La orden ejecutiva firmada recientemente por el presidente de los Estados Unidos tiene como finalidad impedir la emisión de deuda nueva y de acciones venezolanas en ese país, además de impedir la renegociación o canje de deuda existente, así como todo tipo de negociaciones con emisiones de deuda ya existente y sus dividendos. Esta decisión se toma para castigar los vínculos señalados con el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción del actual gobierno venezolano, el cual ya ha sido calificado por la mayoría de las naciones del mundo como dictatorial. Lo que esta orden ejecutiva intenta es enviar un claro mensaje al gobierno venezolano, para que se respeten los derechos humanos, se restablezca el hilo constitucional y se impida mayor desmantelamiento de Estado de Derecho y naturalmente de su carácter republicano.

Las sanciones a la emisión de deuda venezolana está destinada a aplicarse a personas naturales y empresas en Estados Unidos o a transacciones de estos instrumentos dentro de Estados Unidos, aunque tiene un alcance mayor que el ámbito de ese país, convirtiéndose en una medida global porque disuade a cualquier ente económico de relacionarse con un gobierno con problemas éticos. Sin embargo, las medidas no hacen ninguna referencia al comercio en oro y otros activos.

Las mencionadas sanciones en materia de deuda venezolana reducen el margen de maniobra del gobierno venezolano, encareciendo su acceso a las divisas de comercio internacional. Además podrían dificultar la apertura de cartas de crédito en el exterior por parte de empresas, lo que reduciría los períodos de pago de mercancías, obligando en ocasiones a realizar pagos de contado.

Por otra parte, los tenedores de bono no podrán movilizar sus portafolios hasta el vencimiento de los instrumentos, corriendo el riesgo permanente de sufrir impacto por default. Muy probablemente la banca pública se vea afectada en sus operaciones internacionales y las opciones financieras que le quedan al gobierno son cada vez más limitadas.

Entre las opciones posibles que tiene el gobierno de maniobrar ante las sanciones tenemos la venta del oro, para enfrentar déficit de divisas y el pago de deuda pendiente este año; además de permitir transacciones bimonetarias como el caso cubano (transacciones en moneda nacional para operaciones internas, y turismo, importaciones y producción para exportación en divisas) y negociar períodos de gracia con China. Una opción adicional que expuso el mismo gobierno recientemente, consiste en permitir la circulación de monedas de otros países aliados dentro de la economía venezolana para las transacciones internacionales (yuanes, yenes, rupias, rublos). Pero independientemente de la divisa transada el precio de referencia seguirá siendo el dólar estadounidense.

El actual gobierno venezolano sigue eludiendo su responsabilidad con la ciudadanía, que es quien debe responder en primera instancia. Se centra en establecer medidas que no corregirán ninguno de los efectos perversos generados por sus políticas marcadas política e ideológicamente, y por ende el ciudadano de a pie seguirá sufriendo los efectos de una mayor escasez e hiperinflación, con sus consecuentes y trágicos impactos sociales (desnutrición infantil, mortalidad materna, incremento de la inseguridad ciudadana, mayor probabilidad de estallidos sociales).

Elaborado por: Econ. Karelys Abarca
Observatorio Gasto Público Cedice