La semana del 15 al 19 de octubre, se aprobó un acuerdo y se realizó la primera discusión de un proyecto de Ley. El pleno debatió sobre la escasez de gasolina. La diputada, Adriana Pichardo, se sumó a la lista de parlamentarios perseguidos por el gobierno, mientras Williams Dávila apuntó otra amenaza en su contra. La CIDH y la UIP abogaron por el diputado Juan Requesens, preso en el Sebin.

Leyes, acuerdos y debates en las plenarias de esta semana

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El primer punto de la agenda, el proyecto de Ley del BCV, fue presentado por el presidente de la comisión de Finanzas, Rafael Guzmán (PJ-Miranda), quien afirmó que parte de la crisis económica que atraviesa el país tiene que ver con la falta de autonomía del ente emisor. El proyecto recoge el contenido de la Ley del BCV del año 2001 y agrega otros aspectos: “Garantiza la autonomía al directorio del BCV; garantiza que el BCV sea el único rector de la política monetaria; suprime los convenios cambiarios; y devuelve la libre convertibilidad de la moneda para atraer la inversión local y extranjera”. Cabe destacar que esta norma fue sancionada en 2016 y declarada nula por el TSJ. Esta semana se aprobó en primera discusión y pasó a consulta pública.

El presidente de la comisión de Política Exterior, Francisco Sucre (VP-Bolívar), presentó el acuerdo que insta a la comunidad internacional a sumarse a la solicitud formulada el pasado mes de septiembre por seis países, ante la Corte Penal Internacional, para dar celeridad a la investigación preliminar sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Omar González (VV-Anzoátegui) consignó por escrito una propuesta para que el pleno declarase persona no grata al ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero (que no se votó en la sesión). Intervinieron además Williams Dávila (AD-Mérida) y Ángel Medina (PJ-Bolívar). El acuerdo aprobado compromete a la AN a respaldar investigaciones a favor de los DDHH de los venezolanos, remitir el acuerdo al Consejo de DDHH-ONU, a la Alta Comisionada de DDHH-ONU y a las embajadas de los países que han respaldado las investigación, y realizar gestiones para que otros países se adhieran.

Elías Matta (UNT-Zulia) presentó el tercer punto: un debate sobre la escasez de gasolina. Dijo que el racionamiento del combustible se registra prácticamente todo el país, pero con más drama en los estados fronterizos. Denunció que las más grandes refinerías de la región, ubicadas en Venezuela, funcionan hoy en día a 40% de su capacidad. Intervinieron Sergio Vergara (VP-Táchira), Carlos Andrés González (AD-Trujillo) y Luis Lippa (PJ-Apure).

Puntos de información

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Comisiones de trabajo

  • Contraloría anunció que el proyecto de ley de recuperación de activos producto de la corrupción entrará a debate en la próxima plenaria de la AN.
  • Ciencia recibió a representantes del Colegio de Veterinarios, Fedenaga y Feporcina para discutir contenido del proyecto de ley para el mejoramiento genético animal.
  • La subcomisión de Educación presentó los avances de su propuesta educativa al primer vicepresidente, Julio César Reyes (AP-Barinas).
  • Familia discutió y aprobó su informe de gestión trimestral.
  • El Parlamento Amazónico Venezuela aprobó en primera discusión el Convenio Internacional en Defensa del Medio Ambiente contra del ecocidio del Arco Minero.
  • Administración y Servicios recibió a:
    • Representantes de Familia Metro, quienes expusieron la degradación del sistema Metro de Caracas y pidieron citar a sus directivos.
    • Víctor Álvarez, de Soy Venezuela, que solicitó investigar el creciente uso de ‘perreras’ como medio de transporte público en Monagas.
    • Luis Barragán (VV-Aragua) que denunció el colapso de la vialidad y los servicios en los municipios Linares y Mariño del estado Aragua.
    • César Alonso (UNT-Vargas) que responsabilizó al alcalde y al gobernador de Vargas por la muerte de dos niñas en un derrumbe.

Poderes confrontados

  • El lunes 15, contrario a lo establecido en el artículo 313 de la Constitución vigente y en la Ley, el ministro de Planificación, Ricardo Meléndez, consignó el proyecto de ley de presupuesto y el proyecto de ley de endeudamiento para el año 2019 ante la directiva de la ANC, ente calificado de ilegítimo por la Unión Europea. La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público establece que estos instrumentos deben ser presentado ante la AN para su discusión y aprobación.

Destacado de la semana

  • El martes, la primera vicepresidenta de la ANC calificada como ilegítima por la UE, Tania Díaz (PSUV), declaró que los parlamentarios del Bloque de la Patria que participan en la AN, “solicitarán a la UIP una evaluación de Julio Borges y Juan Requesens”.  Díaz declaró desde Ginebra en compañía de los diputados Juan Marín (PSUV) e Ilenia Medina (PPT). Como se sabe, desde abril de 2017, los diputados del GPP dejaron de acudir a la AN, sin embargo Medina y Marín se incorporaron a la sesión del 17 de abril de 2018 para constatar el procedimiento aplicado por el pleno para autorizar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro por el TSJ en el exilio. Delsa Solórzano, directivo de la UIP, dijo que los dirigentes del PSUV no son reconocidos como diputados de la AN y sus gestiones fueron a título personal.

