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¿Qué habilitó la Ley Habilitante? Anabella Abadi M.

Tras meses de discusión en torno al diputado 99, el 19 de noviembre de 2013, la Asamblea Nacional sancionó el proyecto de Ley Habilitante presentado por el presidente Maduro, en el que  solicitaba poderes legislativos especiales para “la lucha contra la corrupción” y “la defensa de la economía”.

Si bien al 20 de noviembre de 2014 no se había publicado en Gaceta Oficial todas los Decretos Leyes aprobados en materia económica, las normas firmadas por el Presidente Maduro no parecen atender los principales problemas económicos reconocidos por los venezolanos: inflación y escasez.

1. ¿Qué se habilitó? Aunque la Habilitante tuvo vigencia durante todo el primer año de ofensivas económicas, prácticamente todas los Decretos Ley en materia de “defensa económica” fueron firmados por el Presidente Maduro a última hora. Es decir, la Habilitante no se utilizó de manera efectiva para la “defensa de la economía” durante un año de supuestas “guerras económicas”. Lo que Habilitante parece haber hecho es garantizar más control y recursos para el Gobierno Central, con base en una economía que se espera decrezca en 2014 y 2015. Aún más: al momento de aprobarse la Habilitante en noviembre de 2014, la inflación general interanual era de 58,2% y la de alimentos 79%. A agosto de 2014 –último dato de inflación disponible–, la inflación general interanual llegó a 63,4% y la de alimentos a 91%.

2. ¿Se habilitó la inflación? Uno de los objetivos explicitados en la Ley Habilitante fue el de “velar por la estabilidad monetaria y de precios”. Es decir, controlar la inflación. Para esto, Maduro firmó la Ley de Precios Justos en enero de 2014 y su posterior reforma en noviembre de 2014.

Al igual que los controles directos de los precios máximos de venta vigentes desde febrero de 2003, la Ley de Precios Justo como mecanismo de control de precios ha generado resultados contrarios a los esperados. Para empezar, ha quedado demostrado que los controles de precios no sirven para controlar la inflación. Y para muestra un botón: desde que se instauraron los controles de precios en Venezuela en febrero de 2003 y hasta agosto de 2014 –último dato oficial disponible–, la inflación general acumuló casi 1.461,53% y la inflación de alimentos acumuló cerca de 3.240,37%.

La Ley de Precios Justo también ha desincentivado la producción nacional, porque en la mayoría de los casos, las distorsiones conceptuales de la norma y su reglamento se traducen en la fijación de precios que no permiten cubrir los costos de producción y de reposición de mercancía; y porque en un contexto inflacionario, el control de cambios ha hecho que sea más rentable importar que producir localmente. Todo esto, en sí mismo, va en contra del objetivo de la Habilitante que preveía “fortalecer la soberanía económica del país”.

 No podemos olvidar que los controles de precios han incentivado el surgimiento de mercados negros y del contrabando transfronterizo.

Enfrentar el problema de la inflación pasa por detener la impresión de dinero inorgánico y hacer una revisión del gasto público. El desorden fiscal y el creciente gasto público inyectan liquidez a la economía de manera regular. Ya es común que los gastos efectivos del Gobierno Central superen con creces los presupuestados, y la aprobación de créditos adicionales se convirtió en la regla y no la excepción.

Para financiar este creciente gasto público, el Gobierno Central ha recurrido a la impresión de dinero inorgánico, impulsando aún más la inflación. Entre 1999 y 2013, la liquidez monetaria creció en casi 9.500%, mientras que el PIB real creció apenas 57,34%. Sólo en 2013, la cantidad de dinero en circulación creció casi 70%, mientras que la oferta de bienes y servicio creció apenas 1,3%.

Con la llamada “reforma tributaria” vía Habilitante, que incluyó la reforma de la Ley del ISLR, de la Ley del IVA, del Código Orgánico Tributario, de la Ley de Impuesto Sobre Cigarrillos, y de la Ley de Impuesto sobre el Alcohol, el Gobierno Central devengará ingresos adicionales. Por poner un ejemplo, según el Superintendente del Seniat, José David Cabello, sólo con la eliminación de la suspensión de los efectos de cobro previsto en el Código Orgánico Tributario, se podrían cobrar BsF 71.000 millones adicionales al año, lo que equivale a 13,82% de los ingresos por impuestos presupuestados para el año 2015. Estos recursos adicionales permitirían seguir cubriendo el creciente gasto público, sobre todo frente a un escenario de menores precios petroleros para el próximo año.

