Venezuela detenta desde hace varios años el triste récord de la mayor inflación en el mundo. Dramáticamente, la inflación que alcanza niveles de tres dígitos, se encuentra en franca aceleración. Lo anterior en medio de un escenario de constreñimiento económico ininterrumpido a lo largo de los últimos cuatro años, proceso que ya supera, en términos acumulado -entre 35% y 40%-, el nivel de contracción que sufriera USA durante la crisis del crack financiero de 1929 -alrededor de 25 o 30 puntos-.

El gobierno lejos de responsablemente identificar las causas y diseñar políticas eficientes para atacarlas, ha desplegado una especie de política propagandística, pseudo-efectista compuesta entre otras “estrategias” de las siguientes:

  • Dejar de publicar las estadísticas oficiales referidas al desempeño de los precios, contraviniendo el ordenamiento legal venezolano.
    Achacar fatuamente la culpa a cualquier sector, especialmente al privado, a países extranjeros, operadores políticos de oposición ; y nunca asumir que el único responsable de las políticas económicas es justamente el Gobierno.
    Desarrollar hipótesis rocambolescas sobre las causas de la inflación para no reconocer que la inflación suele ser producto de pésimas e irresponsables políticas económicas y públicas -entre ellas fiscales, monetarias, cambiarias e incluso laborales- que terminan destruyendo la credibilidad y la confianza sobre la moneda doméstica.
    Despliegue de una casería de brujas, con estacionalidad digna de un plan de marketing político, por parte de la SUNDDE contra ciertos agentes económicos -especialmente aquellos que se relacionan directamente con el consumidor final u oferentes de productos de primera necesidad, aun cuando la inflación es generalizada-.

Destaca reciente y notablemente las enormes contradicciones en las cifras y en los argumentos espurios que representantes oficialistas de distintos rangos y responsabilidades han utilizado públicamente. Por ejemplo, Curcio y “Boza con Valdez” han insistido que más del 80% de los productos y cantidades de bienes de consumo de la cesta de los hogares en Venezuela provienen de la producción nacional. Incluso el pasado martes 22 de agosto “Boza con Valdez” insistió en estas cifras, que fueron casualmente desmentidas por el invitado del programa en VTV, un viceministro, quien los “corrigió” diciendo que la fuente principal de los bienes de consumo son las importaciones y que la distribución porcentual resulta inversa. De igual manera, el presidente de la República en el programa de José Vicente Rangel del pasado domingo 20 de agosto, aseguró que el 70% del consumo del venezolano era de origen importado -¿quién es el responsable de haber llegado a tal manifestación de rentismo y economía de puertos?-.

En el programa “Boza con Valdez” del 22 de agosto se señaló que consultoras económicas privadas habrían revelado que el crecimiento de la Liquidez Monetaria (M2) resulta inferior al crecimiento del dólar paralelo y que la tasa de crecimiento de este último era inferior a la inflación. Lo anterior lo comentaron con la intención de pretender demeritar a la teoría monetarista de la inflación e insistir en la hipótesis espuria de inflación especulativa. Acto seguido en el programa de VTV se denunció la supuesta negación de entrega de efectivo por parte de las instituciones financieras al público. Sin embargo, contrario a lo asomado por los oficialistas, lo que ocurre es que las economías en hiperinflación se desmonetizan, lo que sería producto de que justamente, llegados a un punto, el crecimiento de los precios supera al crecimiento de la Liquidez Monetaria. Luego no sería como asomaron los oficialistas que se desmentiría la teoría monetarista de la inflación, lo que sí quedaría absolutamente entredicho son las conclusiones espurias sobre una supuesta causalidad sobre la inflación en 70% por parte de la especulación vía el dólar paralelo. Me explico, el mercado cambiario paralelo lejos de representar como lo asoma Curcio y “Boza con Valdez” una definición Ad Hoc, espuria e intencionadamente errónea de proxy de la “especulación”, lo que verdaderamente estaría reflejando es la falta de confianza en nuestro signo monetario, la insuficiencia o prácticamente nula oferta oficial de divisas, el temor de tener denominación patrimonial en bolívares, e incluso la falta de función del bolívar como reserva de valor -ya explicaremos este último punto- . Por cierto, el tema del negocio oportunista de adquirir dólares preferenciales para venderlos a precios de mercado negro es otro tema distinto, fomentado por la propia política del Gobierno -siendo, adicionalmente, que las importaciones resultan fundamentalmente “oficiales”-.

