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Nuevo Código Orgánico Tributario: ¿Menos impuestos o Más represión?

En la Gaceta Oficial No Extraordinario 6.152, de 18 de noviembre de 2014, se publicó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario (en lo que sigue DLCOT), el cual establece el sistema jurídico-fiscal venezolano, los principios generales de la tributación aplicables a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de ellos, y de forma supletoria, a los tributos de los Estados, Municipios y demás entes de la división político-territorial, así como la organización administrativa tributaria nacional y las garantías jurídicas de los contribuyentes.

Es el caso que bajo la premisa explícita de permitir al Gobierno nacional aumentar los ingresos a obtener mediante la recaudación tributaria (fin que coincide, por un lado, con la caída de los precios internacionales del petróleo, y de otro, con las sucesivas denuncias de presuntos casos de corrupción administrativa por cifras multimillonarias tanto en el ámbito de la Administración cambiaria, como en el del manejo de recursos de Fondos sociales e ingresos de PDVSA), fue puesto en vigencia un nuevo DLCOT, objeto de este Análisis Costo Beneficios, del cual se ha señalado que rompe con la tradición jurídica de equilibrio entre poderes de la Administración tributaria y derechos y garantías del contribuyente observada en esta materia desde el primer Código Orgánico Tributario vigente en Venezuela.

El principal impacto del DLCOT sobre la propiedad privada de los contribuyentes se encuentra tanto en el aumento de la cuantía de las multas a pagar en caso de verificación -sin intervención judicial- de ilícitos tributarios, así como en la obligación que ahora tienen los contribuyentes de pagar de inmediato, con la notificación del acto, los reparos y demás obligaciones impuestas por la Administración tributaria en ejecución del DLCOT, sea o no el monto a pagar por esas obligaciones conformes a Derecho, pues en el primer caso será mayor la disminución que en su patrimonio sufrirá el contribuyente cuando pague las multas, algunas de las cuales pueden ser incluso desproporcionales, mientras que en el segundo caso tendrá que pagar sumas de dinero que ya no podrá recuperar en términos de valor real del dinero pagado, incluso si un tribunal dice luego que no debió pagar, o que debió pagar menos de lo que pagó, por ser la decisión de la Administración tributaria total o parcialmente ilegal, ya que el reintegro o la compensación a que haya lugar no reflejará la pérdida de valor del pago por inflación, y mucho menos el daño material por el lucro cesante al no haber podido disponer de esos fondos pagados en forma no debida al fisco.

Como conclusión general cabe afirmar que para la ciudadanía en general, y para los más pobres en particular (ya que éstos son los que más necesitan de la inversión privada para conseguir empleos, bienes y servicios más baratos, y gozar de mayor calidad de vida), más allá de la retórica política, los costos del nuevo DLCOT son mayores que sus beneficios, dado que estos últimos en realidad sólo se aprecian a favor de la Administración tributaria, del Gobierno, al romper por completo este nuevo texto legislativo el debido equilibrio entre las potestades de la Administración tributaria y los derechos de los contribuyentes, y en lugar de ese equilibrio establecer una relación de servidumbre, incertidumbre e indefensión de estos últimos respecto de aquélla, habilitada como está desde el pasado mes de febrero de 2015 a actuar con absoluta impunidad e irresponsabilidad en una materia tan importante para la buena marcha de las sociedades, como es la materia tributaria.

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