La declaración del ministro de la Defensa de la imposibilidad, dado el nivel del nuevo sueldo mínimo, de mantener las estructuras salariales, constituye un reconocimiento de, primero, que la medida estrictamente política no cuenta con respaldo o suficiencia presupuestaria, segundo, que resultó un aumento Ad Hoc, arbitrario y populista que no contó con ninguna referencia en incremento de la producción y/o la productividad

En este sentido, como suele ocurrir actualmente con las políticas públicas en Venezuela, muy especialmente aquellas rimbombantes de corte populista, el anuncio no suele ir acompañado ni de un análisis del impacto de la medida, ni se explica de dónde provendrán los ingresos para financiar dicha medida.

De la declaración del ministro, abiertamente se asoma o puede intuirse, cuatro fuentes de “financiamiento” por defecto. La primera, vía traspaso del incremento de estos costos laborales a los precios, por lo que dicho aumento terminará siendo pagado por los consumidores finales -especialmente porque en términos reales no ha existido mejora de la productividad, lo que dicho sea de paso niega la aseveración Ad Hoc del presidente y del vicepresidente de la República que producto de sus medidas económicas la oferta, la actividad económica y la oferta de bienes se han incrementado-. Así las cosas la primera vía de financiamiento recae sobre los consumidores finales. La segunda vía de financiamiento, en la medida que la depauperación del poder de compra de la moneda y la demanda es elevada y existe alta elasticidad de la demanda, será por medio del pinzamiento de los márgenes de los oferentes -lo que nuevamente niega la tesis oficial de expansión de la oferta producto de su Paquete Económico Rojo-. En la medida que los márgenes de las empresas sean pinzados al extremo de desincentivar la actividad económica no sólo veremos menor oferta, sino despidos y desempleo. La tercera vía sería por medio de ajustes de precios relativos entre los bienes escasos y el signo monetario -el Bolívar Soberano- es decir vía inflación.

La cuarta vía de financiamiento, la asomada por el ministro -el achatamiento de la estructura salarial- implicarían unos subsidios cruzados por parte del resto de los trabajadores y empleados de mayor productividad y remuneración que podrían ver no sólo desaparecer la escala salarial, sino los respectivos ajustes sucesivos de sus salarios que permitan que la pérdida de poder de compra de su salario no caiga tan velozmente. Así las cosas, este subsidio cruzado entre trabajadores podría traducirse en una mayor velocidad de pérdida de poder de compra de sus salarios en términos reales, si el subsidio cruzado se basa en la ralentización de los ajustes de los salarios de los trabajadores cualificados que no poseen como referencia el sueldo mínimo.

Por el otro lado, dicho aumento salarial lo pagará la población desempleada y de menor cualificación cuya inserción en la economía formal será más difícil y lenta -lo que implica asimismo que la economía continuará su proceso de informalización-.

Adicionalmente, lo anterior coadyuvará a un aumento del éxodo de los trabajadores cualificados de Venezuela, sobre quienes podría terminar recayendo la carga de financiamiento, cuando menos parcial, del aumento del salario mínimo. Ciertamente la movilidad no es automática, pero aquellos mejores dotados, preparados o con más recursos -financieros y cognitivos- para hacerlo, serán los primeros.

El Interés Público Económico podría estar violentándose, especialmente cuando existen políticas alternativas para controlar las verdaderas causas inflacionarias y para coadyuvar a la inserción económica y social. Todas y cada una de las medidas económicas anunciadas recientemente por el Ejecutivo Nacional, preponderantemente las de ámbito microeconómico, constituyen elementos objetivos inobjetables del perfeccionamiento de un modelo de sociedad suma cero expoliador por imposición gubernamental.

Autor: Enrique Gonzalez Porras, Economista, Investigador de Cedice Libertad. Master en economía industrial.