atropello es lo que urge.

LUIS ALFONSO HERRERA | NOTITARDE
*Abogado, Licenciado en filosofía miembro de CEDICE Libertad
@cedice