En la semana del 22 al 26 de octubre, se aprobó en primera discusión el proyecto de ley de salud, en mora constitucional desde 1999. El pleno conoció detalles de la investigación que adelanta la comisión de Contraloría sobre la corrupción de los CLAP y miembros de comisión de Administración y Servicios realizó visita al estado  Falcón.

Leyes, acuerdos y debates en las plenarias de esta semana

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La sesión de esta semana inició con una solicitud por escrito presentada por Williams Dávila (AD-Mérida) para que el pleno conociera de una acusación en su contra formulada días atrás por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien lo vinculó al asesinato de Robert Serra. Dávila rechazó los señalamientos, solicitó que la comisión de Política Interior investigue lo dicho en su contra y pidió que se notifique a la UE, UIP, Alta Comisionada de DDHH-ONU, Parlasur, Parlatino, Parlaméricas y la OEA. La junta directiva acogió la petición.

Aunque el orden del día contemplaba 4 puntos, el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza (UNT-Zulia) propuso el diferimiento del acuerdo en apoyo a las decisiones de la Unión Europea con relación a la crisis política venezolana, con el propósito de incluir nuevas resoluciones que se esperan desde la Unión Europea y el Parlamento Europeo sobre Venezuela. Richard Blanco (16J-Caracas) solicitó la modificación del orden del día para incorporar el debate de un acuerdo que su fracción propuso la semana previa para declarar persona no grata al ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Barboza replicó que ese punto también sería diferido para la próxima sesión. La fracción 16J expresó por escrito su desacuerdo con la decisión.

El primer punto de agenda fue presentado por el vicepresidente de la comisión de Desarrollo Social, José Trujillo (AD-Aragua) quien destacó que desde 1999 han pasado tres periodos legislativos y no se había aprobado la ley de salud que manda la constitución. Indicó que esta ley forma parte de las leyes del sistema de seguridad social junto a la ley de empleo, del seguro social, vivienda y una de pensiones. La ley suprime la autonomía de todos los subsistemas de salud y los unifica bajo la égida del Estado. Al mismo tiempo fortalece la descentralización de la administración de la red hospitalaria hacia gobernaciones y alcaldías. La ley prevé que la asistencia médica para los venezolanos en el exterior también sea garantizada por el estado a través de las embajadas y consulados. Intervinieron además William Barrientos (UNT-Zulia), Ismael León (VP-Caracas) y María T. Pérez (Concertación-Lara). Todos resaltaron la participación en la elaboración del proyecto de José Manuel Olivares (PJ-Vargas) exiliado, y de Juan Requesens (PJ-Táchira) preso en el Sebin. El proyecto fue aprobado en primera discusión.

El segundo punto del orden del día, fue presentado por Américo De Grazia (Causa R-Bolívar) y se trató de la denuncia de la masacre de 7 mineros en las minas de Bochinche en Bolívar, ocurrida el 14 de octubre a manos de la guerrilla colombiana del ELN. Dijo que desde el 26 de septiembre de 2006 han ocurrido 42 masacres de distinta naturaleza, solo en Bolívar y una de las más recientes fue denunciada desde la AN en marzo de 2016 en Tumeremo. De Grazia denunció al sujeto apodado ”el Jairo” quien sería el comandante del ELN en las zonas mineras del municipio Sifontes. “El ELN no solo está en Tumeremo o en Amazonas explotando oro y diamante, procesando cocaína. Está en Apure, en Táchira y en Zulia cobrando vacunas, secuestrando. Hoy el ELN pretende controlar todo el oro del Arco Minero. Controlan toda la producción de diamante de San Vicente de Paúl en Bolívar. Controlan toda la producción de coltán en Carguaza en Bolívar”, denunció De Grazia. Instó a los diputados de todos los estados afectados por la presencia guerrillera a incorporarse a la investigación que ha iniciado la comisión de Política Interior. Intervinieron además Freddy Valero (AD-Bolívar), Romel Guzamana (Prociudadanos-Representante Indígena), Julio Montoya (PJ-Zulia) y Delsa Solórzano (UNT-Miranda), quien ratificó que la averiguación será llevada por la comisión de Política Interior.

Por último, Freddy Superlano (VP-Barinas), en su condición de presidente de la comisión de Contraloría de la AN presentó un debate sobre la trama de corrupción entre empresas privadas nacionales y extranjeras y el gobierno venezolano en torno a las cajas Clap. Dicha trama fue confirmada la semana previa por el gobierno de México. “Los resultados preliminares de las investigaciones que hemos realizado en la comisión señalan que son aproximadamente 15 mil millones de dólares en los últimos 15 años despilfarrados en la corrupción en torno a la compra de alimentos”, dijo el diputado. La Procuraduría Mexicana determinó que una red de empresas venezolanas y extranjeras se confabularon con el estado para comprar alimentos de baja calidad y a bajo costo y venderlos con un sobreprecio de 112% a la ciudadanía. En el caso de la leche, el sobreprecio era hasta 777% por kilo, indicó Superlano. Precisó que solo para los Clap, creados en 2016, se han invertido 5 mil millones de dólares. Intervinieron además Ezequiel Pérez (AD-Táchira), Daniel Antequera (Causa R-Lara), Carlos Paparoni (PJ-Mérida).

