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Propiedad privada, intervención y derechos

El Observatorio de la Propiedad de CEDICE, contabiliza alrededor de 2.100 propiedades afectadas, en muchas de las cuales la mejora en su capacidad de producción es cuestionable.

Alicia Sepúlveda

Las leyes conforman la estructura institucional de convivencia de una nación, ellas desarrollan la organización social expresada la Constitución y son las que establecen condiciones para que los diferentes actores (empresarios, gobiernos, ciudadanos) interactúen armónicamente y alcancen acuerdos sustentables en el tiempo, de allí la necesidad de que sean resultado de procesos de diálogo, consenso y análisis costo-beneficio, para garantizar que beneficien a la sociedad en su conjunto y no sólo a factores de poder.

En Venezuela, en los últimos 5 años, ha habido un intenso proceso de promulgación y reforma de Leyes, inédito en sistema democrático alguno, se ha legislado por vía de la Asamblea Nacional y por vía Habilitante (Delegación directa al Presidente de la República) para, como señalan muchas de las exposiciones de motivos de las propuestas de leyes, construir un Estado Socialista, diferente a Estado Social de Derecho y de Justicia que establece la Constitución Nacional. Esas leyes promulgadas y en vigencia vulneran la garantía al Derecho de Propiedad establecido en el artículo 115 de la Constitución, promoviendo mayor conflictividad social al proteger en exceso a grupos sociales, discriminando a otros.

Con relación a la propiedad privada, la Asamblea y el Ejecutivo Nacional, han confeccionado un traje a la medida para confiscar, intervenir, expoliar, tomar de manera forzosa, bienes del sector privado apropiándosela, en nombre de la propiedad colectiva, que al final es Propiedad Estatal. A manera de ejemplo, en los decretos de expropiación de propiedades urbanas, recientemente emitidos, se invoca al artículo 6 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (reformada en 2010) y, diversos artículos de la Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Viviendas (promulgada en enero de 2011).

Este proceso confiscatorio se inició en 2001, con la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, luego -hacia 2005- se intensificó en el sector rural, trasladándose luego al sector empresarial y llegando ahora al área urbana, con énfasis en el sector inmobiliario.

El Observatorio de la Propiedad de CEDICE, contabiliza alrededor de 2.100 propiedades afectadas, en muchas de las cuales la mejora en su capacidad de producción es cuestionable. La pérdida de capital privado, contabilizada como la deuda que por concepto de expropiaciones que debería pagar el Gobierno es estimada por expertos en alrededor de US$ 17.000 millones.

Los resultados de esa política confiscatoria se pueden resumir en:

  • Incremento en la plantilla de empleados públicos (con un alto componente de ideologización, se debe mostrar fidelidad al régimen para poder preservar sus fuentes de ingreso).
  • Se asigna a empresas ineficientemente gerenciadas, recursos que podrían ser destinados a mejoras de Infraestructuras, Vialidad, Educación y Salud, actividades propias de un Estado Moderno.
  • Escasez, Inflación y Mercados Negros. Al inhibirse la inversión, como resultado de la falta de garantía a la propiedad privada, cae la producción de bienes y servicios, lo cual implica menos disponibilidad, disposición a pagar más por los pocos bienes que se encuentran y donde se consigan (mercados informales), en fin un circulo viciosos, que cercena los derechos de los ciudadanos, condenándolos a irrevertibles situaciones de pobreza.

Cabe destacar que el fracaso de las naciones, en sus intentos de crecer económicamente y socialmente, está en la incapacidad de los gobiernos para establecer estructuras institucionales que permitan y fomenten la libertad, el emprendimiento, la inversión privada, con lo cual se aumente el valor de los recursos, sean físicos o de capital humano, única forma de construir países sustentablemente desarrollados.

El camino tomado en Venezuela, va en sentido contrario, perpetuando una sociedad esclavizada a los designios de los gobernantes y a la conflictividad social resultado de reglas poco claras y violatorias de la Propiedad Privada.

Publicado en Dinero el Lunes 05 de Septiembre