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Nueva Constitución y política energética

El presidente de PDVSA, en la promoción del Plan Siembra Petrolera

Por: Diego J. González Cruz

El presidente de PDVSA, en la promoción del Plan Siembra Petrolera, dijo: “Sin la participación del sector privado no vamos a poder desarrollar este Plan. Estamos buscando los mecanismos para su máxima contribución. Petróleos de Venezuela extiende su mano. Solo estamos esperando por ustedes, pues el Plan Siembra Petrolera es bien complejo y ambicioso”. Este llamado seguramente no tendrá respuesta positiva, porque ante las experiencias de los Contratos de Servicio, y próximamente de las Asociaciones de la Faja del Orinoco, no hay seguridad de que las reglas se respetarán. La Constitución Nacional no garantiza plenamente la protección del capital nacional ni internacional, así como la propiedad privada y la libre empresa.

El presidente Hugo Chávez y, por su parte, Manuel Rosales han coincidido en la necesidad de modificar la Constitución. Esta es una oportunidad excelente para plantear la necesidad de una política energética de Estado que quede plasmada en la Constitución, y que sirva para potenciar una Nación que dispone de importantes recursos energéticos. Hay que enfatizar que debe ser una política de Estado y no de Gobierno, porque de ser esto último se corre el riesgo de que al cambiar el Gobierno la tentación de cambiar la política sea alta, como ha ocurrido en materia petrolera desde que se materializaron las políticas propuestas por Rómulo Betancourt entre 1959 y 1975 en materia de no más concesiones, la creación de una empresa petrolera nacional, la creación de la OPEP y la estatización de la industria petrolera. Después, entre 1982 y 1997, no hubo políticas de Estado, sino de Gobierno. Fue conocida como la Apertura. Se, modificó, sin argumentos, a partir de 1999.

Tanto las energías fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón, como las no fósiles: hidráulica, solar, eólica y biomasa; todas están presentes en el país en cantidades significativas. En 2004, de un total de energía producida de 4.592,7 miles de barriles diarios equivalentes de petróleo (MBEP), 3.330,4 MBEP fueron de petróleo (72,5%), 698,8 MBEP de gas (15,2%), 430,5 MBEP de hidroelectricidad (9,4%), 94,8 MBEP de carbón y leña (2,1%) y 38,2 MBEP de Orimulsión (0,8%). De este gran total de energía producida se consumen en el país apenas 747 MBEP (16,3%). Hay que destacar que de ese volumen no se aprovechan 110 MBEP. Todavía no se tienen estadísticas del consumo de energía solar y eólica, pero nadie duda del potencial que se tiene de las mismas.

Venezuela no es una isla, y su política energética debe estar inscrita en el entorno hemisférico. La influencia que tendrá el país en materia energética en los países andinos, Centroamérica, el Caribe, y los EE.UU. será determinante en los años por venir. A nivel nacional las políticas que se propongan estarán signadas por los usos y precios de los energéticos, que hasta hoy presentan distorsiones entre los diferentes productos, y ni hablar con respecto de los precios en los países vecinos y de los internacionales, en general.

Hay que insistir en que una buena política energética de Estado, que influirá en la solución de los grandes problemas nacionales, gira primordialmente alrededor de desmontar un Estado que todo lo hace, deshace y decide, sin darle oportunidad al ciudadano. Esa política está relacionada con la defensa de la propiedad privada, la educación y el trabajo. Una nueva Carta Magna debería incluir una prohibición tajante de que el Estado se alce con todos los bienes que son de la Nación (de todos nosotros los ciudadanos), en especial recursos naturales como los hidrocarburos.

Hay que hacer la presión necesaria para cambiar de la actual Constitución el Título VI (Sistema Socioeconómico), en especial eliminar los artículos 302 (la reserva del Estado de la actividad petrolera) y 303 (el Estado se reserva todas las acciones de PDVSA). También será necesario incluir las ideas éticas y morales que tiene tiempo haciendo el economista Emeterio Gómez; así como las tesis sobre el capitalismo y el libre mercado que propugna CEDICE. Esta es la vía para que la sociedad venezolana salga de la pobreza y se mueva hacia la modernidad y el progreso. La nueva Constitución debe promover la existencia de un Estado pequeño, que viva de los impuestos de sus ciudadanos, y no lo contrario,. Se requiere un Estado fuerte en la promoción y protección de los derechos y las oportunidades de los ciudadanos para que sean cada vez más libres, en especial del Gobierno.

cedice@cedice.org.ve

Publicado 05/02/07 Diario El Universal