Si bien sobra la evidencia y los casos específicos que lo soporten, destacando dramáticamente la caótica situación de los servicios públicos en Venezuela, el país requiere urgentemente un cambio de rumbo del modelo económico, en la orientación de las políticas públicas y en la gestión de los servicios públicos, así como en los responsables de la administración pública toda vez que reiterada y consuetudinariamente muestran su incapacidad absoluta en estos y el resto de temas relacionados con la administración pública y gubernamental.

Venezuela se está caracterizando por ser uno de los pocos países, destacando negativamente dentro de los países pobres y en vías de desarrollo, donde cualquier análisis estándar de incidencia o distribución de la población conectada a los servicios públicos y recibiendo el servicio pudiera estar mostrando retrocesos importantes. Esto a pesar de haber sido uno de los países latinoamericanos que logró mostrar una de las mayores estadísticas de penetración porcentual de servicios públicos como electricidad y agua a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y antes de la denominada revolución socialista del siglo XXI.

Más allá, en la Venezuela socialista la conexión a las redes o al Grid de transmisión y transporte no constituye necesariamente garantía alguna de suministro de los servicios públicos. Este hecho en los modernos análisis de incidencia marginal de las políticas públicas para incorporar a la población no conectada no tendría cabida alguna y sorprendería a los expertos en políticas públicas de inclusión de los más necesitados porque no sólo el alcance de la red y provisión del servicio por estas vías tradicionales está retrocediendo, sino haciéndolo de una forma regresiva toda vez que el mejor provisto patrimonialmente podrá buscar y soportar las mayores cargas de las alternativas siempre más costosas al proveedor Incumbent o dominante y adicionalmente porque poca esperanza podrá significar esta situación para aquellos hogares aislados o más pobres que esperaban ser incorporados a las redes de provisión de servicios públicos.

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Associated Press

Lo anterior está ocurriendo tanto en el sector eléctrico como en el sector de servicio de agua. La precarización y la necesidad de búsqueda de alternativas más costosas, de menor calidad no sólo en términos de salud -caso agua- sino de garantía de suministro constante y oportuno, así como a menores costos, implica indefectiblemente una destrucción de bienestar social, especialmente cuando es producto de la incapacidad de la administración pública para diseñar políticas públicas que hagan sostenible e inclusivo este tipo de servicios.

El portal Web de noticias El Estímulo publicó este miércoles 02 de mayo de 2018 una nota titulada Exministra de Chavez Manifestó en Caracas por Falta de Agua”, donde se reseña que la ex funcionaria pública aseguraría que en la zona tienen más de un mes sin contar con el suministro, motivo que los ha llevado a pagar por camiones cisterna para poder cubrir la ausencia del servicio.

Lo anterior podría servir de advertencia a propios y ajenos que la destrucción masiva de un país difícilmente deja por fuera a algunos. En específico, el tema económico y el de las políticas públicas en general así como el de los servicios públicos de red en particular exigen de parte de los responsables públicos de experticia por su complejidad técnica.

Venezuela requiere de una comunidad técnica activa y deliberante en materia de políticas públicas y regulatorias, tanto del lado del sector público como del sector privado, para que se realicen las propuestas y las advertencias sobre errores y omisiones con suficiente nivel de detalle propositivo. El sector público tiene sin duda alguna la mayor carga de responsabilidad, sin menoscabo del papel que debe jugar el sector empresarial privado para proponer y exigir modelos gestión y alternativas de políticas públicas que compatibilicen sostenibilidad en la prestación de los servicios públicos con la equidad y el acceso a los más necesitados.

El retroceso acelerado que estamos viviendo en esta materia es alarmante. ¿Dónde está el sector privado empresarial, los partidos políticos de oposición, los candidatos de distinta naturaleza, las academias, las ONGs, los think tanks, los asociacionismos de consumidores y el resto de la sociedad civil proponiendo, exigiendo y advirtiendo sobre tamaño colapso que se nos avecina?

Enrique González
Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona.