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Temen más invasiones con reforma a Ley de Tierras

La discusión del proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que se encuentra en segunda discusión en la Asamblea Nacional (AN), quedó diferida para el próximo martes.

El presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico de la AN, Mario Isea, indicó a ABN: “Hemos logrado una reforma revolucionaria que terminaremos de discutir el martes. Sólo faltó la discusión de las disposiciones transitorias, la disposición final y el artículo 97 que fue diferido porque lo reformaremos”.

Por su parte el Observatorio Económico Legislativo de Cedice-Libertad presentó sus observaciones al texto.

La instancia estudió la reforma presentada por el Ejecutivo nacional a la AN el 10 de mayo y que fue aprobada en primera discusión el 13 de mayo.

Cedice, en un comunicado, destacó que en la Exposición de Motivos de dicha Ley se expresa que existe la obligación “de estimular y proponer acciones que liquiden las dominaciones económicas por parte de los capitalistas y los grupos económicos que mantiene su voluntad contraria al proceso llevado actualmente en Venezuela”.

Indica así que expresiones como la señalada por parte del promotor de la Ley pareciera tender a un proceso excluyente en donde ciudadano que no se someta y comparta la ideología del modelo propuesto por el Ejecutivo, debe ser “liquidado”, en clara violación al ar- tículo 61 de la Constitución.

Recuerda que con la promulgación de la Ley de Tierras de 2001, se cambiaron importantes principios para acceder a la propiedad de la tierra, incluyéndose por primera vez los conceptos de tierras ociosas y de vocación agrícola, “que luego serían utilizados de manera discrecional por los funcionarios públicos, para intervenir fincas productivas”.

Añade que con la reforma de 2005 se procuraba dar sustento legal a las acciones de ocupación de fincas que se venía realizando y con la propuesta de reforma de 2010, se promueven más confiscaciones y expropiaciones por vía de hecho.

Hasta 2009, de las 2,5 millones de hectáreas “rescatadas” ninguna había sido entregada en su titularidad a campesinos y solo eran productivas alrededor de 50 mil hectáreas.

Del informe para segunda discusión publicado en la página web de la AN, el cual pareciera diferir del que finalmente empezó a discutir la plenaria el día 8 de junio, preocupa lo señalado en el parágrafo 5 del artículo 2 donde dice: “Tierras privadas: Quedan sujetas al cumplimiento de la función social de la seguridad agroalimentaria de la Nación. En tal sentido, deben someter su actividad a las necesidades de producción de rubros alimentarios de acuerdo con los planes de seguridad agroalimentaria establecidos por el Ejecutivo”.

Según el análisis, esto significa que el Estado determinará ¿qué producir y cómo producir?, con lo cual las actuaciones de los particulares quedarán expresamente sometidas a la voluntad del Ejecutivo.

El Observatorio considera que con esta nueva reforma, los trabajadores del campo terminarán siendo empleados del Estado, pues aunque les pueda garantizar el uso y disfrute de las tierras no les garantiza la disposición, condición necesaria para que un bien pueda ser de su propiedad.

Publicado en El Universal 11/06/10