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Nueva reforma de ley BCV le desvirtúa de las funciones a las que Constitucionalmente debe dedicarse

Al hacer una relación de las reformas a la Ley del BCV llevadas adelante por este Gobierno se puede observar que las mismas han venido creando condiciones para que el BCV financie directamente al Ejecutivo Nacional, quien ha presentado en su ejecución presupuestaria déficits recurrentes. Esta forma de financiamiento está expresamente prohibida según el artículo 320 de la Constitución de Venezuela, el cual señala que “…En el ejercicio de sus funciones, el Banco Central no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias…”.

CEDICE-Libertad ya venía advirtiendo los efectos perversos de esta modalidad de política, al señala en noviembre de 2009, en el Boletín “Análisis Costo Beneficio de la Reforma Parcial de la Ley de Banco Central” del Observatorio Económico Legislativo, que “el financiamiento directo por parte del Banco Central de Venezuela y el recurrente retiro de reservas internacionales, pretendidos (…), tendrán severos efectos inflacionarios en la economía. Con tan sólo financiar $5.000 millones a la República y retirar $10.000 millones de las reservas, se produciría una inflación de 42,4% adicional”. Esta afirmación pareciera agravarse con la nueva reforma, toda vez que ahora se hace más explícita la posibilidad de financiamiento directo, tanto al fisco nacional, como a sectores productivos que el ejecutivo determine como prioritarios, esta última función correspondiente al sistema financiero. Valga recordar que el instituto emisor, desde el año 2005 le ha entregado al Fondo de Desarrollo Nacional (fisco) más de 38 millardos de dólares, 5 millardos sólo en lo transcurrido de 2010.

Detallando un poco más en la reforma de 2010, la modificación del artículo 5, pareciera desviar los objetivos de BCV, al señalar que en el “En el marco de su compromiso con la sociedad, el Banco fomentará la solidaridad, la participación ciudadana y la corresponsabilidad social.”, cabe recordar que según el artículo 318 de la Constitución de Venezuela, el objetivo fundamental del BCV es “lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria”.

El Observatorio Económico Legislativo de CEDICE, considera que la autonomía del BCV, ya fuertemente lesionada con las reformas anteriores, queda anulada con la reforma del artículo 15, el cual anteriormente señala de manera expresa que el Ministro que tuviera a su cargo la competencia de las finanzas públicas no podía formar parte del Directorio. El nuevo artículo 15 quedó redactado de la siguiente manera “Artículo 15. El Directorio del Banco Central de Venezuela está integrado por el Presidente o Presidenta del Banco y seis Directores o Directoras, cinco de los cuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo Único del artículo 19 de la presente Ley, serán a dedicación exclusiva y se designarán para un período de siete años. Uno de los Directores o Directoras será un Ministro o Ministra del Poder Popular del área económica, designado por el Presidente o Presidenta de la República, con su suplente. Los miembros del Directorio así como el Primer Vicepresidente o Primera Vicepresidenta Gerente representarán únicamente el interés de la Nación”.

Esta nueva reforma fue aprobada por urgencia parlamentaria el 08 de abril y según señala su exposición de motivos, pretende adecuar al instituto emisor a los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social, el cual como CEDICE ha señalado en diversa oportunidades, es inconstitucional, pues propugna un modelo de producción socialista diferente al establecido en la Constitución de Venezuela.

Más información: asepulveda@cedice.org.ve; tel. 0212-5713357 master. Fax: 0212-576-05-12.

Caracas, 09 de abril de 2010.