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Panamá: Pro mundi beneficio

El señor Agarbi, ministro de Hacienda de un país africano, se ha construido una sólida reputación como azote implacable de evasores y corruptos. Llega a Suiza para reunirse con un banquero del que sospecha. Le ruega, le suplica, le exige que revele las identidades de sus conciudadanos con cuentas en la entidad. Viendo que el banquero no suelta prenda, saca un revólver y se lo coloca en la sien, pero ni siquiera así consigue hacerle hablar. Satisfecho, le confía su maletín, en el que llevaba cinco millones de dólares distraídos al fisco que él mismo regenta. Este breve relato de Jeffrey Archer plantea dos debates de interés. El primero, sobre el mito del estadista honrado. El segundo, sobre los refugios fiscales.

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Por Juan Pina

El problema no es encontrar santos a los que confiar la caja, sino despolitizar las decisiones para dejar en los bolsillos de la gente el dinero

El primer debate está agotado en el plano teórico, pero sigue teniendo mucho recorrido de fuegos artificiales mediáticos, como parte del pan y circo con el que las élites colectivistas alimentan la continuidad del Hiperestado. El estadista honrado es una criatura criptozoológica cuya sorprendente naturaleza compite en inverosimilitud con la del unicornio, el centauro o el monstruo del lago Ness. Hasta en la inmaculada Islandia, tierra de fría rectitud luterana y de cálida y maternal socialdemocracia transpartita, acabamos de ver al primer ministro Gunnlaugsson dejar el cargo tras aparecer su nombre en los papeles de Panamá. Lo que los moralistas de todos los colores políticos no dicen —sea por ignorancia genuina o por interés espurio—, es que la corrupción no es principalmente una cuestión ética sino un problema de incentivos. Como casi todo en la acción humana y sobre todo en su vertiente económica. Por eso son tan enternecedores como pueriles los brindis al sol en materia de corrupción. Uno muy de moda es crear nuevas comisiones de control que vigilen a los órganos que controlan a quienes vigilan a los que controlan a los vigilantes… y así ad nauseam. Sería divertido si no nos costara un ojo de la cara, porque el cascabel del gato sigue en venta inevitablemente, y complicar la cosa sólo sirve para encarecerlo y, por el camino,para asentar un auténtico Estado policial en materia de finanzas, que es el objetivo real de los políticos con la excusa de la corrupción. Gestapo financiera para los demás, para seguir quitándoles la mitad de la riqueza que generan, mientras ellos se refugian en Panamá o donde sea. El problema no es encontrar santos a los que confiar la caja, sino despolitizar las decisiones para dejar en los bolsillos de la gente el dinero que hoy, por la vía de la extorsión legal, nutre esa caja.

Estamos echando a quienes más necesitamos

El segundo debate es el de los refugios fiscales. Me niego a llamarlos paraísos porque la expresión original es “tax havens” (refugios fiscales), deliberadamente mal traducida a las lenguas latinas, tan propensas a la hipérbole y a la entronización del Estado. Lo que ocurre en esos países y territorios es que la gente se refugia. Son legión quienes necesitan hacerlo porque sus países presentan condiciones de seguridad jurídica o física inaceptables. Muchos otros, sencillamente, se ven obligados porque el monto delirante de la extorsión fiscal hace imprescindible algún esquema de taxplanning internacional. En los casos más extremos, hay quienes ya no aguantan más y se marchan físicamente del país.Londres está llena de franceses huidos del fisco galo. En la España de Montoro —nuestro sheriff de Nottingham— sólo en 2015 se marcharon dos mil millonarios, mientras descendemos en los índices de libertad y de protección de la propiedad privada. Estamos echando a quienes más necesitamos.

En las últimas décadas, los países offshore han sido hostigados hasta niveles de intolerable injerencia en su soberanía por parte de organismos burocráticos con una clara agenda estatista de control global de las finanzas. De ellos, el más deleznable es la OCDE, un ente que supuestamente se dedica a parir sesudos estudios e informes sobre la coyuntura económica y tal, pero no: la OCDE lleva veinte años acosando a países generalmente pequeños, estables, civilizados, bastante democráticos… pero vilipendiados por cobrar pocos impuestos y por preservar el derecho fundamental e inalienable a la privacidad financiera y, por tanto, al secreto bancario. Muchas veces, los mismos que claman por el secreto de las comunicaciones pretenden acabar con el secreto bancario, sin orden judicial ni nada. Ambos secretos son cruciales para la libertad, y por eso el Estado los menoscaba.

Los refugios fiscales no son un problema sino el síntoma de un problema, y muy grave: el dirigismo económico generalizado en todo el planeta

Los refugios fiscales no son un problema sino el síntoma de un problema, y muy grave: el dirigismo económico generalizado en todo el planeta, del que son beneficiarias las élites que regentan esos dos centenares de macroorganismos parasitarios llamados Estados, y cuyas víctimas son los miles de millones de ciudadanos vampirizados por sus políticos de cualquier signo. Es injusto mezclar con esos políticos a quienes huyen precisamente de ellos, aunque los primeros terminen refugiando en los mismos centros offshore el producto del cohecho, indisociable de la función que ejercen e incentivo último de su acceso a la misma.

El lema de Panamá —pro mundi beneficio, “a beneficio del mundo”— se refiere al canal pero podría ser el emblema de todos los refugios fiscales. Todos ellos deberían unirse para plantar cara a la insolente tiranía de la OCDE, para proteger a sus clientes legítimos frente a esbirros del estatismo como Hervé Falciani, y, al mismo tiempo, para revelar de golpe todo lo que tengan sobre políticos, provocando una merecida convulsión global. A ver si así despierta la gente y se da cuenta de que el problema es el Estado, su élite gestora y la lógica falaz y ladrona de la redistribución forzosa. A ver si así comprende la población que le sale más a cuenta tener el mínimo Estado posible, uno cuyo escaso volumen impida la generación de incentivos perversos a la función política. A ver si así entiende que prácticamente todo lo que el Estado gestiona podría gestionarlo la propia sociedad organizada económicamente en eso que llamamos mercado, y lo haría mejor, a menor coste, con competencia y libre elección, y sin cohechos.

Fuente: Voz Populi