La semana del 25 a 29 de marzo, en la plenaria de la Asamblea Nacional se aprobó un acuerdo y se debatió sobre las torturas a civiles y militares y la presencia de aviones rusos en territorio venezolano. El tema de los servicios públicos siguió en la agenda del parlamento, quien lo discutió en plenaria y además se presentó su plan de rescate.

Leyes, acuerdos y debates en las plenarias de esta semana

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Inició el debate el presidente (e), Juan Guaidó, quien refirió que la crisis eléctrica es producto de una “tragedia continuada” que ha cobrado vidas inocentes, la cual explica el régimen usurpador como una guerra eléctrica imaginaria, la cual perdió. Considera que no habrá soluciones mientras se usurpen las funciones de Gobierno.

Nora Bracho, presidenta de la Comisión de Administración y Servicios, señaló que la tragedia en que se ha convertido la falta de servicios eléctricos lesiona todos los Derechos Humanos. Propuso a la Asamblea Nacional solicitar a la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía) organización imparcial experta, un diagnóstico de lo que ha ocurrido en Venezuela con el servicio eléctrico.

Omar González (16J – Anzoátegui), en su intervención dijo, que el efecto del apagón eléctrico es transversal, golpea la economía y todo los sectores, siendo la única respuesta del régimen usurpador, es decretar días no laborables.  Cerró el debate, el diputado Jorge Millán (MUD- Distrito Capital) quien describió la impericia con la que se ha manejado la crisis eléctrica, lo que ha destruido y quemado la capacidad instalada en el país mermando aún más, la posibilidad de generar y distribuir electricidad, ello agravado por las inversiones no realizadas que fueron objeto de corrupción.

El diputado Luis Florido (MUD-Lara), inició el debate del segundo punto de agenda, explicando los derechos que fueron violados con la arbitraria detención de Roberto Marrero. Siguió el diputado Henry Ramos Allup (MUD-Distrito Capital), señalando que el ataque contra las personas del círculo cercano al Presidente (e), pretende ser un efecto demostración.  Una vez terminada esta intervención se leyó y aprobó por unanimidad el acuerdo, donde además se solicita que el caso sea llevado al expediente contra la dictadura que se adelanta ante las instancias internacionales.

Para iniciar el tercer punto de agenda, tomó la palabra Dennis Fernández, presidenta de la Comisión de Política Interior,  quien mostró videos y señaló que el DGCIM  se ha convertido en un organismo torturador y violador de los derechos humanos y además de ejecutor de la alta reprensión hacia quienes piensan diferente al régimen que va de salida. Siguió el diputado Richard Blanco (MUD-Aragua) advirtiendo a esos funcionarios perseguidores de los ciudadanos que alzan su voz, que la Ley de Amnistía no será para ellos pues son violadores de derechos humanos. La diputada María Gabriela Hernández (MUD-Monagas) reiteró que todas las violaciones  de los derechos humanos en Venezuela obedecen a una política de Estado sistemática con intención y alevosía. El diputado Franco Casella (16J-Miranda), mostró el testimonio sobre las torturas ofrecido por un primer teniente de la  DGCIM que decidió desertar. Finalizadas las intervenciones se leyó el acuerdo, el cual fue aprobado por unanimidad.

En cuanto al último punto de agenda, sobre la presencia de militares rusos en suelo venezolano, intervino el diputado Sergio Vergara (MUD-Táchira), quien señaló que dicha presencia constituye una amenaza a la sociedad venezolana y al continente, indicó  que desde la Comisión de Defensa iniciaran las investigaciones para determinar las intenciones de esa injerencia militar rusa en Venezuela.

José Luis Pirela (MUD-Zulia), señaló que esa presencia es una provocación del régimen usurpador, siendo intimidatoria, pero los venezolanos no tienen miedo, sentenció, solicitó que se debata el artículo 187 constitucional.  Finalizó el debate el diputado Alfonso Marquina, quien rechazó esta injerencia

Puntos de información

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Comisiones permanentes

Se presenta el cuadro de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, quienes desde el lunes 18 de febrero cuando se instaló la Comisión Consultiva encabezada por el Presidente de la Asamblea Nacional, e integrada presidentes y vicepresidentes de cada comisión, han venido trabajando en una agenda legislativa prioritaria que sustente el proceso de transición hacia la libertad y la restitución del orden democrático.

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Destacado de la semana

  • En medio de todas las fallas eléctricas que se han presentado en el país, el jueves 28 de marzo, la Comisión de Administración y Servicio de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Nora Bracho, en un concurrido acto, entregó al presidente (e) Juan Guaidó, las propuestas para poner fin a la grave situación de los servicios públicos, particularmente en materia de agua y electricidad. Dichas propuestas preparadas por un equipo de expertos y técnicos desde la referida comisión serán integradas al plan país, reiteran en el diagnóstico que la crisis actual es producto de la corrupción, falta de mantenimiento, sincronización y de inversión.  Así mismo enfatizan la necesidad de realizar inversiones, reprofesionalizar el sector y sincerar las tarifas. La diputada Bracho agradeció el aporte de organizaciones como Cedice, Transparencia Venezuela y el Colegio de Ingeniero.

Agresión a Diputados

  • El 28 de marzo, el Tribunal 1º de Control, con competencias en materia de terrorismo, dictó medida privativa de libertad para el jefe del despacho del presidente (e), abogado Roberto Marrero, bajo los “delitos” de conspiración, legitimación de capitales y ocultamiento de armas de guerra.

También fue noticia

  • El lunes 25 de marzo, se registró a nivel nacional un nuevo apagón, que tuvo una duración de más de 24 horas.
  • El 27 de marzo, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en reunión extraordinaria  aprobó una nueva resolución sobre ayuda humanitaria para Venezuela.

Poder Legislativo en una sociedad libre

  • El tema de la calidad de los servicios públicos, ha ocupado espacios importantes del quehacer de los diputados, no sólo este año, sino desde la primera crisis eléctrica por los años 2009-2010. Esta semana fue presentado el plan para mejorar dos servicios públicos que visibilizan progresos en los países, como son: electricidad y agua.  Más allá de los diagnósticos, las acertadas propuestas refieren tímidamente a criterios de alianzas público-privado que deben ser establecidas para la prestación eficiente de los mismos, y poco refieren a la necesaria privatización de procesos medulares como la transmisión y distribución. Al respecto se debe insistir en la importancia de visualizar un proceso de privatización, para como señala Sebastián Bernstein, en el libro “Soluciones privadas a problemas públicos”, aprovechar las ventajas que desde el punto de vista de reglas de estabilidad del juego genera, a saber:

    -Las autoridades de control no están enfrentada a un solo interlocutor y tiene otras referencias. Se promueve la competencia.

    -La diversidad de empresas y la participación privada constituye una buena protección contra las presiones de grupos de poder para rebajar arbitrariamente las tarifas.

    -Se induce una mayor apertura tecnología y diversificación y movilidad de fuentes ocupacionales.

    Así mismo, la privatización liberaría recursos públicos y permitiría una asignación más transparente del gasto público, tal como lo señala la investigación realizada por el Observatorio de Gasto Público de Cedice.