“Muchos países sufren hoy los efectos de una inflación socialmente devastadora, un paro anormalmente alto, una errónea utilización de los recursos económicos y, en ciertos casos, la pérdida total de la libertad” (M. Friedman, 1.976)


En todos los países, el Estado estructura un presupuesto anual de gastos para llevar adelante las funciones básicas que le son inherentes. El financiamiento de dicho gasto es imprescindible y la forma de ese financiamiento tiene efectos sobre la economía del país. En este sentido, el gasto público se puede financiar con impuestos internos, con endeudamiento o con mecanismos de devaluación de la moneda, así como con una combinación de los anteriores.
La forma idónea de mantenimiento de una sana gestión fiscal es por la vía del cobro de impuestos: en el mejor de los casos, la mayor cantidad de gasto público debe ser financiada por impuestos generados por la propia economía. Cuando el gasto público supera a los ingresos fiscales, estamos en presencia de un déficit fiscal.
Ahora bien, cuando un gobierno posee el control de las reservas internacionales (incluyendo las del Banco Central y otros fondos), porque es propietario o controla la mayor actividad generadora de divisas del país, los déficit fiscales pueden ser cubiertos inmediatamente con una devaluación de la moneda.
La otra forma de financiar el gasto público es mediante la emisión de deuda interna o externa. En el primer caso se produce un efecto de alza en las tasas de interés domésticas del mercado financiero de deuda, producto de la colocación de estas nuevas emisiones, afectando el costo y oferta de dinero para los agentes que participan en el mercado. En caso de financiamiento externo del gasto público, no hay impacto sobre las tasas de interés internas ni un impacto importante sobre la inflación; sin embargo, los potenciales acreedores exigen un menú de medidas que garanticen el pago oportuno futuro de los montos solicitados, es decir un plan que garantice la estabilidad macroeconómica.
Al no tener que cargar constantemente a los ciudadanos con mayores impuestos para financiar más gasto público, el despilfarro de recursos limitados se hace más fácil. En Venezuela el Estado ha mantenido una política fiscal irresponsable en la medida que mayor gasto público deficitario se traduce en mayor deuda con acreedores en el exterior (principalmente China) y a lo interno (principalmente con el BCV).
El problema se concentra en que se trata de un gasto público improductivo, acompañado de transferencia de rentas a grupos particulares con mecanismos poco transparentes. También, subsidios generalizados como el del combustible y la electricidad, entre otros bienes y servicios básicos, implican un mayor gasto público.
El déficit fiscal siempre podrá ser monetizado por el gobierno, vía banco central, a través de la impresión de billetes por el monto que cubra la diferencia entre ingresos y gastos. Cuando esto se hace sin el respaldo de las reservas internacionales y sin que dicha expansión monetaria se corresponda con la cantidad de productos existentes en el mercado, terminará generando inflación.
La inflación originada en la monetización del déficit es una manera de apropiarse de la riqueza de los ciudadanos por parte de los gobernantes, ya que hace que el dinero en las manos del consumidor compre menos bienes y servicios, mientras que el gobierno cumple con los compromisos adquiridos. Es importante para todos vigilar que los presupuestos del Estado estén equilibrados y también darle importancia y controlar en qué se gasta nuestro dinero por parte de los burócratas. A la larga, es de nuestros bolsillos de donde sale ese dinero, ya sea con impuestos o con inflación.
Esto no es nada novedoso; la historia nos muestra infinidad de casos de los que se deben extraer lecciones y no repetir errores que tanto pesar causan a las sociedades.
En tiempos de la Revolución Francesa, específicamente en los años 1790-1797, los galos sufrían una deuda y déficit enorme. En aquel momento, acordaron que la solución para estos desequilibrios económicos era colocar más dinero en circulación, porque estimaban que la actividad económica estaba estancada por falta de moneda circulante.
Dado este panorama, sucumbieron a la idea tentadora de emitir dinero para financiar gasto público y empezaron a imprimir papel moneda sin respaldo, a lo que sumaron un control oficial férreo a los precios de los bienes y servicios ¿Resultado? La emisión de dinero se descontroló y después se percataron que era complejo detener todas las consecuencias por estos excesos.
Esta creación de dinero de “la nada” trajo el desenlace que algunos temían y denunciaron en ese momento: los precios de los bienes de consumo básico se incrementaron descontroladamente. Las autoridades de la época no tardaron en culpar de confabuladores a los que habían emigrado, a la indolencia de la burguesía, a la conducta monopólica y egoísta de los comerciantes, a la falta de lealtad patriota y a otras tantas causas más aberrantes.
Es historia repetida que mientras mayor sea la aceleración de la emisión del dinero, más rápida será la pérdida de su poder adquisitivo Una moneda no respaldada en la producción de bienes y servicios se parece más a una moneda falsa. ¿Nos falta poco para llegar a esta figuración o ya estamos ahí?
La población necesita que se detenga pronto ese empeño de insistir en la ilusión de prosperidad que genera el papel moneda sin respaldo, pues solo ha traído ruina y miseria, sobre todo a la población asalariada. La sociedad exige se contenga esa fiebre por firmar cuanto decreto y ley sobre el tema, porque son nulas e incapaces para redireccionar al país hacia un curso económico saludable. La economía no funciona por decretos, sino por incentivos, permitiendo a los actores desarrollar en libertad su actividad para atender las necesidades sociales. Igualmente, la ‘degeneración monetaria’ no se reprime a sablazos; al contrario, se combate con un programa monetario-fiscal disciplinado y responsable.