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¿Rumbo al desastre nacional? Luis Alfonso Herrera

Los recientes casos de inconstitucionales ocupaciones, con uso de la fuerza policial de inteligencia, de las cadenas Farmatodo y Día a Día, así como de la detención ilegal de sus directivos, por supuestas prácticas “conspirativas” (a saber, por la presunta intención de generar colas, de no usar todas las cajas registradoras para cobrar las mercancías y de tener depósitos de bienes demandados por los ciudadanos, como leche en polvo), son la más reciente manifestación de la política sistemática del Gobierno Nacional de violación de los derechos de propiedad y de la libertad de empresa.

No deja de sorprender la arrogancia e irresponsabilidad con que se siguen tomando estas medidas contrarias a la calidad de vida de las personas al día de hoy. Luego de más de mil 317 violaciones a la propiedad privada sobre empresas entre 2002 y 2014 según registro de Conindustria y el Observatorio de la Propiedad de Cedice, el saldo de esta política de Estado es la inexistencia de al menos un caso de empresa estatizada que sea más productiva que las empresas que aún están en manos privadas, una creciente escasez de bienes en los más diversos rubros y el aumento en más de 30% de la pobreza en los últimos tres años en Venezuela según la Cepal. En realidad, el fin de estas medidas es eludir la responsabilidad del Gobierno Nacional en la crisis económica creada por él y no por la caída de los precios del petróleo, así como profundizar la dependencia de las personas de su poder económico.

El cuadro económico venezolano es tan grave, y la acción represiva del Gobierno Nacional es tan irracional (aunque consciente y deliberada), que cabe compararlos con el siguiente caso de ficción: imaginemos una comunidad en la que una fuerte sequía, derivada de la aplicación de erradas políticas públicas del Gobierno, ha limitado las fuentes de acceso al agua y aumentado los casos de incendios, y que solo con gran esfuerzo del empresas privadas se puede conseguir algo de agua para el consumo humano y para apagar esos incendios, dado que las empresas estatales, debido a la corrupción y a la ineficiencia que las distingue, poco o ningún acceso garantizan al recurso.

Imaginemos ahora, que el Gobierno de esa comunidad, en lugar de reconocer sus fallas, de adoptar medidas para salir pronto de la sequía o atenuar sus efectos, de mejorar la eficiencia de sus empresas y, sobre todo, de dar garantías jurídicas a las empresas privadas que ofrecen el servicio, invente que una “guerra ambiental” desplegadas por las empresas privadas causó la sequía, y con base en ello se dedique a intervenirlas, controlarlas, saquearlas, sancionarlas y a finalmente liquidar su productividad, acusándolas de ser las causantes de los incendios y de las colas que se forman en sus tiendas para adquirir un poco de agua para necesidades y enfrentar las llamas.

Ese mismo nivel de absurdo lo vivimos en Venezuela desde los tiempos del fallecido Hugo Chávez y su delirio socialista-militarista. De allí el valor de la Exhortación Pastoral de la Conferencia Episcopal del 12.01.15, en la que se afirma que “la causa de esta crisis general (…) es la decisión del Gobierno Nacional y de los otros órganos del Poder Público de imponer un sistema político-económico de corte socialista marxista o comunista. Ese sistema es totalitario y centralista, establece el control del Estado sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y de las instituciones públicas y privadas. Además, atenta contra la libertad y los derechos de las personas y asociaciones y ha conducido a la opresión y a la ruina a todos los países donde se ha aplicado”.

Cada empresa privada violada en sus derechos, es más escasez, más inflación, más corrupción, más pobreza, menos oferta y más sumisión de los ciudadanos al Poder. Los niveles de conflictividad y desesperación social van en aumento y los problemas tienden a empeorar. Está claro que el Gobierno Nacional nos lleva al desastre nacional. La pregunta es ¿queremos eso los venezolanos?

LUIS ALFONSO HERRERA | NOTITARDE
* Profesor UCV, investigador y Miembro Comité Académico de Cedice.
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