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Reforma: una condena económica y social

La propuesta de reforma constitucional, de ser aprobada, representaría un cambio dramático en lo que respecta al modelo económico, los incentivos a la producción, los estímulos a agregar valor, y el fomento a la innovación y al desarrollo.

Por: Enrique R. González Porras

Si bien ciertos objetivos perseguidos por los cambios podrían considerarse socialmente legítimos, la propuesta de instrumentación peca de ad hoc, una vez que no reconoce alternativas de instituciones y modelos económicos, que resultarían mucho más eficientes a la hora de alcanzar las metas sociales planteadas y permitirían darle sostenibilidad a las transformaciones (obviamos cualquier consideración política, así como las eventuales intenciones de perpetuación en el poder).

Supongamos que efectivamente la intención de la reforma es consolidar los principios que den forma al modelo económico que “garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y social, y la mayor suma de felicidad posible”, tal sumatoria de felicidad no es más que la agrupación de prosperidad, satisfacción, utilidad y excedente de cada uno de los individuos que constituyen la sociedad. No puede garantizarse la maximización de tal agregado de bienestar, si se desdibuja al individuo y al ciudadano, confiscando su identidad, derechos y libertades individuales (libertad económica y derechos plenos de propiedad), y si estas son suplantadas por una administración discrecional de nuestros gustos, preferencias y necesidades por parte de un Estado “omnipresente”. Tal expropiación acrecentaría el déficit de la relación entre el Estado (Gobierno en nuestro caso) y el pueblo, constituido indefectiblemente por ciudadanos o individuos.

Aun cuando pequemos de inocentes, e incluso de benévolos, al no considerar la eventual intención de centralización de poder, discrecionalidad y hegemonía por parte de los redactores, el modelo económico planteado en la reforma parece poseer la equidad como interés fundamental. Sin embargo, el desprecio hacia bienes sociales como la eficiencia económica, condenarían a la sociedad venezolana a un uso no óptimo, poco productivo y poco generador de valor de los recursos y medios de producción, por lo general escasos, y con altos costos alternativos.

Así las cosas, el Ejecutivo Nacional nos presenta un modelo económico que concibe los objetivos sociales de equidad y eficiencia económica como excluyentes e irreconciliables. De sancionarse la reforma constitucional, se condenaría a la sociedad venezolana a sacrificar objetivos de mediano y largo plazo como el crecimiento económico, la generación de valor y el incremento del bienestar social, por un ideal de equidad, que igual podría conquistarse con eficiencia.

El problema de la equidad no puede encararse desechando metas de eficiencia económica, porque se cae en la insostenibilidad de tal cruzada. En específico: constituye un error pretender solventar la insuficiente redistribución a través de medios e instrumentos de políticas distintos a los idóneos, como son la política fiscal e impositiva del Gobierno.

El esquema económico planteado en la reforma destruye la “levadura” que hace crecer la “tarta” que constituye la economía nacional, los incentivos y los derechos y libertades económicas individuales. Pobres serán los resultados de redistribución de la “tarta” si no la dejamos levantar y no contamos con la “levadura” que expande el volumen de la riqueza sujeta a redistribución.

Resulta cierta la urgencia de resolver la carencia de equidad e inclusión social en Venezuela. Sin embargo, intentar solucionar estas dificultades por medio de los cambios planteados, destruirá los incentivos para crecer y generar la riqueza que luego puede ser redistribuida a través de instrumentos de políticas públicas eficaces (la política fiscal e impositiva), desincentivando a su vez la creación y entrada de nuevas empresas generadoras de empleos e ingresos fiscales, y las actividades de innovación y desarrollo. Asimismo, se estaría otorgando mayor poder discrecional a los altos funcionarios públicos en detrimento de nuestras decisiones individuales.

Será insostenible cumplir en el mediano plazo con los objetivos de equidad, debido a que el modelo económico implícito en la reforma parte del supuesto errado de que los principios de equidad y eficiencia económica son antagónicos y excluyentes. Si se aprueba la reforma constitucional se estará condenando a la sociedad venezolana.

cedice@cedice.org.ve

Publicado Diario El Universal 01/10/07