“Default selectivo” es un término que Standard and Poor’s está utilizando para Venezuela, luego que el país se retrasara en el pago de interés de dos cuotas sobre su deuda externa por el monto de US$200 millones, mientras la agencia Fitch declaró al país en incumplimiento restringido, sólo un nivel por encima de la suspensión de pagos definitiva por concepto de deuda externa.

Sin embargo, el panorama amenaza agravarse por la falta de acuerdos concretos entre el gobierno de Venezuela y los acreedores del 40% de la deuda externa (unos US$ 60.000 millones). Standard and Poor’s advirtió que otras cuatro emisiones de bonos representan retrasos, aunque aún están en período de gracia.

Las sanciones de Estados Unidos son el principal obstáculo a la negociación de la deuda, ya que impiden a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con personajes del gobierno, quienes precisamente están llevando el proceso de reestructuración de la deuda.

Venezuela se encuentra hoy en una encrucijada, porque debe hacer frente a los pagos de deuda o proveer de alimentos y medicinas al país, ya que antes el gobierno ha sacrificado importaciones por pagar deuda. Sin embargo el escenario político cambia al aproximarse las elecciones presidenciales, mientras el riesgo de caer en default definitivamente conllevaría a que la empresa petrolera venezolana, fuese vetada en el mercado internacional.

Un nuevo elemento le da un respiro al gobierno venezolano, al Rusia aceptar la reestructuración de US$ 3000 mil millones de su deuda, pero esa operación sólo es una gota de agua en un océano de deudas que podrían alcanzar los US$ 195.000 millones. No cabe duda que el default parcial o selectivo podría preceder a un default total, con reservas internacionales en US$ 9681 millones, US$ 1470 millones de dólares que faltan por pagar en el 2017 y US$ 8000 millones pendientes para el 2018, lo que significa una probable confiscación de activos de la República en el extranjero

Elaborado por: Econ. Karelys Abarca