Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
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Sobre nuestra violencia. Víctor Maldonado

A diferencia de lo que los venezolanos piensan de sí mismos, somos un país violento. Actualmente encabezamos todas las listas que al respecto se organizan a nivel global. Las evidencias sobre nuestra violencia se acumulan a razón de 2,85 muertos por hora. Los venezolanos viven bajo un toque de queda autoinfligido que comienza en el ocaso y dura hasta el amanecer, y nadie se explica cuáles son los factores que nos han convertido en esta mezcla de miedos y angustias que sufrimos todos los que vivimos aquí. Sufrimos los efectos de un sistema complejo de actividades ilícitas, en creciente organización y en constante pugna, que entre sí luchan por controlar territorio y el monopolio de la renta que producen esas actividades. No hay demasiados anticuerpos. Vivimos esta circunstancia con el deterioro de las instituciones como telón de fondo, y ese cuarteto trágico de tendencias perversas que son señaladas por el padre Alejandro Moreno como la amenaza más frontal que ha sufrido la convivencia social: “La impunidad, la expansión de las redes delincuenciales, el discurso violento y la incomunicación entre las élites y los sectores populares”.

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La violencia criminal venezolana tiene sus razones. La primera de ellas es la explotación inmisericorde del discurso del resentimiento. El discurso oficial está concentrado en el argumento del odio. Ellos han creado una circunstancia atroz donde lo que nos pasa siempre puede encontrar culpables en las conductas de otros venezolanos. Si los pobres pasan hambre es porque los ricos les quitan la comida. Si hay inflación es porque “la derecha apátrida” quiere acabar con su prosperidad. Si sufrimos apagones es por la inconsciencia de venezolanos que gastan energía a costa de las penurias de los demás. El régimen se ha especializado en enfrentar unos sectores contra otros y en educarnos en el rencor. Los rasgos que apuntalaban nuestra convivencia social han sido arrasados por las falsas interpretaciones sobre lo que nos está ocurriendo. No hay encuentro posible. El diálogo es una quimera que rápidamente se disuelve en la práctica del pase de factura. Basta simplemente que ocurra una pugna para que los fracasos mutuos tengan en el otro, el adversario, la justificación adecuada. El resentimiento justifica la desaparición del otro. Este discurso tiene como secuela el “bien hecho” que legitima esas atrocidades al detal que experimentamos todos los días.

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Como el gobierno dividió el país entre malos y buenos, entre revolucionarios y apátridas, el corolario al discurso del odio es la impunidad. Todos se sienten apoyados en el objetivo de su propia reivindicación. Los que sufren privación se sienten autorizados al robo. Los que se sienten maltratados se sienten facultados para el crimen. Los que no tienen están autorizados para invadir propiedades y convertirse en los nuevos dueños. La revolución desconoce los dos derechos fundamentales a vivir y a tener, y nos reduce nuevamente al “sálvese quien pueda”. En los últimos tiempos no se ve mal que cada político tenga sus movimientos de invasores. Pero eso no se ha quedado allí. El empoderamiento popular ha sido procurado a través de los colectivos, muchos de ellos, armados y garantes de sus propias leyes. La revolución se ha convertido en un fin que se debe defender y a esos efectos todos los militantes tienen que sentirse convocados. Los colectivos son los guardianes de esa revolución, pero cobran el precio de inmunidad territorial. Las llamadas “zonas de paz” se han transformado en todo lo contrario: espacios violentos donde se impone la fuerza bruta por encima de cualquier consideración sobre garantías y derechos. La impunidad se juega dentro de la siguiente lógica: “Para los que están con el proceso todo está permitido. El resto debe atenerse a las consecuencias”. La impunidad le concede permiso ilimitado a la barbarie.

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Venezuela se está feudalizando. Cada barrio tiene sus propias leyes y hace sus propios negocios. En cada parroquia opera y se practica una lógica de exclusión fundada en la fuerza bruta. Los sectores populares viven el rigor de dictaduras arbitrarias ejercidas por bandas malandras. Alejandro Moreno lo describe con propiedad: “Una banda es algo organizado, donde hay un centro de poder y unos dependientes de ese centro de poder. Hay una organización muy rígida, como en las mafias de la droga, por ejemplo. En el caso de los muchachos, que son cada vez más jóvenes, ellos no están entrenados, se van entrenando. No son bandas organizadas de por sí; a veces son panas, que es algo muy venezolano, el “tú a tú” afectivo. Estos grupos son inestables, pierden a unos, vienen otros, o hay enfrentamientos internos y se matan. Pero lo grave y peligroso es cuando se comienzan a conectar. Siempre lo estuvieron, más o menos, pero en estos momentos se están conectando más y se están formando redes: los de un barrio con los de otros barrios. Y si siguen como van, en cualquier momento, van a dominar la sociedad… entre ellos opera un flujo de información. Flujo de armas, de técnicas, de ideas… hasta el punto de que se está formando un Estado efectivo por debajo del Estado formal, inefectivo y vacío… Un verdadero Estado capaz de regir la conducta y la manera de vivir de las personas. Estos grupos están rigiendo eso en casi cualquier barrio. A las seis de la tarde, la gente ya no está en la calle y cuando sale debe mirar a todos lados para ver qué pasa. No puedes vivir en tal sitio, tienes que mudarte. Incluso de afectividad: no puedo relacionarme con cierta muchacha… No sé si me explico. Y estos grupos, a medida que se vayan relacionando y tejiendo redes, van a construir un Estado completo. El Estado efectivo”.