Puntos de información

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Comisiones de trabajo

  • Finanzas organizó el foro Hiperinflación, crisis y soluciones; Rafael Guzmán (PJ-Miranda), dijo que la Ley del BCV dará piso institucional a la recuperación nacional.
  • Administración y Servicios junto al bloque parlamentario de Falcón constataron in situ la crisis hidrológica y de transporte público en ese estado costero.
  • Desarrollo Agropecuario recibió a los dirigentes campesinos de los partidos AD, PJ, UNT y VP como parte de la construcción del Frente Agroalimentario.
  • Comisión especial de Seguimiento a la Emergencia Educativa, avanzó en la discusión de un proyecto de ayuda humanitaria en educación.
  • Contraloría escuchó informe sobre la corrupción en el sector eléctrico.
  • Defensa recibió denuncia sobre la detención de 15 efectivos militares del destacamento 351 de San Fernando de Apure, tras denunciar en redes sociales la paupérrima situación en la que cumplen sus funciones.

Poderes confrontados

  • La ANC calificada como ilegítima por la Unión Europea, pretendió el miércoles la designación de un nuevo contralor general de la república en sustitución de Manuel Galindo a quien su período aún no se le había vencido. En un acto violatorio del procedimiento constitucional que ordena la conformación de un concurso de postulaciones en el que debe participar directamente la Asamblea Nacional, el ente dirigido por el primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, nombró en el cargo de contralor a Elvis Amoroso. Amoroso ocupó hasta ese momento la primera vicepresidencia de la ANC. Ese mismo día, la vicepresidenta Ejecutiva consignó el presupuesto de la nación para el año 2019 ante la ANC, violando la Ley de Administración Financiera del Sector Público y la Constitución vigente que señalan que el plan nacional de gastos debe ser presentado ante la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación.

Destacado de la semana

  • La presidenta de la delegación venezolana ante la UIP, Delsa Solórzano (UNT-Miranda) informó que durante la 139 ronda de sesiones de ese ente, realizada en Ginebra, ella fue designada primera vicepresidenta del Grulac-UIP y ratificada como VP del Comité de DDHH de los Parlamentarios. Acotó que el diputado José G. Correa (PJ-Cojedes) fue designado miembro del Grupo de Relaciones con el Medio Oriente. Solórzano indicó que a petición de la delegación de Reino Unido, se acordó que cada parlamento miembro de la UIP va a debatir de manera urgente la crisis del parlamento venezolano. Informó que la UIP aprobó una resolución de protección de 60 parlamentarios venezolanos y del parlamento venezolano como un todo. La delegación oficial de la Asamblea Nacional estuvo integrada por Solórzano, Correa y Oscar Ronderos (AD-Nueva Esparta), además de los oficialistas Ilenia Medina (PPT-Caracas) y Juan Marín (PSUV-Guárico). Dijo que la oposición fue recibida por la presidenta UIP, Gabriela Cuevas, quien también recibió a una representación del gobierno de Maduro conformada por Medina, Marín, Tania Díaz, Saúl Ortega y Darío Vivas. Según esa delegación Venezuela autorizó una visita in situ de la UIP.

Agresiones a diputados

  • El miércoles, Juan P. García (VV-Monagas) y Omar González (VV-Anzoátegui) acompañaban a María C. Machado en Upata cuando pesuvistas violentos armados con palos, botellas y armas de fuego los atacaron salvajemente. El hecho recibió la condena y rechazo de todos los partidos de oposición, del secretario general de la OEA, y de varios gobiernos del mundo.
  • Caso Requesens. El diputado cumplió este viernes 80 días preso sin que sus abogados hubieran podido tener acceso a él para coordinar una estrategia de defensa. El jueves, Juan Requesens padre se sumó a las voces que claman la visita de la alta comisionada de DDHH de la ONU, Michel Bachelet, al país.

También fue noticia

  • -El lunes, el senador estadounidense Marco Rubio exigió al gobierno de Venezuela cesar la persecución contra el diputado de la AN, Williams Dávila (AD-Mérida).
  • El martes, Biaggio Pilieri (16J-Yaracuy) participó en el Encuentro de Líderes de Yaracuy para discutir salidas a la crisis venezolana.
  • El jueves, Henry Ramos Allup (AD-Caracas) participó en una asamblea de ciudadanos en Tucacas, estado Falcón y en otra en San Bernardino en Caracas.
  • Los diputados del bloque Aragua condenaron el allanamiento de morada sin orden judicial del que fuera objeto la diputada Adriana Pichardo (VP) la semana previa.
  • Alemania celebró la petición de 6 países para que la Fiscalía de la CPI investigue la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
  • El PE aprobó un acuerdo que pide una autopsia internacional para Fernando Albán y advierte reforzamiento de sanciones si sigue deterioro democrático en Venezuela.
  • Andrés E. Camejo (AD-Barinas) denunció que el gobierno de Barinas exige a los ganaderos venderle el 30% de su producción a un precio inferior a su valor.

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