En la semana del 28 de mayo al 03 de junio, parlamentarios de la región sesionaron en apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela. Fueron excarcelados los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto junto a otros 30 presos políticos. La plenaria aprobó cuatro acuerdos. El Consejo Europeo pidió elecciones legales en Venezuela . Consejo de Expertos de la OEA determinó que el Estado venezolano cometió crímenes de lesa humanidad. Canadá congeló cuentas a 14 funcionarios del gobierno de Maduro.

Leyes, acuerdos y debates en las plenarias de esta semana

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El primer punto del orden del día de esta semana fue un acuerdo en rechazo a la persecución política contra militares y civiles de la Fuerza Armada Nacional, a raíz de la ola de detenciones de efectivos, familiares y asimilados de todos los componentes en las últimas semanas. La AN acordó investigar al director de la DGCIM, general Iván Hernández, a su jefe de investigaciones, coronel José Franco Quintero y la cadena de mando “por la presunta ejecución de torturas y violaciones de DDHH de decenas de presos políticos”. Responsabilizaron al Alto Mando Militar “por la complicidad institucional en la violación de los derechos de los presos políticos militares”. Intervinieron Franco Casella (VP-Miranda), Luis Barragán (16J-Aragua), Julio Moreno (PJ-Falcón) y Edgar Zambrano (AD-Lara), presidente de la comisión de Defensa, quien denunció la injerencia del G2 cubano en la elaboración de los expedientes contra los militares venezolanos que “se alzan en defensa de la Constitución”.

El segundo punto fue un acuerdo en rechazo al plan para asesinar a Tomás Guanipa (PJ-Caracas) denunciado por un desertor de Casa Militar a fines de abril ante una cadena de televisión italiana. La presidenta de la comisión de Política Interior, Delsa Solórzano (UNT-Miranda) presentó dos grabaciones del desertor Luis Seyas donde explica que en octubre de 2017 recibió órdenes de investigar, seguir y asesinar al parlamentario. Solórzano, Ramón Flores (VP-Yaracuy), Alfonso Marquina (PJ-Lara) y Carlos Prósperi (AD-Guárico) acusaron al gobierno de pretender aplicar la práctica de sicariato de Estado. El pleno acordó brindar asesoría legal a Guanipa, solicitar a Colombia protección para Seyas, solicitar medidas de protección para todos los diputados de la AN y creó una comisión especial presidida por María G. Hernández (Independiente-Monagas) para levantar un expediente.

El tercer punto fue un acuerdo por el Día Internacional del Adulto Mayor, impulsado por Arnoldo Benítez (Causa R-Aragua) que exige al Estado cumplir con el artículo 80 de la Constitución que le obliga a garantizar todos los derechos y bienestar a los adultos mayores.

El último punto fue presentado por Jorge Millán (PJ-Caracas): un acuerdo en rechazo al decreto 3.368 del 12 de abril de 2018 publicado en la Gaceta Oficial 41.376 mediante el cual el Ejecutivo otorga “amplias facultades” al presidente de PDVSA para modificar las empresas del sector petrolero, realizar contrataciones directas sin licitaciones y crear procedimientos para la compra de servicios. El pleno declaró nulo el decreto y cualquier contratación nacional o internacional surgida de su aplicación. Intervinieron Francisco Sucre (VP-Bolívar), Kerrins Mavarez (Prociudadanos-Falcón) y Oscar Ronderos (AD-Nueva Esparta).

 Puntos de información 

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Comisiones Permanentes

  • Asuntos Migratorios informó que Carlos Valero (UNT-Táchira) y José Trujillo (PJ-Sucre) investigarán detención de 100 venezolanos en Trinidad, también informaron que tienen previsto reunirse con el cónsul de Italia en Venezuela para conocer situación de la diáspora en Europa.

  • Cultura avanza en reforma de la Ley de Bibliotecas para optimizar este servicio en un contexto de información globalizada y nuevas tecnologías.

  • Desarrollo Social prevé presentar a mediados de junio el proyecto de ley de prestaciones sociales para trabajadores informales e independientes.

