Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
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¿Política pública o acción de gobierno? Jesus Alexis Gónzalez

Resulta muy común asociar el concepto de Políticas Públicas (P.P.) con las acciones de gobierno al asumir erróneamente que todo lo público es exclusivo del campo gubernamental; siendo que realmente no toda acción del Estado y del gobierno es una P.P. ni son los únicos que pueden definirla y ejecutarlas.

En tal sentido, las P.P. son finalidades del gobierno en aras de resolver problemas considerados como públicos enmarcados en programas de gobierno a la luz de un Plan de Desarrollo. Es de resaltar que el “conjunto de problemas” seleccionado por el gobierno para darle la condición de P.P. depende fundamentalmente de la naturaleza del régimen político y de la capacidad de movilización de la sociedad, en el entendido que son el medio que facilita la interacción orgánica entre el Estado y la sociedad civil.

El desencanto con la democracia está muy asociado con la calidad de respuesta a las demandas sociales, es decir por una crisis de P.P. habida cuenta que los Planes de Desarrollo (con sus programas y proyectos) usualmente sólo contienen lineamientos generales de P.P. aisladas de un norte planificador, hecho que denota marcada imperfección en las relaciones entre el Estado y la sociedad ante la evidente falta de coordinación con otros actores (públicos y privados), lo cual dificulta la fase de formulación e instrumentación de las decisiones de gobierno en aras de corregir desajustes sociales al quebrarse los procesos de mediación política y social propiciando un soslayamiento de la participación ciudadana que se intenta sustituir por un marco jurídico que genera leyes pretendiendo generar políticas obviando, por una parte, el carácter público de las políticas (intervención de actores diferentes al gubernamental)  y por la otra el impulso que confiere la participación ciudadana (formulación de P.P.) a la consolidación de la democracia. Compartimos la tesis según la cual la unidad básica para la materialización de las P.P. son los municipios ya que las  pueden ejecutar desde las características particulares de las problemática que presentan, haciendo posible la generación de espacios de diálogo para la toma de decisiones de forma más horizontal en el contexto de una democracia participativa.

En lo especifico de una P.P. económica, su estructura responde a políticas macro definidas a lo largo del tiempo tales como la fiscal, monetaria, cambiaria—entre otras—que sólo requieren de ajustes marginales en un todo de acuerdo con las circunstancias;  con una clara separación entre el ámbito económico y el político distinguiendo “el énfasis técnico-económico de política económica” y “el énfasis socio-político”, tal y como  recuerda la siguiente cita: “(….) no hay problema técnico de cómo dar fin a la inflación. Los verdaderos obstáculos son de orden político, no técnico”. De igual modo, la puesta en marcha de un Plan de Desarrollo implica la existencia de una agenda gubernamental elaborada con insumos del sistema político con la lógica de P.P. vinculando lo económico, el desarrollo, la población y la fuerza de trabajo como base de la actividad económica en función de producir bienes y servicios; en el entendido que el tamaño de la democracia se corresponde con el tamaño de la participación ciudadana.

En fin, podemos inferir que los ciudadanos aspiran un gobierno de resultados obtenidos mediante Políticas Públicas de relevancia propias de un sistema democrático, no credos ideologizante, ni doctrinarios característicos de sistemas totalitarios.