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Privados en el filo

La expropiación de empresas sin declararlas con anterioridad de utilidad pública y el establecimiento de un control estricto de precios no son una novedad para el sector comercial venezolano. La diferencia es que ahora están siendo “legalizadas” mediante la reforma de la Ley del Indepabis y la creación de nuevos instrumentos jurídicos que pretenden sacar del camino a la iniciativa privada.

Gustavo Rojas, coordinador del Observatorio Económico-Legislativo de Cedice, considera que en estos momentos la propiedad privada en Venezuela es básicamente una concesión que puede ser revocada en cualquier momento para pasar a ser parte del sector oficial.

“En los últimos años se ha comprobado que cada vez que el Gobierno aumenta un punto porcentual en el Producto Interno Bruto (PIB), quitándole espacio al sector privado, se traduce en una contracción de la economía”, alertó Rojas. Destacó que la caída del PIB seguirá ocurriendo mientras estén presentes las amenazas constantes a la inversión y se mantenga el clima de inseguridad jurídica.

Desaparecerán empresas

Con respecto al anuncio del Gobierno de implementar un control sobre los precios de los productos ofrecidos por empresas públicas, el coordinador económico de Cedice explicó que la regulación de la plusvalía en este sector va a ocasionar que las compañías no reinviertan y no puedan crecer. “Lo que se está haciendo es exprimir sus utilidades.

Los casos más emblemáticos son la Electricidad de Caracas y la Cantv: compañías que terminan quebradas y prestando un servicio pésimo”, indicó el economista. Recordó que el Gobierno ha venido en los últimos años controlando los precios, sobre todo en el sector de alimentos, ocasionando escasez de la mayoría de los productos controlados. Rojas advirtió que al no dejar el Gobierno que los comerciantes fijen sus precios, lo que se está haciendo es evitar el crecimiento del negocio e impidiendo que se generen más puestos de trabajo.

El Observatorio Económico-Legislativo de Cedice destacó que otro factor a tomar en consideración es la competencia desleal que el Ejecutivo pretende establecer a través de las empresas socialistas que serán beneficiadas con subsidios y dólares preferenciales. “Después, como los subsidios son inaguantables de mantener, las empresas terminarán quebrando y los consumidores se quedarán sin diversos productos y servicios en el mercado”, lamentó el centro de divulgación.
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Publicado en Tal Cual