Por otro lado, vale señalar como evidencia contundente de que la inflación no es producto de estrategias corporativas por parte de los privados sino producto de pésimas políticas económicas que generan escasez y falta de confianza en el bolívar; el hecho que los precios más elevados y los mayores ajustes -especial y/o específicamente de los productos regulados- se producen en los mercados negros y paralelos y no en los mercados formales ni por parte de los oferentes primarios. Hemos insistido anteriormente que incluso en el peor de los casos de ostentación de poder de mercado, una empresa monopolista, no posee incentivos para incrementar irrestricta e intertemporalmente sus precios (porque precios superiores al de monopolio, actuando en la sección elástica de la demanda implicaría mayores pérdidas de ingresos asociados a la demanda supramarginal perdida que los ingresos producto del descreme de mercado por subir el precio), ni iría incrementando sus precios hasta llegar al precio de monopolio porque esta estrategia no constituye un equilibrio de Nash (fijaría estos precios en el periodo t0 o inmediatamente). Más allá, una corrección de precios a la baja de un monopolista implicaría un cambio en nivel y no en la tendencia -que es lo que representa la inflación-.

Así las cosas, la tesis de inflación especulativa, sea proveniente del mercado cambiario paralelo o en los mercados domésticos en bolívares, donde se debaten circunscribir dos alas del pensamiento oficialista, resulta fatua y espuria.

Entonces ¿por qué suben los precios?, en el caso del oferente primario por inflación de costos y en el caso del mercado final donde acude el consumidor final -por ejemplo el mercado paralelo o secundario- por un ajuste relativo de precios entre todos los bienes y un “bien especial” llamado dinero sobre el cual se ha ido perdiendo credibilidad y confianza.

Así las cosas, efectivamente varias pueden ser las fuentes inflacionarias pero nunca corporativas.

Por el lado de los agentes económicos que detentan bolívares se encuentra la pérdida de confianza y credibilidad del signo monetario doméstico por ejemplo porque ya no cumple su función de reserva y resguardo de valor. Los economistas Nobuhiro Kiyotaki y Randall Wright en su trabajo titulado “On The Money as a Médium of Exchange” de 1989 demuestran que el dinero funge como tal -independientemente de su imposición legal y/o coercitivamente- por su aceptabilidad que dependerá de que cumpla con sus funciones de reserva de valor, unidad de cuenta y medio de cambio, pudiendo existir una situación de multi-equilibrio, donde la pérdida de aceptabilidad creará un mal público donde todos querrán deshacerse del signo monetario doméstico por cualquier otro activo y a cualquier precio relativo. Valga decir que esta teoría endógena del dinero planteada por Kiyotaki y Wright no se encuentra en conflicto ni contradicción con la teoría monetarista de la inflación y pudiera explicar los desempeños monetarios, cambiarios e hiperinflacionario venezolano (ver aqui).

Por el lado de los productores y la inflación de costos queremos traer a colación el aporte realizado por uno de los economistas más prolijos e importantes que haya existido, William Baumol -fallecido en mayo de 2017- y su tesis de la Enfermedad de los Costos -desarrollada originalmente en la segunda mitad de la década de los sesenta-. Esta tesis de Baumol resulta importante para comprender cómo políticas públicas en materia laboral como los ajustes de sueldos y el igualitarismo constituye una de las fuentes de la inflación, esencialmente porque introduce un componente recursivo e inercial en las magnitudes nominales. Si los ajustes salariales -por ejemplo el salario mínimo y éste como referente- no guardan relación ni se justifican en ganancias de productividad se generará inflación. Como lo plantea Baumol si tal ajuste salarial viene orientado por aquellos sectores económicos que siendo más productivos pueden soportar una imposición de aumento de los salarios que no tendría por qué repercutir sobre los precios finales porque este sector financiaría el ajuste salarial vía ganancia de productividad y ahorro de recursos; sin embargo los sectores menos productivos o cuyo ajuste salarial supere la ganancia de productividad, terminarán creando inflación al tener que realizar un pass-through del aumento de salarios y la perdida de productividad hacia los precios finales. Nosotros destacaríamos un efecto “indirecto”: el aumento de salarios no justificado en ganancias de productividad no sólo tienen un efecto directo de aumento de los precios, sino que al pinzar los márgenes del empresario, reducirán la oferta lo que genera una nueva presión inflacionaria por escasez. La receta para crear una tormenta perfecta sería intentar indexar los salarios a la inflación en escenarios de pérdida de producción y productividad. (Ver aqui)

Concluyendo, sean cual sea las causas de la inflación -nunca corporativa-, como mal público es única y exclusiva responsabilidad del Gobierno, su persistencia es evidencia de la inacción o ineficiencia pública, su aceleración es evidencia de que se actúa erróneamente, y cuando se reniega la responsabilidad pública se evidencia que la inflación es delibera -por ejemplo, porque se valora licuar las deudas públicas, así como producto de políticas populistas-.

ENRIQUE GONZALEZ | Economista UCV. Profesor de Economía Gerencial, UNIMET. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London, University of London. Especialización en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Farmacéutico, Transporte, Agua y Banca, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Pompeu Fabra. Programa Avanzado en Política de Competencia, Instituto de Empresas, IE.