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Análisis Costo-Beneficio Proyecto de Ley de Propiedad Social 2009

La Constitución de 1999, en su artículo 115, reconoce a la propiedad privada como derecho humano de rango constitucional, en los términos siguientes:


“Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”

Asimismo, en los artículos 55, 98, 119, 124, 156.32, 179.2, 307 y 308, la misma Constitución reconoce especies o
sub-tipos de propiedad privada, por ejemplo, la propiedad intelectual, la agraria, de los pueblos indígenas y la colectiva
(que no es más que aquella que se ejerce a través de sociedades, cooperativas etc.), entre otras.

El otro tipo de propiedad que reconoce la Constitución de 1999, no obstante lo cuestionable que ello resulta, es la propiedad estatal. A ella aluden los artículos 13, 84, 113 y 324, al referirse a las tierras baldías en dependencias federal o islas fluviales o lacustres, los bienes y servicios públicos desalud, recursos públicos “propiedad de la Nación” (sic, de la República en verdad) y sobre armas de guerra.

No contempla, pues, la Constitución vigente ninguna otra forma o tipo de propiedad distinta a la privada y a la estatal, es decir, no prevé otros supuestos modos de propiedad como la pública, la colectiva o la social, que, valga acotar, sí estaban previstos en el artículo 115 de la Reforma Constitucional propuesta por el Presidente de la República y rechazada por la mayoría de los electores del país el 2 de diciembre de 2007.

En tal contexto, se han presentado ante la Asamblea Nacional dos Proyectos de Ley de Propiedad Social, uno de ellos presentado por la organización social VOCERA DEL PUEBLO VENEZOLANO (en lo que sigue, Proyecto VOCERA) y otro por la Comisión de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional
(en lo sucesivo, Proyecto COMISIÓN), que, en general, bajo el argumento de “democratizar” el uso y aprovechamiento de bienes de propiedad estatal (empresas, recursos naturales, tierras urbanas y agrarias, etc.), crean mecanismos para transferir en forma coactiva y sin indemnización alguna, medios de producción de propiedad privada a la propiedad estatal.

Dicho de otro modo, los Proyectos VOCERA y COMISIÓN, además de crear una figura que no está prevista constitucionalmente, como es la propiedad social (que más que un tipo de propiedad intermedia entre la estatal y la privada, es en realidad un régimen de aprovechamiento de la propiedad estatal), crea formas de trasladar en forma coactiva bienes (medios de producción) de propiedad privada a la propiedad estatal diferentes a la expropiación, y por tanto, violatorias de la Constitución de 1999, pero conformes con la Propuesta de Reforma Constitucional de 2007 y al Primer Plan Socialista Simón Bolívar 2007-2013.

Teniendo en cuenta lo expuesto, y dejando de lado el tema constitucional, este estudio se divide en tres partes: la primera identifica y explica las propuestas básicas de los Proyectos VOCERA y COMISIÓN en materia de propiedad social; la segunda ensaya un preliminar análisis de los beneficios y costos que se seguirán si se pone en vigencia cualquiera de estos Proyectos de Ley (sin todavía exponer datos cuantitativos de los costos aproximados de su aplicación), y la tercera ofrece una conclusión general derivada del análisis precedente.

Descargar Proyecto de Ley de Propiedad Social 2009