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Las policías están atemorizadas, escasamente formadas, mal equipadas y son insuficientes para resguardar la seguridad ciudadana. La policía científica sufre los mismos rigores, pero además, podría estar limitada en sus investigaciones por la impunidad manifiesta. El sistema policial no funciona, está mal dirigido y peor acompañado por un sistema judicial y penitenciario que no resuelve sino empeora. No está hecho para proteger al ciudadano y reinsertar al delincuente sino para colocar en peor situación a la sociedad a la vez que mejora el desempeño del mal. Del otro lado hay más poder de fuego y capacidad de matar. De este lado ni una cosa ni otra porque el mensaje desde el gobierno es ambiguo, dudoso, frágil y perverso.

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Debe haber un mercado fluido de armas. De algún lado tiene que salir el arsenal con el que se han provisto los sicarios, secuestradores y grupos colectivos. Por las redes sociales abundan los testimonios gráficos. Y este arsenal de alguna manera tiene que financiarse, construyendo ese circuito perverso donde se organizan y articulan diversos delitos contra las personas y el narcotráfico. De nuevo nos topamos con la impunidad como espacio que permite que toda esta ingeniería del delito pueda funcionar sin mayores riesgos. Las cifras de armas a la disposición del delito oscilan entre 3 y 15 millones de armas. También que el 90% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Carlos Tablante y Marcos Tarre refieren que “continuamente se escucha del comercio de armas en los barrios, de funcionarios que “alquilan” sus armas, que en ciertos quioscos de las ciudades se vende munición al detal.

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El narcotráfico se ha aposentado en el país. Están dadas todas las condiciones para que esto ocurra. De todos los mercados ilícitos, el tráfico de drogas es el mejor remunerado, el de más rápida sofisticación, el que es capaz de corromper las bases institucionales del país y el que es también el más apto para globalizar la violencia. Hay una estética mafiosa asociada a las drogas que poco a poco se ha venido apuntalando en Venezuela, donde uno no comprende los por qué de la saña y la escasa motivación que hace falta para acribillar a un ciudadano.

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No se puede dejar fuera un atributo de la violencia que es su estética. Se busca exacerbar el miedo. También se intenta exhibir quienes son los ganadores de la partida. Hay una dimensión del país donde el consumo, el placer y las posibilidades son ilimitados. Ese mundo no tiene control de ingresos, ni paga impuestos, ni sufre los rigores de la inflación o la escasez. Es una condición de vivir al máximo el presente sin preocuparse sobre el futuro, que a muchos no les llega. La violencia, nuestra violencia, hace que los malandros vivan intensamente pero muy pocos años. Esa violencia no asegura a nadie la estabilidad suficiente para vivir y tener. Todo transcurre demasiado rápido y concluye abruptamente. Allí están las cifras de las consecuencias del odio para demostrarlo.

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Los venezolanos quieren que su violencia concluya. La solución es seguridad en las calles, cero impunidad, cese radical del discurso que explota el odio y la sustitución de la estética malandra por otra que apueste a la decencia, la paz y el apego a la ley. No pueden seguir las ambigüedades. Las malas conductas y sus malos resultados no son reivindicables. Matar, robar, traficar armas y drogas, lavar dinero, corromper, excluir, extorsionar, violar derechos o expoliar propiedades no pueden tener justificación. Dejar que los crímenes ocurran uno tras otro sin que el gobierno se de por aludido es formar parte de la lógica del mal y del envilecimiento. Por eso mismo el gobierno tiene que ser el primero en ser inflexible en el mantenimiento del orden social y la seguridad ciudadana. El primero en no tirar a pérdida nuestros sectores populares. El primero en construir puentes. El primero en ser conscientes de los peligros, porque controlar nuestra violencia requiere de un gobierno que lidere el establecimiento de un marco adecuado para la prevención del delito y la imposición de la paz. ¿Está este gobierno dispuesto?

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VÍCTOR MALDONADO C.
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