Será imposible controlar la inflación si sigue aumentando la cantidad de dinero que circula en la economía, sin que se dé un aumento al menos proporcional de la oferta de bienes y servicios. Y aumentar la oferta de bienes y servicios pasa por incentivar la producción nacional.

3. ¿Se habilitó la escasez? En los últimos 16 años de gobierno, la escasez ha aumentado de manera considerable: para enero de 1999, la escasez de alimentos fue de 2,6%… para enero de 2007, la escasez general llegó a 13,4%… y para agosto de 2014 se reporta extraoficialmente una escasez general de 35%. Recordemos que un nivel “normal” de escasez es de 5%.

Para abastecer los mercados sería necesario un aumento considerable de las importaciones en el corto plazo, mientras que se logra reactivar el aparato productivo nacional en el mediano y largo plazo.

Venezuela atraviesa una marcada escasez de divisas que se ha traducido en una importante contracción de las importaciones. Además, los elevados niveles de divisas pendientes por liquidación –deudas no oficiales– que mantiene el Gobierno Central con los privados, limita las líneas de crédito que los proveedores internacionales están dispuestos a abrir o mantener con los importadores venezolanos. En este sentido, aumentar las importaciones está cuesta arriba y la Habilitante no presentó solución alguna.

Por su parte, reactivar el aparato productivo nacional se torna particularmente difícil cuando Venezuela es reconocida como la 14° economía menos competitiva y la 8° peor economía para hacer negocios en el mundo, en gran medida por todas las trabas burocráticas y administrativas.

Si bien se firmó la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos vía Habilitante, al 20 de noviembre todavía no se conoce su contenido, y –por tanto– hay fuertes dudas sobre el tiempo que tomaría su implementación efectiva y su eventual eficacia.

Con la firma de la Ley Antimonopolio, –en palabras del presidente Maduro– se crean los mecanismos para “regular las posiciones de dominio” en el mercado. Esto genera particular preocupación a las grandes empresas que aún hacen vida en el país y cuya intervención se podría traducir en resultados negativos para la población venezolana. Por ejemplo, empresas Polar cubre 48% del mercado de harina de maíz precocida, alimento que es consumido por más del 80% de los hogares venezolanos según el INE.  Esto atenta con otro de los objetivos de la propia Habilitante: “garantizar la seguridad jurídica, la solidez, el dinamismo, la sustentabilidad, la permanencia y la equidad del crecimiento económico”.

En tanto que la Habilitante también apuntaba a garantizar “la seguridad y soberanía alimentaria”, Maduro firmó fueron la Ley de la Gran Misión AgroVenezuela, la Ley que crea el Sistema Nacional Integral Agroalimentario y la Reforma a Ley de Pesca y Acuicultura. La efectividad de estas leyes queda en duda, sobre todo al recordar que el Presupuesto Nacional de 2015 prevé una inversión agrícola de apenas BsF 8.565 millones, cuando en 2014 el gasto en este sector fue de BsF 43.374 millones. Vale recordar que el Gobierno Central es quien verdaderamente tiene el monopolio de la producción de alimentos en Venezuela, y aún así lleva años fallando en el cumplimiento de esta meta.

El presidente Maduro también firmó la Ley de Inversiones Extranjeras para “establecer los mecanismos que nos permita atraer las inversiones extranjeras dentro del nuevo marco del Plan de la Patria”. (VTV, 18/11/2014) Pero el Plan de la Patria prevé “la transformación del sistema económico, para la transición al socialismo bolivariano”, lo que hasta ahora ha implicado mayores niveles de control del aparato productivo por parte del Gobierno Central, lo que en última instancia desincentiva la inversión extranjera.

 Será imposible “garantizar el derecho del Pueblo a tener bienes y servicios, seguros, de calidad y a precios justos”, tal y como lo preveía la Habilitante, en la medida en que no se trabaje de manera coordinada con el sector privado para reactivar el aparato productivo nacional. Se debe generar un ambiente de confianza en el que se cumplan las acuerdos, se disminuyan de manera efectiva las trabas burocráticas y se fijen precios que permitan mantener la rentabilidad de las empresas y, por ende, su producción.

ANABELLA ABADI M. | PRODAVINCI