Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
"...La única forma de cambiar el curso de la sociedad
será cambiando las ideas" - Friedrich Hayek
"Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas" - Milton Friedman
Paralelismo: ¿Cárteles Inmobiliarios o falsos positivos?

Debe preocupar a todos los venezolanos el hecho que el Estado se encuentre tildando e imputando a los empresarios en un amplio espectro de sectores económicos y productivos, de desplegar prácticas consideradas como ilícitos económicos, generalizando pagando “justos por pecadores”.

Por: Rafael González

Aun cuando en la mayoría de los casos se expropia primero y se averigua después, en ausencia del debido procedimiento administrativo, esta estrategia le ha servido al Ejecutivo y a ciertas instancias del Estado, capturadas por el primero, para avanzar en la estatización de los sectores productivos y menoscabar a la actividad económica privada.

A lo largo de los últimos años ha sido utilizado como argumento para acometer estas tropelías el monopolio y el oligopolio, como si la estructura de los mercados, que bien pudieran estar determinadas por factores estructurales y ser socialmente deseable cierto grado de concentración por economías de escala y de red, constituyera alguna conducta prohibida o ilícita.

Una nueva “justificación” parece haber aparecido en el léxico regulatorio y de políticas públicas de la actual gestión de Gobierno para, sin que medie el debido proceso, expropiar, aun cuando tal medida constituye una sanción ilegal –contraviene las leyes venezolanas y las buenas prácticas de políticas públicas en resguardo del interés público- o cuando menos desproporcionada. En el caso que, previo procedimiento administrativo –en el cual se resguarde el derecho a la defensa- y ante una decisión firme, se haya comprobado el despliegue de alguna conducta corporativa tipificada como prohibida en el ordenamiento legal, las sanciones pueden constituir multas u órdenes, las primeras buscando establecer un mecanismo de compromiso y amenaza creíble que desincentive a futuro las prácticas y las segundas para buscar restituir la situación previa al despliegue de la práctica o resguardar el bienestar social. La destrucción, desaparición y aniquilación de oferentes y su oferta contravienen bienes tutelados y/o que deberían estar tutelados por la propia retícula normativa venezolana en materia de regulación económica, protección al consumidor y regulación de competencia. Esta nueva justificación, utilizada incluso en pautas publicitarias de televisión y radio por parte del INDEPABIS, es la supuesta existencia de un cartel en el sector inmobiliario nacional.

Asimismo, el domingo 14 de noviembre de 2010, fue transmitido un programa en VTV tratando el tema de los casos de las expropiaciones inmobiliarias, en el cual se realizaban acusaciones sobre la existencia de un cartel en el sector inmobiliario, dado que “existía similitud en los contratos y en la forma de actuar de las constructoras”, exponiendo al escarnio público a una serie de personas, sin que medie procedimiento administrativo alguno. Así las cosas, el Gobierno desarrolla una especie de estrategia pública donde se actúa y sanciona primero y luego se busca construir un expediente que justifique las acciones acometidas y/o dictadas por el alto Ejecutivo nacional, con dos objetivos probables, avanzar hacia un régimen comunista –desaparición de la propiedad privada sobre los medios de producción- e intentar lavarse la cara ante el sector socio-económico definido como clase media.

Sin embargo, los cárteles como práctica prohibida o conducta ilícita económica, implica una tipificación contenida en una norma específica, la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, y la validación o comprobación de su perfeccionamiento implica, aparte del debido procedimiento administrativo, un análisis mucho más robusto, que cuenta con doctrina nacional e internacional, y no acusaciones por televisión sobre simple paralelismo.

El paralelismo o la similitud en ciertas variables estratégicas del mercado –por ejemplo, precios- o en las condiciones de comercialización y perfeccionamiento de una transacción comercial, no tiene porque ser considerada indicio de la existencia de un cartel. Lo anterior se debe a que en un mercado en competencia, por ejemplo en competencia perfecta, se espera que los oferentes no posean incentivos unilaterales para desviarse del equilibrio de precios, calidad y condiciones de comercialización producto de la dinámica de la competencia en el mercado. En este sentido, es de esperarse en mercados competidos y/o contestables el paralelismo en el comportamiento de las variables de desempeño y las variables estratégicas de decisión, respetando la diferenciación de producto entre otros elementos, se la norma.

Adicionalmente, existe una caracterización estructural o idiosincrática dentro de cada sector económico que obviamente determina o condiciona ciertas prácticas y disposiciones de la comercialización. La insinuación realizada en el programa transmitido en VTV podría desalentar la réplica competitiva en los mercados, la contestabilidad de los mercados, el seguimiento de prácticas competitivas de innovación, mejoras de calidad, promociones, entre otras, mientras podría facilita errores sancionatorios conocidos como error del tipo I o falsos positivos –inocentes sancionados-.