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Subsidios condicionados, herramienta de política social. Carlos Goedder

Los Subsidios Condicionados, conocidos en inglés como “Conditional Cash Transfers” (CCT) son un tipo de subsidio directo que otorgan los gobiernos a las familias y que están sujetos a que los hijos asistan a la escuela y el grupo familiar acuda al médico para controles prenatales y pediátricos. Su foco sería la formación de “capital humano” entre los más pobres. En Latinoamérica estos programas se están aplicando en 18 países y tienen 129 millones de beneficiarios. Venezuela no forma parte de este tipo de iniciativas.

El Programa que se reconoce como más antiguo y que inspiró el Modelo está operativo desde 1997 en México y se llama “Oportunidades” (antes “Progresa”); tiene 5,8 millones de familias beneficiarias y la ayuda bimestral para educación está en el rango de 26 a 164 dólares estadounidenses (USD) por familia y en salud el apoyo va desde USD 18 hasta USD 69 por beneficiario. Otro programa CCT relevante por su dimensión es el brasilero “Bolsa Família”, que data de 2003 y alcanza a 13,8 millones de familias. La ayuda mensual mínima a cada familia es de USD 30.

Estos dos ejemplos verifican que el importe de ayuda de los Programas es bajo, si bien marca diferencia para muchas familias pobres y les permite comprar comida. Los CCTs tienen otra ventaja: la elección de los beneficiarios tiene un componente objetivo y mensurable. Se puede identificar a los estudiantes en las escuelas y hacerles seguimiento. El abono de la transferencia en cuentas bancarias promueve también la integración financiera de los más pobres.

El Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico, Cedice, con el apoyo de Atlas Economic Research Foundation, ha hecho una investigación sobre los CCTs que está por publicarse. Uno de los hallazgos más relevantes es que Venezuela sería el verdadero precursor del subsidio condicionado. El programa “Beca Alimentaria”, establecido en abril de 1989 y vigente hasta 1997, dio un apoyo mensual (inicialmente de USD 13,5), a cada niño pobre estudiante en las escuelas públicas, añadiendo luego el “Bono Lácteo” (1990) y el “Bono de Cereales” (1991). En un año, el Programa ya alcanzaba a 1,67 millones de beneficiarios. Por las vicisitudes políticas de los años 1990, se le cambió el nombre a “Subsidio Único Familiar” y fue un programa que, junto a las iniciativas de “Multihogares de Cuidado Diario” y “Programa Alimentario Materno-Infantil” absorbía el 60% del presupuesto para política social. Mediciones estadísticas arrojaron resultados favorables para “Beca Alimentaria”: la deserción escolar entre sus beneficiarios fue de 13%, casi la mitad del 27% promedio registrado entre estudiantes que no recibían la ayuda; adicionalmente, la desnutrición infantil se consiguió reducir de 30% en 1989 a 23% en 1995 (como referencia, la pobreza en Venezuela, según el Banco Mundial, es de 25,4% en 2012).

Actualmente las ayudas sociales venezolanas se están enfocando dentro de los Programas de “Misiones”, que tienen tres problemas de diseño. El primero, que dependen de la fluctuante renta petrolera; adicionalmente, son difíciles de auditar, mientras que estos Programas CCT presentan cuentas (el Programa peruano “Juntos” publica Estados Financieros). Finalmente, en las Misiones están privando elementos de afiliación y militancia partidista, que no se exigen en los CCT. Por estos elementos, una mejor alternativa en Venezuela sería volver a Programas de bajo costo e impacto probado como los CCT, porque retoman una dinámica virtuosa del “Beca Alimentaria” que se ha descontinuado y podría haber escalado en progresos desde 1997.

CARLOS GOEDDER | NOTITARDE
TRINCHERA LIBERAL