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Nueva ley no protegerá contra abusos de empresas públicas. El Nacional

Advierten que la legislación promoverá la estatización en vez de la competencia

Conindustria recordó que las expropiaciones han provocado una reducción de la producción y del empleo | Alexandra Blanco
La exclusión de las empresas estatales del ámbito de aplicación de la ley antimonopolio dejará a consumidores y proveedores desprotegidos ante cualquier abuso que cometan estas compañías, que cada vez son más numerosas en Venezuela.

La prerrogativa para el sector público se establece en el artículo 3 del proyecto de ley contra el monopolio y otras prácticas de similar naturaleza, que la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional prevé aprobar en los próximos días.

El economista Ángel Alayón recordó que los monopolios existentes en el país son estatales: petróleo, electricidad, cemento, acero. “¿Por qué si el Estado decide participar como un actor económico en los mercados, excluye las empresas públicas de la regulación?”, pregunta.

El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad ­Cedice­ advirtió, en un informe, que si el objetivo de la ley es proteger al consumidor y a las pequeñas empresas contra prácticas abusivas ningún agente económico puede estar eximido de cumplirla y aplicarla.

Conindustria también criticó esta semana la exclusión de las empresas del Estado. “Es el que ha abusado de su posición de dominio en diferentes áreas de la economía como la fabricación de cabillas y buena parte de la producción o abastecimiento de alimentos”, afirmó.

Las fuentes aseguraron que ningún país del mundo exceptúa las compañías gubernamentales de las normas antimonopolio. “Quedan sometidas a esta ley todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas”, dice la regulación vigente en Argentina, cuyo Gobierno es cercano al del presidente Chávez.

Alayón indicó que la exclusión no puede justificarse con el argumento de que las empresas estatales no cometen abusos porque actúan en función del desarrollo del país, que puede ser esgrimido por voceros del Gobierno. “Si es así, no debería preocuparles que estén sometidas a la ley”.

Más expropiaciones
La exclusión de las empresas estatales, combinada con el establecimiento de la expropiación como medida directa contra las empresas privadas, es interpretada como una evidencia de que la ley busca un objetivo distinto al anunciado.

“El proyecto no constituye un instrumento legal de protección de la competencia o antimonopolio. Por el contrario, favorece a reducidas formas organizaciones o grupos de interés amparados por el Ejecutivo, en detrimento de los consumidores y el bienestar social”, indica Cedice.

Alayón dijo que la ley parece hecha para profundizar el dominio del Estado sobre el aparato productivo. “En la exposición de motivos dice que forma parte de la transición al socialismo. La traducción económica es que se avanzará en la estatización de la economía”.

Conindustria agregó que la norma facilitará todavía más las acciones de expropiación que ha ejecutado el Gobierno en contra de las empresas privadas. Recordó que la consecuencia de esa política ha sido una reducción de la producción y el empleo.

Contra el éxito
La amenaza de expropiación no sólo apunta a las grandes empresas sino a todas, según Alayón, porque la forma en que se definen conceptos como monopolio y mercado (espacio económico relevante) hace que cualquier compañía pueda ser considerada contraria a la ley.

Cedice alertó que la ley incluye una serie de prohibiciones absolutas en contra de las estructuras de mercado en vez de castigar acciones o conductas. “Las regulaciones antimonopolio prohíben el abuso de la posición de dominio, no su ostentación”.

La ley castiga el éxito empresarial. “No importa si lo que llevó a la compañía a tener una participación mayor en el mercado es que hace las cosas bien, ofrece productos innovadores, fabrica a menores costos y vende más barato. Igual corre el riesgo de ser expropiada”, agregó Alayón.

Las normas antimonopolio vigentes en otros países parten del principio de que la conquista del mercado como consecuencia de una mayor eficiencia del agente económico en relación con sus competidores no constituye una violación, dijo.

07:25 am 10-Jun de 2012|Alejandro Hinds