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Sinergia condena juicio a civiles en tribunales militares

Como una violación del Estado de Derecho calificó Sinergia, red de organizaciones de la sociedad civil, el procesamiento de más de cien civiles en tribunales militares a raíz de las manifestaciones que han tenido lugar en el país desde principios de abril.

A través de un comunicado, Sinergia aseveró que es condenable el uso de la justicia militar contra civiles que ejercen su derecho a la manifestación, consagrado en la Constitución y las leyes. También exhortó a los Poderes Públicos, así como a la Fuerza Armada a cumplir con sus funciones y respetar el ordanamiento jurídico venezolano.

A continuación el comunicado completo:

COMUNICADO

Contra el golpe de Estado continuado y el uso de la  violencia armada por parte de Organismos públicos en contra de la ciudadanía  e instituciones privadas

Es inaceptable la utilización de la justicia militar hacia civiles por ejercer sus derechos a la participación y manifestación pacífica.

En tan solo el transcurso de un mes se han registrado más de 1700 personas detenidas, 137 de ellas presentadas en tribunales militares y 39 personas fallecidas reconocidas por el Ministerio Público, producto de las acciones de la fuerza represiva ordenada por el gobierno nacional. Los juicios efectuados bajo la jurisdicción castrense contra personas detenidas y llevadas a prisión sin el cumplimiento del debido proceso y la existencia de personas privadas de libertad por razones políticas, demuestran el desconocimiento del Estado de Derecho.

Las acciones emprendidas por organismos estatales, con el apoyo de civiles armados en contra del pueblo en la calle que exige sus derechos, representa una evidente y clara violación de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las actuaciones y declaraciones públicas de sus más altos representantes, demuestran que en Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha convertido en la fuerza del grupo político en el poder.

La paz y convivencia en el país será posible si las instituciones, autoridades y actores políticos cumplen con lo establecido en la Constitución, los tratados y pactos para el resguardo de los Derechos Humanos.

El llamado a un proceso constituyente, sin el cumplimiento de lo establecido en la Carta Magna para su activación, se convierte en la intención de imponer un nuevo modelo político, económico y social, sin las debidas garantías para que sea el pueblo, en el ejercicio de su soberanía, quien decida las bases de la República y su destino. No se requiere una nueva Constitución. Lo imperativo es el cumplimiento de la aprobada por el pueblo en 1999.

Lo que la gente exige en la calle es su derecho a decidir. Ese derecho está previsto en la actual Constitución a través del ejercicio del voto universal, directo y secreto. Las elecciones suspendidas en Venezuela en su tiempo establecido, demuestran un serio bloqueo a la democracia. El diálogo y la negociación son necesarios, pero para ello debe haber respeto al pacto social vigente, reconocimiento del otro y el cumplimiento de los acuerdos.

La crisis social y económica golpea a un pueblo que no encuentra soluciones a sus problemas y a la garantía de su derecho a la vida.

El estado del desabastecimiento en alimentos y medicinas en el país ha llevado a la población a sufrir situaciones graves con las consecuencias de pérdidas de vidas humanas y afectaciones permanentes a la salud. Todos los indicadores disponibles, registrados por instituciones especializadas tanto en el ámbito nacional como en el internacional, muestran un fuerte deterioro en las condiciones de vida. El sector privado se ha visto reducido en su capacidad de aportar a la producción nacional en todos sus campos, enfrentando una política pública diseñada para su control. Las instituciones públicas han sufrido un deterioro sistemático, sin capacidad de dar respuesta a las necesidades y requerimientos de una población cada día más desasistida. Todas estas condiciones representan un cuadro muy difícil de enfrentar y van en contravía de los postulados y orientaciones establecidas en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible asumida por las Naciones Unidas para facilitar el camino a las políticas que permitan sostener la vida en el planeta, con base al respeto de los derechos de los ciudadanos del mundo y con la democracia como sistema político que lo haga viable.

 

Toda esta lamentable situación representa un desafío para la sociedad civil venezolana y para sus instituciones. El esfuerzo debe estar encaminado a continuar en la exigencia del cumplimiento de los derechos y que los poderes constituidos cumplan con lo establecido en la Constitución vigente.

Al respecto exigimos:

  • A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respetarse como institución al servicio de todos los venezolanos y no de parcialidad política alguna. No puede seguir en su actuación conjunta con el Ejecutivo en acciones de represión contra la ciudadanía y el enjuiciamiento de civiles en las instancias penales militares.
  • Al Tribunal Supremo de Justicia, actuar con independencia y hacer cumplir la Constitución, respetando las decisiones del Poder Legislativo en ejercicio de sus legítimas competencias y proteger los derechos de la población frente a violaciones cometidas por las instituciones gubernamentales.
  • Al Consejo Nacional Electoral, que cumpla con el ordenamiento electoral que garantice el voto universal, directo y secreto; al igual que con los cronogramas electorales postergados por este ente.
  • Al Ejecutivo Nacional, que cese en su política de represión a ciudadanos en manifestaciones públicas y que atienda con urgencia los graves problemas sociales y económicos por los que atraviesa la nación. Que reconozca la crisis en la seguridad alimentaria y defina políticas públicas de emergencia para atender la desnutrición que a diario se agrava, así como la crisis general en el sistema de salud.
  • Al Ministerio Público, que garantice el debido proceso en las causas que afectan a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos y hacer valer de inmediato el derecho de los civiles a ser juzgados por sus jueces naturales.
  • Al Defensor del Pueblo, ante su clara parcialización y evidente incapacidad para cumplir con el mandato de su función, que tenga la dignidad de renunciar.