Agresiones a diputados

  • El martes, Tomás Guanipa (PJ-Caracas) denunció que una camioneta negra sin placas, presuntamente del Sebin, lo siguió durante su trayecto hacia Colombia.
  • El sábado 2 de junio, a las 8 de la noche, se concretó la excarcelación del diputado suplente electo y preso político Renzo Prieto (VP-Táchira), capturado en mayo de 2014 y recluido desde entonces en el Helicoide. Pese a haber sido electo diputado en 2015, el Estado le negó la libertad. Este fin de semana su nombre fue incluido en un listado de excarcelaciones con medidas cautelares autorizadas por Nicolás Maduro en medio del estrechamiento del cerco internacional político y financiero contra su gobierno. Tres horas después fue excarcelado el legislador regional Wilmer Azuaje.
  • El domingo 3 de junio, a las 10 de la mañana, se materializó la excarcelación del diputado suplente, juramentado y preso político Gilber Caro (VP-Miranda), detenido desde enero de 2017. Desde el momento de su captura el Estado violó el artículo 200 constitucional sobre la inmunidad parlamentaria, el derecho al debido proceso y sus derechos humanos. Caro estuvo preso en el Círculo Militar de Valencia, la cárcel 26 de Julio en Guárico, la cárcel de Tocuyito en Carabobo y cárcel El Fénix de Lara. En el traslado entre estas dos últimas prisiones, se desconoció su paradero por más de tres días. En septiembre de 2017 hizo una huelga de hambre. Fue sometido a aislamiento en repetidas ocasiones, la última vez durante más de 80 días hasta su salida de la prisión.

Destacado de la semana

  • En una inédita sesión conjunta, parlamentarios de América Latina y el Caribe, se dieron cita en la ciudad fronteriza de Villa del Rosario, en Cúcuta, Colombia, para debatir sobre la crisis de toda índole que atraviesa Venezuela. Participaron representantes de Guatemala, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela, y recibieron el apoyo de los congresos de Brasil y El Salvador. Los asistentes aprobaron una declaración de que incluyó: solidaridad con Venezuela “ante la ruptura del orden constitucional y suspensión de la democracia”; desconocimiento de los resultados electorales del 20M; exigencia de la convocatoria a elecciones libres y transparentes; condena a la práctica gubernamental de decomisar, negar o bloquear los pasaportes a los diputados venezolanos; reconocimiento de la crisis humanitaria; rechazo a las torturas contra los presos políticos; y responsabilidad compartida en la atención a los migrantes.

    Los parlamentarios de la región también se comprometieron a impulsar las siguientes acciones en sus países frente a los migrantes venezolanos: 1) Coordinar esfuerzos con la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU. 2) Instar a la creación de un Fondo de Cooperación Internacional. 3) Desarrollar legislaciones para conceder refugio automático a autoridades electas desde 1998 y a los integrantes del poder judicial; facilitar la permanencia, residencia y tránsito de venezolanos con pasaportes vencidos; crear regímenes especiales migratorios y flexibilizar la acreditación de títulos universitarios. 4) Frente a la corrupción del gobierno venezolano, activar las unidades de inteligencia financiera; desarrollar la legislación para congelar e incautar bienes a altos funcionarios del gobierno venezolano; negar o revocar visas e ingreso a altos funcionarios, a los constituyentes y a sus socios comerciales; y revisar las solicitudes de visados especiales de inversión.

    La fracción 16J objetó que el acuerdo final pida realizar elecciones transparentes por considerar que ello no será posible mientras Maduro siga en el poder.

También fue noticia

  • El lunes Américo de Grazia (Causa R- Bolívar) denunció la “ranchificación” del Parque Nacional Canaima.
  • Mary Álvarez (Cambiemos-Zulia) afirmó que 75% del transporte público en su estado desapareció y es sustituido por vehículos no aptos para trasladar personas.
  • Carlos Paparoni (PJ-Mérida) señaló que toma de mercados municipales anunciada por Maduro busca administrar la escasez.
  • El Consejo Europeo pidió elecciones transparentes en Venezuela, reconocimiento de la AN y libertad de los presos políticos.
  • El martes, la Asociación Bancaria propuso al gobierno posponer la reconversión monetaria por 90 días; Maduro decretó una prórroga de 60 días.
  • Grupo de Expertos de la OEA concluyó que hay evidencias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela; Luis Almagro remitió informe a la CPI.
  • Kerrins Mavarez (Prociudadanos-Falcón) anunció que su bancada presentará a la AN un “gran acuerdo nacional” para consolidar la unidad opositora.
  • El miércoles Canadá sancionó a 14 altos funcionarios venezolanos, constituyentes y magistrados del TSJ con congelación de activos y prohibición de entrada al país.
  • Nora Bracho (UNT-Zulia) denunció segunda explosión de estación eléctrica Gallo Verde en Maracaibo este año que causó apagón de más de 10 horas.
  • La MUD presentó nueva estructura: ABP, VV, AP y Convergencia quedaron fuera de la alianza; sin embargo, AP seguirá dentro de la directiva de la Asamblea Nacional.
  • El jueves, José Prat (Causa R-Bolívar) afirmó que sin una estrategia de lucha común, no habrá reforma de la unidad que sirva para el cambio político en Venezuela.