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PDVSA en la mira

La acción judicial preventiva ejercida por ExxonMobil en el curso de la tramitación arbitral de sus diferencias de negocios con PDVSA, coloca crudamente en el tapete las vulnerabilidades crecientes que se observan en múltiples dimensiones de la vida nacional, y no sólo en el ámbito petrolero.

Domingo Fontiveros

Sin embargo, lo petrolero es crucial por sus múltiples repercusiones en lo económico y financiero, así como en las relaciones internacionales y el escenario geopolítico de Venezuela. Y no es descartable que lo conocido en estos últimos días puede muy bien ser la punta de un iceberg que se viene encima de esta dinámica perversa que llaman revolución.

No estamos necesariamente ante una catástrofe porque Exxon haya obtenido órdenes de embargo preventivo contra activos pdvsos por $12.000 millones, incluyendo según las noticias saldos a favor en cuentas bancarias al momento de practicarse la medida (no de ingresos posteriores). Ello no afecta directamente ni la operación de los activos y plantas, ni el cobro de la factura comercial. Pero es realmente alarmante que el ministro-presidente de PDVSA se refiera a depósitos congelados por $ 300 MM como si esta cifra fuera una minucia, y que desestime como poco importantes y transitorias las implicaciones del embargo preventivo.

Porque si $300 MM son una minucia para el ministro-presidente, no lo son para ningún negocio grande o pequeño, ni para quienes aspiran y esperan que la integridad de los recursos del Estado sean aplicados para atender necesidades internas, desde puentes y carreteras, hasta casas, medicinas y alimentos. Y porque el hecho de que PDVSA haya sido embargada, así sea preventivamente, manda una señal ya no de diferencias de negocios, que son normales en cualquier actividad empresarial, sino de extrema desconfianza respecto a obtener el pago correspondiente en caso de alcanzarse una solución favorable en el proceso arbitral en curso, bien porque ello obedezca a informaciones desconocidas para el público que puede manejar la transnacional sobre la futura capacidad de pago de la petrolera venezolana o responda solamente al precedente sentado por el cambio unilateral de los acuerdos contractuales preexistentes en Cerro Negro. Lo primero colocaría las cosas en alerta super-roja, pero incluso lo segundo es muy perjudicial, porque el mensaje implícito que manda Exxon equivale a reclamar “foul”, lo que daña la respetabilidad comercial que una empresa como PDVSA está en la obligación de cuidar, tanto por ética de negocios como por imperativo nacional.

Y no es que Exxon tenga demostrada razón. Eso está por verse en el procedimiento arbitral, aunque el hecho de haberse acordado la medida indica que a criterio de los jueces los alegatos de la transnacional pueden ser contundentes. Se trata de que con ello se establece un precedente que no le hace ningún beneficio a PDVSA. Por el contrario, la coloca en una lista en la que ninguna empresa seria del mundo quiere estar, y menos cuando el mercado petrolero no se caracteriza por la tranquilidad, sino que la competencia entre actores es casi que “a cuchillo”, es decir, agresiva, despiadada y con astucia, aunque respetando el marco de lo legal, fuera del cual las perspectivas de las corporaciones y de los gerentes responsables son sombrías.

PDVSA es una empresa que por su ramo de negocios está metida en un mundo globalizado y extremadamente competido. Descuidar las vulnerabilidades propias, que toda empresa de ese calibre tiene, es darle espacio a iniciativas de otras empresas que no desprecian oportunidad de debilitar a sus competidoras ni de ganar puntos de mercado cuando las circunstancias lo permiten. Lo que queda en evidencia incontestable en este momento es que la dirigencia de la empresa venezolana ha descuidado estas facetas críticas del negocio, bien por negligencia, que es imperdonable, bien por designio que todavía es más grave.

Y en este difícil juego mundial, Exxon no es sino uno de muchos actores empresariales de gran poder, incluso sin considerar a gobiernos que puedan ver afectados son intereses energéticos en las difíciles circunstancias que representa la escasez relativa del recurso petrolero. En el plano de esa competencia comercial, la retórica es de poca utilidad, y lo que cuenta es el cumplimiento de los acuerdos y las iniciativas que busquen tener contrajuego efectivo que disuadan dentro de los razonable las agresiones competitivas de los demás y contribuyan a rutas de desarrollo interno dentro del plano mundial.

Es evidente que Exxon ha juzgado que el contrajuego capaz de ser desplegado por PDVSA en ese tablero mundial es insuficiente para considerarlo disuasivo de las acciones que ha emprendido. Lo cual envía un mensaje potencialmente muy pernicioso sobre otras vulnerabilidades de la empresa nacional que pueden quedar al descubierto para la totalidad de los competidores globales, e incluso para otros gobiernos. Ninguna de estas implicaciones favorece al país, a pesar que el ministro-presidente exprese desestimarlas por infinitesimales.

Lo cual focaliza todo el asunto en una responsabilidad de Estado, que involucra a 100% la seguridad económica del país, así como las derivaciones que de fallas graves en este aspecto implican a todos los ámbitos medulares de la vida nacional.

Porque detrás del embargo exxoniano están presentes muchos otros factores determinantes de los acontecimientos, que exceden las supuestas y no imposibles conspiraciones externas contra una revolución que daña a propios y a extraños, a aliados y adversarios, al bolsillo propio y al ajeno. Están presentes los factores endógenos, los puestos en movimiento por un liderazgo que irresponsablemente ha venido metiendo poco a poco al país en un callejón, en una vereda que no lleva a ninguna parte que no sea aumentar las vulnerabilidades nacionales frente a lo que es un reñido escenario de competencia con otras naciones cercanas y lejanas, y no solamente con empresas como Exxon.

Defender a PDVSA no es una cuestión de patrioterismo palurdo, ni de expresiones emotivas exaltadoras del gentilicio. Es una tarea del día a día, desde los campos de exploración y producción en tierra venezolana, hasta las inversiones y actividades comerciales desplegadas en buena parte del hemisferio occidental. Y esta tarea fundamental es responsabilidad directa de los dirigentes de su estructura interna, bajo el control de los órganos del Estado que cuidan su interés como representantes de los dueños constitucionales del recurso en el subsuelo que es el pueblo. El decaimiento de las operaciones de la industria, incluyendo capacidad de producción, refinación e inversión, que viene siendo alertado desde hace varios años, es por supuesto una parte de las vulnerabilidades crecientes que le interesan primordialmente al país.
Pero el mal manejo de sus relaciones contractuales y comerciales con otras empresas de esta y otras latitudes, no por ser de otra naturaleza deja de ser una vulnerabilidad añadida o menos importante, que comienza a ser asediada por esos mismos actores, frente a la cual esos jefes deben asumir responsabilidad y pagar las consecuencias, en vez de estar demandando apoyos que nunca solicitaron o siquiera consideraron al tomar decisiones de enorme trascendencia para todos.

Si es verdad que PDVSA está en la mira de competidores que buscan aprovechar sus debilidades operativas, institucionales, comerciales o legales, para obtener ventajas transitorias o no en el juego global, las noticias pueden terminar siendo más graves que las conocidas hasta el momento. Hay que defender a PDVSA, eso es indiscutible. El problema para el país es que los responsables de hacerlo, los que tienen el poder, están más entretenidos en otros menesteres y han sido determinantes en la formación de los problemas que se enfrentan aquí adentro en muchos órdenes, aunque el petrolero sea de los más visibles y cruciales. Y cuando los intereses del país no están en buenas manos, el asunto adquiere características terribles de dramatismo para todos los que estamos involucrados en el destino de esta tierra.