Agresiones a diputados

  • -El lunes 15, Adriana Pichardo (VP-Aragua) denunció que funcionarios que se identificaron como de la DGCIM pero que vestían uniformes del Sebin, allanaron su residencia en Caracas sin presentar una orden de un tribunal. Dijo que los funcionarios querían implicarla en el ocultamiento en su vivienda de uno de los cuatro militares liberados la semana previa. El hecho fue condenado por el Parlasur Venezuela y por la junta directiva de la Asamblea Nacional.
  • El miércoles, el vicepresidente de comunicaciones, Jorge Rodríguez, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que vinculó a Williams Dávila (AD-Mérida) en el caso del asesinato del dirigente y diputado oficialista, Robert Serra, ocurrido en octubre de 2014. Dávila, la delegación del Parlasur Venezuela y el presidente de la AN, Omar Barboza (UNT-Zulia) rechazaron el señalamiento.
  • Caso Requesens. El viernes 12 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida de protección a favor de la vida, integridad personal  y ejercicio parlamentario del diputado Juan Requesens (PJ-Táchira), detenido y  recluido ilegalmente en El Helicoide desde el 7 de agosto de 2018. La resolución ordena al Estado venezolano proteger a los partidos opositores venezolanos y en particular a Primero Justicia. La CIDH solicitó al gobierno venezolano la liberación inmediata de Requesens y respeto a su investidura como legislador. Además, exigió al gobierno informar cada 15 días sobre el estado de salud del diputado y que una comisión independiente certifique, in situ, su estado psíquico y físico. El jueves, el comité de DDHH de los Parlamentarios del a UIP condenó todos los atropellos perpetrados contra Requesens y reiteró solicitud de autorización para enviar una misión de DDHH a Venezuela.

También fue noticia

  • A lo largo de la semana, Américo De Grazia (Causa R-Bolívar) denunció detalles del asesinato de 7 personas durante una emboscada de la guerrilla colombiana ELN en las minas de Bochinche en El Callao. Dijo que hay complicidad del Estado.
  • El lunes, Franklin Duarte (Copei-Táchira) denunció la muerte de 5 venezolanos cuando intentaban huir de la crisis hacia Colombia por el río Táchira.
  • Dinorah Figuera (PJ-Aragua) encabezó una manifestación en las inmediaciones del Sebin de Plaza Venezuela en rechazo “al asesinato del concejal Fernando Albán”.
  • Manuel González (Copei-Bolívar) calificó como grave la persecución contra los trabajadores de CVG Minerven, quienes desconocen la nueva tabla salarial.
  • El martes, Delsa Solórzano (UNT-Miranda), Luis Florido (Indep.-Lara) y Williams Dávila (AD-Mérida) se reunieron con congresistas estadounidenses para informarles sobre la muerte de Fernando Albán cuando era preso del Sebin.
  • Romel Guzamana (Prociudadanos-Amazonas) responsabilizó al ZODI de supuestos bombardeos en las mimas de Upata que habrían causado varios muertos.
  • Juan Guaidó (VP-Vargas) y el Secretario de la AN, Negal Morales, presentaron la aplicación móvil “Mi Asamblea” que permitirá conectar a los electores con la AN.
  • El gobierno anunció la supresión del dólar como moneda referencial para las subastas del Dicom y adoptó el euro y el yuan.
  • El miércoles, la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, anunció la anexión de su país a la solicitud a la CPI para que investigue la violación de DDHH en Venezuela.
  • El jueves, el presidente del Parlasur, Tomás Bittar, solicitó al gobierno de Venezuela “garantizar la vida del parlamentario Williams Dávila”.
  • Diputados de 15 estados marcharon junto a la ciudadanía hacia las sedes del MP; pidieron renuncia de Tarek Saab por el caso Albán.
  • Durante un foro sobre DDHH, Renzo Prieto (VP-Táchira) denunció las torturas de las que son objeto los presos políticos en Venezuela; consideró urgente que la Alta Comisionada de DDHH Michelle Bachelet visite el país.
  • Stalin González (UNT-Caracas) y Juan Andrés Mejía (VP-Miranda) participaron en una asamblea en Los Palos Grandes donde discutieron sobre la hiperinflación.
  • Diputados del estado Lara, inspeccionaron la termoeléctrica Argimiro Gabaldón, de Palavecino, inaugurada en 2008 y cerrada en 2010.
  • Julio Borges (PJ-Miranda) se reunió en Bogotá con la vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez y el ex presidente de España José Aznar.
  • El viernes, la comisión de Contraloría aplaudió las acciones de la Procuraduría de México que desmanteló una red empresarial vinculada a la corrupción de los CLAP.

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