Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
"...La única forma de cambiar el curso de la sociedad
será cambiando las ideas" - Friedrich Hayek
"Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas" - Milton Friedman
Plan Plomo Seguro. Trino Márquez

El asesinato por parte de un grupo de matones de la Guardia Nacional Bolivariana de la señora Luiminer Pacheco y de su pequeña hija María Gabriela, de 14 años, ha llenado de consternación e indignación a todos los venezolanos, menos a los diputados del Psuv en la Asamblea Nacional, quienes se negaron a discutir en plenaria ese ajusticiamiento. La mayoría oficialista, presidida por Darío Vivas, optó por remitir el punto a la Comisión de Política Interior de la misma Asamblea con el fin de que el crimen quede sepultado por otro homicidio parecido y duerma el sueño eterno de los justos.

Los voceros del Gobierno dicen que el suceso no tiene nada que ver con el Plan Patria Segura, pues formaba parte de otro operativo. Argumentan que fue producto de una “lamentable confusión”. Según estos portavoces, los más de cincuenta proyectiles que salieron de la boca de los fusiles de los guardias no estaban dirigidos contra la señora Pacheco y sus hijas, sino contra unos delincuentes. Los guardias nacionales, supuestamente, perseguían a unos peligrosos malhechores que escapaban en un vehículo parecido al conducido por la señora Luiminer.

¿Cómo puede calificarse semejante excusa? Simplemente de cínica. La impudencia le chorrea por todos los costados. La Constitución señala, Art. 19: “el Estado garantizará a toda persona … el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente, de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público …” El derecho a la vida es el principal derecho humano. La pena de muerte se encuentra taxativamente vedada en la Constitución. Venezuela suscribió el Pacto de San José, que les prohibe a los países signatarios aprobar o aplicar esa condena. La GNB es un órgano del Poder Público. Está obligada a garantizar el derecho a la vida, incluso de personas que hayan cometido delitos graves. Los tribunales de justicia existen para establecer los castigos, atribución que no posee la GNB, cuerpo que debe agotar los esfuerzos por atrapar a los delincuentes sanos y salvos. La supuesta persecución que realizaban los guardias de unos presuntos bandidos, de ningún modo sirve para justificar la saña con la cual se comportaron los agentes que participaron directamente en el hecho.

El encono con el que actuó ese pelotón de fusilamiento forma parte del odio que este régimen le ha inoculado a la sociedad y, especialmente, al estamento militar contra los civiles. En algún momento se pensó que una vez desaparecido Hugo Chávez, quien convirtió la confrontación en su signo distintivo, la calma retornaría al país. No ha sido, ha sido. Los sargentos que lo sucedieron son peores y más viles. El día de la fecha patria más importante, el 5 de julio, que debería haber servido para emitir una señal de reconciliación nacional, Elías Jaua se convirtió en un basilisco en el Hemiciclo de la Asamblea Nacional. Amenazas, odio, insultos, descalificaciones contra la oposición, fueron las palabras pronunciadas, disparadas como una ametralladora. La Asamblea fue convertida en un paredón por ese Canciller mediocre, mucho más interesado en vengarse de Henrique Capriles por la derrota que le propinó en Miranda, que en actuar con eficiencia al frente del servicio exterior para representar y defender los intereses del país.

Luego, Nicolás Maduro le cayó a plomo verbal a Liborio Guarulla, gobernador de un estado tan pobre como Amazonas. Fue un acto cobarde el de ese señor. Utilizó todo el poder del Estado central para insultar y, de paso, darle un nuevo zarpazo a la descentralización, al despojar a la entidad de Poliamazona. Debilita aún más a una Gobernación que maneja un magro presupuesto, carece de ingresos propios y debe luchar contra las mafias militares protegidas por el Gobierno nacional. Guarulla no se arredró ante el ataque. Su respuesta calló al soberbio insolente, quien debería actuar de ese modo más bien con Diosdado Cabello, que se la pasa irrespetándolo.

La arrogancia de la élite del régimen, entregada en los brazos de los militares, tiñe el comportamiento de todas las esferas gubernamentales. Esa soberbia quedó plasmada con sangre en el crimen cometido contra la familia Pacheco. Ahora habrá que luchar para que este nuevo asesinato no quede opacado por la orgía de sangre en la que vive diariamente Venezuela.

TRINO MÁRQUEZ ― NOTITARDE