En Venezuela deben crearse espacios e instancias de discusión sobre su futuro, lo que implica profundizar en la concepción de la sociedad hacia la que avanzaremos, prestando especial atención, entre muchos otros temas, al referido a los servicios públicos de red. Temas como la incidencia que tendrían los distintos modelos alternativos de este sector y su gestión para cada tipo de servicio público de red respecto a objetivos de crecimiento económico; eficiencia en la utilización de los recursos y en la provisión de los servicios; respecto a objetivos de equidad, acceso e inclusión -incluyendo redistribución de ingresos a través de la provisión de estos servicios-; su sostenibilidad en el tiempo; la equidad intergeneracional; así como su impacto debido a las externalidades tanto positivas como negativas en su provisión y consumo respectivamente, deben ser analizados, estudiados y discutidos.

Una propuesta no puede limitarse a asomar un simple cambio en los personajes que conforman el Ejecutivo Nacional. Las propuestas deben asomar, valorar y señalar las alternativas sobre la participación y el papel que desempeñará el sector privado en estos sectores -lo que implica discutir la privatización o alternativas como los Contratos de Servicio; Contratos de Administración; Contratos de Leasing; Concesiones de Operación; Construcción, Operación y Transferencia, etc.-, así como el papel que desempeñará el Gobierno para garantizar que objetivos de equidad y de valoración de las externalidades se cumplan.

Si bien resulta cierto que aún cuando este tipo de sectores comparte características como lo es detentar renglones a lo largo de su cadena de valor con estructuras de costos subaditivas, existen otras ideosincráticas que exigen un diseño y una gestión específica por tipo de servicio público de red. Por ejemplo, alguno de estos servicios difícilmente encuentra sustitutos entre ellos -inter-sectorialmente-, otros por el contrario resultan sustitutos cuando menos imperfectos. En otros casos es posible que pueda existir una gestión integrada verticalmente o alternativamente una unbundled (requiriéndose un modelo de sector y un modelo de regulación que fomente la competencia en los estadios de valor competitivos y que evite pérdidas de bienestar social por el poder de mercado detentado en otros). Asimismo, una característica que suele asociarse más al sector de servicios de Agua, Saneamiento e Higiene, especialmente en países en desarrollo como lo es la brecha entre la Valoración por el Servicio y la Capacidad de Pagar -además de sus importantes externalidades y difícil sustituibilidad-; en el caso venezolano puede estar presentándose a lo largo de muchos servicios públicos de red dada la depauperación de la capacidad de pago de sueldos y salarios (esto impone un reto nada trivial en materia de Tarificación, equidad, sostenibilidad y eventuales subsidios).

Asimismo, la precariedad actual en la prestación de los servicios públicos de red en Venezuela y los rezagos en la revisión, rediseño, actualización y ajuste de las tarifas incluso pone en duda y riesgo la sostenibilidad en la prestación de este tipo de servicios.

Así las cosas, evidenciado en el desempeño de los servicios públicos de red, Venezuela requiere discutir cuál modelo de sector y gestión aplicará a futuro para alcanzar los objetivos enunciados en la introducción del presente artículo.

Para ello, además de analizarse las alternativas de participación privada y pública cuando menos regulatoria para esta última, debe profundizarse en los esquemas de Tarificación para cada tipo de sector.

Toda vez que todos presentan características de rendimientos crecientes a escala, esquemas de Tarificación de discriminación con subsidios cruzados pueden coadyuvar a alinear tanto objetivos de sostenibilidad del servicios, como de equidad e incluso de ponderación de las externalidades. Para ello habrá que valorar qué tipo de esquema de subsidios cruzados será utilizado, que resulte eficiente en términos de incorporación de demandantes de bajos ingresos y a su vez resulte sostenible tanto porque se cumpla con la restricción de participación del proveedor como porque no se creen incentivos por parte de grupos de clientes para buscar alternativas al prestador del servicio por presentarse subsidios cruzados basados en el criterio de Stand-Alone Costs (o cuando menos diseñar esquemas regulatorios que impliquen concurrencia limitada y/o la imposición de Servicio Universal y su fondeo).

Eventualmente debe darse respuesta a qué alternativa a la tarifaria con subsidios cruzados podría implementarse simultáneamente, en la medida que la aplicación exclusiva de la primera con la intención de cumplir una meta de equidad e inclusión específica, podría terminar generando destrucción del bienestar social por un efecto neto negativo ante reacciones de búsqueda de alternativas de servicio o por la prescindibilidad del servicio por parte del grupo de consumidores de alta disponibilidad de pago que financia el acceso de los de baja capacidad de pago (aun cuando existan externalidades positivas por el consumo del servicio como ocurre en el sector Agua o aún cuando la equidad sea considerado por todos un bien social).

Todo lo anterior exige de una serie de data, información, estimaciones, simulaciones y análisis que brillan por su ausencia.

Ninguna de las alternativas electorales ha discutido con profundidad tema tan trascendente y transversal como el de los servicios públicos de red. Pero tampoco lo han hecho las fracciones políticas fuera de la contienda electoral. Por su parte ¿Qué tendrá que decir el sector privado al respecto toda vez que éste estaría llamado a desempeñar un papel trascendente en este tipo de sectores económicos?

Enrique González
Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona.